La reaccionaria Ley Ómnibus presentada por Milei tiene carácter xenofóbico explícito al declarar, por medio del artículo 553, la pretensión de arancelar en las universidades públicas a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

El proyecto de ley modifica el artículo 2 y 2 bis de la “Ley de educación superior” N°27.204, la cual dispone que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.”

Pero los problemas para los estudiantes extranjeros sin residencia permanente no son una novedad, sino que son una cuestión ya establecida en nuestro país, la cual esta nueva modificación en las leyes viene a agravar aún más. Aunque se perciban los principios de autonomía y autarquía dentro de las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) pasó a regirse en los últimos años por el decreto N°17.671, promulgado en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que exige la obligatoriedad del Documento Nacional de Identidad Argentino (DNI) en la realización de su preinscripción.

Esa medida reiterada por la UBA no solamente niega la admisión de alumnos extranjeros sin importar su situación irregular migratoria, contradiciendo la Ley 25.871 de migraciones que contiene mayor jerarquía, sino que, además, parece coincidir con los dichos discriminatorios de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La actual funcionaria, durante su campaña como candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, afirmó erróneamente una presencia de 50% de extranjeros en las universidades. Esa afirmación habrá sido seguramente un intento de desinformar, ya que la cifra real corresponde a menos del 5% del total del alumnado según informes del propio gobierno.

En caso de que este conjunto de leyes sea aprobado, Milei tendrá el camino asegurado a la hora de avanzar contra el ingreso irrestricto de estudiantes migrantes, vulnerando aún más los derechos de esta población que contribuye a los impuestos en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.

Dicho esto, no podemos dejar de lado que la intención del actual presidente es privatizar toda la universidad pública. La cuestión de la privatización de los distintos niveles educativos fue un tópico fundamental de la campaña presidencial de La Libertad Avanza. Tanto Milei como sus compañeros de fórmula habían anunciado en la previa de las Paso que su intención era que la educación dejara de ser obligatoria y gratuita y pasara a funcionar mediante un “sistema de vouchers” similar a los que funcionan en Chile.

Y, sin ir tan lejos, en el debate presidencial que antecedió al balotaje, también dio indicios de querer acabar con la gratuidad universitaria. Tomando en cuenta las primeras medidas de arancelamiento y el congelamiento presupuestario en base al del 2023, podemos confirmar que sus intenciones de campaña eran verdaderas, y que seguirá avanzando contra el estudiantado para cumplir con sus objetivos.

Por otra parte, los piqueteros, dentro de los cuales una significativa cantidad es migrante, vienen sufriendo amenazas del gobierno por medio de su protocolo represivo presentado por Bullrich, el cual busca quitarles la residencia provisoria a los extranjeros que se movilizan contra el ajuste brutal en un intento de amedrentamiento.

Teniendo en cuenta todos los ataques xenofóbicos y represivos, los estudiantes, el movimiento piquetero y los trabajadores deben unirse en un contexto de lucha popular, participando de asambleas y distintas instancias deliberativas para derogar la Ley Ómnibus, el DNU, el protocolo represivo y todas las leyes antimigratorias en los distintos establecimientos.

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