Universidad
26/6/2026
Hasta la Corte Suprema dice que Milei tiene que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia confirmó la medida cautelar que obliga a una recomposición salarial y de las becas inmediata, gracias a la lucha de la comunidad universitaria.
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Javier Milei.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó la medida cautelar que obliga al gobierno a cumplir con la actualización salarial y de las becas de la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo limitado y a destiempo, que fue arrancado por la lucha de la comunidad universitaria, y que desde el Ejecutivo nacional ya maniobran para retrasar y/o acotar su implementación.
La decisión de la Justicia llegó luego de que el gobierno, los rectores y la burocracia sindical al frente de la mayoría de los gremios pactaran a espaldas de la comunidad universitaria un acuerdo ruinoso que plantea un aumento salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y la ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
La medida cautelar confirmada ordena el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que disponen la actualización salarial del personal docente y no docente en función de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor desde diciembre del 2023 hasta la sanción de la ley en octubre del 2025, junto con la actualización trimestral de los mismos, y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado, entre ellos Becas Belgrano (congelada en $81.685 hace más de 2 años) y las Progresar (en $35.000 mensuales, devaluadas un 57% desde la asunción de Javier Milei).
El resto de las cuestiones presupuestaria de la ley llevadas a la Justicia -la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento- quedarán para resolverse con el fondo de la cuestión planteada en la demanda interpuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional y los rectores, quienes ya le habían bajado el precio al cumplimiento efectivo de la ley con el pacto arribado con el gobierno nacional.
Desde el gobierno ya empiezan a poner trabas y maniobras para retrasar el cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal, especulando con que toda demora sirve para “ahorrarse” cientos de millones de pesos que no serán devueltos de forma retroactiva. Incluso si los salarios recuperan los niveles previos al ajuste no se recuperará o compensará lo perdido durante 31 meses consecutivos de recortes.
El presupuesto actual para las universidades es de $4,8 billones para el 2026, mientras que desde las autoridades universitarias aseguran que debería ser de al menos $7,3 billones. Mientras que la Ley de Financiamiento Universitario implica tan solo un 0,2% del PBI del 2026, unos 1.400 millones de dólares, que es el equivalente a lo que se quedaron los agroexportadores por la quita de retenciones.
El alcance de esta sentencia de la Corte establece que el gobierno deberá allanarse en lo inmediato al reclamo de aumento del 53% en los salarios, un monto muy superior a lo pactado por los rectores y la burocracia sindical, pero no está exenta la posibilidad de que los rectores, la burocracia sindical y el Ejecutivo pacten nuevamente a espaldas de los trabajadores un acuerdo con peores condiciones.
Se conoció la resolución de la Corte Suprema que deja firme la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Exigimos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ¡Profundicemos el plan de lucha hasta su aplicación efectiva! pic.twitter.com/CAn5unvI4P
— AGD-UBA (@UbaAgd) June 25, 2026
Desde AGD-UBA, gremio que nuclea a los docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires, señalaron que esto implica un paso importante que refrenda la lucha contra el gobierno y el pacto con los rectores, y por el efectivo cumplimiento del conjunto de la Ley de Financiamiento Universitario, para lo cual es preciso seguir con asambleas en todas las unidades académicas y espacios de deliberación para seguir la lucha en defensa de la universidad pública.
Esta es la orientación que impulsan distintos sectores antiburocráticos y combativos que logró imponerse en las asambleas de base y en el congreso de la Conadu Histórica, donde se aprobó el rechazo al acuerdo entreguista y el paro nacional que se realizó en la semana del 16 al 20 de junio.
Esta victoria de la movilización popular y la lucha debe servir para apuntalar la pelea más general para que se aplique el conjunto de la Ley de Financiamiento Universitario, rechazando el pacto de Milei y los rectores y enfrentando el ajuste del gobierno hasta derrotarlo definitivamente. La lucha rinde.
