El Presupuesto 2022 presentado por Martín Guzmán encubre, una vez más, que se sigue consolidando un enorme ajuste sobre las universidades. A priori, el aumento nominal de la partida para la educación superior lo llevaría a 323 mil millones de pesos. De ser como pretende el gobierno, el incremento presupuestario para la educación superior sería de un 26,5%, cuando su propia meta inflacionaria proyectada para 2022 es de un 33%. Así, por otro año consecutivo se consolidaría un presupuesto a la baja, mientras la puesta en marcha al retorno de la presencialidad anuncia las vastas problemáticas que expondrá un sistema universitario derruido.

Facultades ampliamente superpobladas como la UBA emprenden el retorno en un cuadro de desfinanciamiento evidente, que se traduce en aulas rebalsadas, falta de nombramiento docente, una crisis de infraestructura y problemas edilicios o de instalaciones sanitarias inadecuadas. ¿Garantizará el gobierno que ajusta las partidas en educación que se provean elementos sanitizantes, la apertura de nuevas comisiones o la ampliación y refacción de las casas de estudio? ¿Lo harán los rectorados que subejecutan el limitado presupuesto y no invierten las partidas a estos fines? Esta vuelta a la presencialidad es un cóctel explosivo.

Ahora bien, Jaime Perczyk, el nuevo ministro de Educación que autoriza esta vuelta a las aulas, es quien ya representaba al gobierno nacional ante el Consejo Interuniversitario Nacional como secretario de Políticas Universitarias. Por eso valida, tras haber sido premiado como ministro de Educación, la consolidación de otro (y consecutivo) machaque presupuestario sobre las universidades. Si se atiende a que el último presupuesto votado fue de un 17% de aumento, la inflación, estando a septiembre, ya lo pulverizó: el 37% acumulado consolidó un ajustazo del 20% solo en lo que vamos del año.

La vuelta a las universidades, en estas condiciones, nos anticipa un caos. Aunque cabe señalar que la pretendida preocupación por la cuestión presupuestaria de los rectores no es otra cosa que la defensa de las camarillas que gobiernan las universidades sobre sus propias cajas. Esas mismas que engrosan de manera paralela con el aval de los gobiernos, armando negocios privados al interior de las facultades e incluso subejecutando los limitadísimos presupuestos. Esto ratifica que la defensa de la educación pública queda hoy, más que nunca, en manos de los estudiantes, la docencia y la comunidad educativa de conjunto. El gobierno nacional no solo ataca el presupuesto para cumplir con las expectativas y la agenda del FMI, sino que por tal motivo se alistó, al igual que todo el arco de la oposición patronal, a hacer pasar una nueva reforma educativa privatista y mercantilizadora.

Frente a la parálisis estrepitosa de las federaciones universitarias y los centros de estudiantes copados por las fuerzas ligadas a los distintos rectorados y a los gobiernos, los desafíos que se le plantean dada esta ofensiva al movimiento estudiantil, codo a codo con la docencia y a la comunidad educativa, es organizarse de manera independiente de los ajustadores y privatizadores que acechan a las universidades. Para ello es imperioso retomar el camino de la deliberación y la organización en cada facultad, que sirva como punto de partida para trazar la hoja de ruta de la defensa de la educación pública. Es el momento, por tanto también, de dar la pelea por recuperar las organizaciones estudiantiles de la parálisis a las que la llevaron agrupaciones ligadas a las camarillas educativas y el poder político, y conquistar centros de estudiantes de lucha para organizar esta tarea. La vuelta a las aulas no hará más que evidenciar esto último.