02/09/2021

¿La universidad que queremos? Cocinan un nuevo ajuste sobre las facultades

Reforcemos la lucha en defensa de la educación pública con el voto que le duele a los dueños del poder.
Por Axel Wey

El 86° Plenario de Rectores/as del Consejo Interuniversitario Nacional aprobó el pasado jueves 26/8 la propuesta de presupuesto universitario para 2022. Esta será elevado al gobierno y luego debe ser tratado en comisiones y aprobado en el Congreso junto al presupuesto nacional 2022.

La propuesta que aprobaron hay que analizarla a partir de una pregunta básica: ¿hay carencias en el sistema educativo universitario, y por lo tanto deben solicitar un aumento real del presupuesto por encima de la inflación que permita darles una solución? La respuesta es clara, a no ser que el famoso discurso de que “falta educación” y que “sin educación no se sale adelante” sea para la tribuna.

Para los rectores que elaboraron esta propuesta junto al Secretario de Políticas Universitarias de Nación, Jaime Perczyk, representante del gobierno nacional en el plenario, la respuesta es la contraria. La educación universitaria no es una prioridad, y su financiamiento debe depender cada vez menos del presupuesto público.

Por eso solicitan 407 mil millones de pesos para el 2022. La propuesta aprobada implica un aumento del 56% nominal respecto a 2021. Es decir que bajo el gobierno de Alberto Fernández el presupuesto universitario habría de pasar de 196 mil millones de pesos a 407 mil millones, lo que representa un 107% de aumento nominal acumulado. La inflación en 2020 fue del 36%, este 2021 ya supera el 50% interanual, por lo que el año que viene debiera ser menor al 20% para no comerse el presupuesto solicitado. Esto, sobre los recortes que ya había realizado el macrismo. Podemos augurar que la inflación superará el 20% implicando nuevos golpes a las universidades. Resta ver si este es el aumento que se apruebe o es menor al exigido como sucedió en 2020, ahora en medio de las negociaciones finales con el FMI.

En cuanto a la prioridad, para cientos de miles de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se destinaría en 2022 casi la mitad de dinero que lo ya destinado en este 2021 al pago de intereses a un puñado de bancos por especular con deuda pública (más de 700 mil millones). El interés de la banca y el pago al FMI ordenan las variables hacia abajo, a lo cual el gobierno responde aplicando un ajuste sobre las mayorías populares entre las cuales se encuentra el presupuesto universitario.

Los rectores acompañan este rumbo haciendo sus propios negocios. Por citar un ejemplo, la Universidad Nacional de San Martin desarrolló un Test Rápido de Anticuerpos de Covid-19 pero entrega la patente y comercialización a una empresa privada que le retribuye una suma de dinero. Mediante convenios y cursos arancelados la universidad ya genera el 35% de los recursos de su presupuesto, a costa de otorgar los avances científico-técnicos a privados y aumentar la oferta académica arancelada.

Pero los rectores, el gobierno y los capitalistas miran aún más allá. Recientemente presentaron un “plan educativo 2030” donde plantean como norte implementar una suerte de impuestos al graduado “como retribución al pueblo argentino” y la “importancia de una mayor estrechez con el mundo empresario”.

En el plenario de rectores también se afirmó que la bimodalidad llegó para quedarse. La cuestión hay que abordarla a partir de los recursos disponibles. Con la paulatina vuelta a la presencialidad de materias prácticas en algunas universidades, les docentes deben garantizar tanto la cursada presencial así como la virtual. El doble de trabajo por el mismo salario. Las aulas virtuales se pueden colapsar de estudiantes con tan solo un docente, que presencialmente requeriría más aulas y cargos. Es decir, la bimodalidad con ajuste presupuestario implica la precarización docente y la degradación de la formación, al servicio del ajuste que exige el gobierno y el FMI.

La universidad que queremos, es gratuita, de calidad y ligada a las necesidades populares y a la transformación social del país. Esta solo puede venir de la mano de la organización y la lucha de les estudiantes, docentes y trabajadores, rompiendo la subordinación de la educación y del país a los requerimientos de los capitalistas.

En las inminentes elecciones legislativas la única lista que denuncia el ajustazo que se cocina sobre las universidades y se organiza cotidianamente en defensa de la educación pública es la “1A Frente de Izquierda Unidad”. Por eso llamamos a toda la comunidad universitaria en el país a que acumula bronca o está defraudada con el gobierno a expresarse en las elecciones con el voto que le duele a los dueños del poder.

 

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