Universidad
21/4/2026
Las universidades nacionales y la estafa del gobierno “liberal-libertario”
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Secretario Adjunto de la Aduns.
Javier Milei.
A pesar de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó con su fallo la orden de actualizar los salarios de las/os trabajadoras/es universitarias/os y las becas estudiantiles, según lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 de financiamiento universitario, el gobierno de Milei sigue sin cumplir la ley. El fallo fue notificado al gobierno el 31 de marzo pasado, y sin embargo al 20 de abril no solamente no se han transferido a las universidades nacionales los fondos por la deuda salarial acumulada a noviembre 2025, sino que el instructivo de liquidación de sueldos que la Subsecretaría de Políticas Universitarias acaba de enviar a las universidades dispone un “aumento”, nuevamente unilateral, del 1,7% para el mes de abril. Este aumento es en realidad una nueva rebaja salarial, ya que la última inflación medida por el Indec para el mes de marzo dio 3,4% -exactamente el doble. Lejísimos de la recomposición de 51% que establece la ley.
¿Viva la libertad?
Milei insiste en los argumentos inconstitucionales que ya han sido rechazados por la Justicia: cumplir la ley iría contra su programa de gobierno. Esto por sí solo ya demuestra que, al contrario de su prédica, no defiende un sistema republicano liberal, sino que -al menos en este asunto- asume de hecho la suma del poder público. Vaya libertad.
Vale recordar aquí que el gasto que Milei aduce “imposible de pagar” representa, según la oficina de presupuesto del Congreso, solo el 0,23% del PBI. Un monto ínfimo a todas luces. Por tomar un ejemplo, ese monto se puede pagar 15 veces con las exenciones impositivas dispuestas en el presupuesto nacional 2026 (3,4% del PBI). Solo las exenciones en el impuesto a las ganancias (0,62%) representan más del doble del costo de la ley universitaria.
De hecho este gobierno ya ha dispuesto reasignaciones de partidas por montos mucho mayores. Más aún, retiene ilegalmente montos millonarios por coparticipación de impuestos, transferencias para el mantenimiento de rutas, subsidios del BID para proyectos de investigación, y un largo etc.
Dejando de lado el detalle del sistema republicano con división de poderes, todavía el gobierno quiere revestir esta prepotencia con un barniz pretendidamente democrático: aduce que lo votaron “exactamente para esto” porque nunca mintió en la campaña. El problema es que esto es tan falso como que el proyecto-estafa $Libra financiaría pequeños y medianos emprendimientos productivos. Veamos a qué se reducen las promesas de mayor libertad y “destrucción del Estado”.
Las empresas de servicios públicos aumentan las tarifas por encima del promedio inflacionario porque se defiende la libertad de mercado. Pero en 2024 y 2025 el gobierno trabó y no homologó acuerdos salariales entre privados por haber superado el techo del 1% mensual (en el gremio de Camioneros, entre otros). Y este año vuelve a amenazar con intervenir para que las paritarias salariales no superen el nuevo techo del 2% mensual (siempre por debajo de la inflación oficial). Es decir que aquí el Estado no solo no se “destruye” sino que interviene fuertemente. La misma lógica tiene toda su política impositiva: intervención del estado para garantizar en lo inmediato una enorme transferencia de recursos de la clase trabajadora a la clase capitalista.
El Estado no se “destruye” cuando aumenta el gasto militar a cuenta del imperialismo norteamericano, ni cuando amenaza con entrar en una guerra en medio oriente para apoyar al sionismo genocida. Tampoco cuando se agigantan los aparatos de espionaje interno como la Side.
El Estado no se destruye cuando monta costosos operativos para reprimir a las familias de las/os trabajadoras/es jubilados o discapacitados.
El Estado no se destruye cuando le sustrae a la Anses fondos para financiar las indemnizaciones a las patronales, como establece la reforma laboral votada también por buena parte del peronismo pero frenada por la Justicia por inconstitucional. La misma ley que dispone que la educación es “esencial” para impedir las huelgas docentes que se producen precisamente porque el estado no sostiene la educación “esencial”. Otro tanto con la producción de neumáticos: esencial para que la producción no pueda ser interrumpida en la pandemia, descartable a la hora de impedir los despidos ilegales de su patronal.
¿Qué ha quedado de los discursos contra “la casta”, además de los departamentos de Adorni y las coimas de Karina?
El gobierno no está destruyendo el Estado, pero con la complicidad de la oposición patronal sí está destruyendo la salud, la educación y la ciencia públicas, con el efecto de cercenar la libertad de las mayorías populares. El ajuste con reducciones de salarios y jubilaciones, reforma antilaboral, despidos, eliminación de programas sociales está golpeando de lleno sobre la clase trabajadora. En las universidades fijando unilateralmente salarios de $5.700 la hora a docentes y congelando las becas estudiantiles en $35.000 mensuales. Por eso son más de 10.000 las/os docentes que han renunciado a sus cargos en la universidad, produciendo un gran impacto negativo en todas las actividades académicas.
Las campañas de desinformación del gobierno incluyen que estos niveles salariales de pobreza e indigencia y los problemas de infraestructura se deben a una mala administración de fondos de las propias universidades. Aclaremos una vez más que el 92% del presupuesto universitario está destinado a salarios, cuyo nivel está fijado (de manera ilegal) por el gobierno nacional. En el restante 8% puede haber mala administración e incluso podría haber malversación, como ocurre en el gabinete de ministros según señalan investigaciones periodísticas y denuncias judiciales. Pero es innegable que las universidades están más auditadas que el resto de los organismos públicos. Después de dos años, el gobierno de Milei no solo está implicado en numerosos casos de corrupción y estafa, sino que sus auditorías no han depurado al estado en lo más mínimo. Han producido cientos de miles de despidos, y perseguido a delegados sindicales, pero no han encontrado un solo ñoqui en ninguna dependencia del estado.
La sociedad ya se ha pronunciado masivamente. Antes que el Congreso y la Justicia, mediante masivas movilizaciones en defensa de su derecho a la educación superior laica, científica y no arancelada que ha conquistado con décadas de lucha.
Por eso el movimiento docente y estudiantil no abandonará esta pelea, que continuará con el paro de las dos Conadu en la semana del 27 de abril y la cuarta marcha nacional universitaria que inundará las calles en todo el país en la primera quincena de mayo.
Párrafo aparte merecen los rectores del CIN, cuyos constantes intentos de negociar con el gobierno a espaldas de la comunidad universitaria, entregando la ley conquistada, han sido contrarrestados por la enorme huelga universitaria. Lamentablemente, incluso luego del contundente fallo de la Cámara, el presidente del CIN sigue paseándose por los medios para ofrecer facilidades de pago por fuera de la ley a un Milei que no convoca la Mesa de Negociación Salarial desde septiembre de 2024. Y también para criticar ¡por partes iguales! al gobierno responsable que incumple la ley y los fallos judiciales y a los paros docentes que defienden la universidad.
Si Milei no puede cumplir ya la ley y sostener las universidades, los hospitales, las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, se tiene que ir.
