Universidad
7/10/2026
Otro fallo valida la Ley de Financiamiento Universitario, pero la Justicia no hace nada para que se cumpla
Para terminar con las maniobras de Milei hay que profundizar la movilización popular. Vamos con todo el 15/10 al Congreso.
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La Justicia volvió a fallar contra el gobierno respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, declarando inconstitucional el decreto que supeditara el cumplimiento de la ley a que el Congreso individualizara las fuentes de financiamiento para tal fin, utilizado por Milei para incumplir con la normativa. La decisión se suma a una cautelar que ya había ordenado actualizar salarios y becas y que fue confirmada por instancias superiores, pero la Justicia no hace nada por obligar a que el gobierno cumpla, lo que refuerza la movilización independiente como único camino para derrotar el ajuste de Milei.
El nuevo fallo corresponde al juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había sido instaurado como una maniobra de Milei para evadir el cumplimiento de la ley, luego de su sanción y ratificación, arrancada con masivas movilizaciones educativas y acciones en todo el país.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada por el Congreso y posteriormente vetada por Javier Milei. Ambas Cámaras insistieron con la sanción reuniendo los dos tercios exigidos por la Constitución Nacional. Pese a ello, el Ejecutivo dictó luego el decreto 759/2025, mediante el cual promulgó formalmente la norma pero suspendió su ejecución hasta que se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.
El 23 de diciembre, Cormick había concedido una medida cautelar ordenando al Gobierno cumplir con las actualizaciones salariales y las becas previstas en la ley. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión el 31 de marzo y la Corte Suprema validó la cautelar el 25 de junio. Sin embargo, a la fecha, el gobierno no cumple con nada de todo esto.
El fiasco de la vía judicial
Ahora Cormick avanzó sobre la cuestión de fondo y sostuvo que el decreto 759 constituye un mecanismo que no encuentra respaldo en la Constitución para suspender una decisión legislativa. Según el magistrado, el decreto terminó funcionando como una suerte de instancia de veto posterior, pese a que el Congreso había insistido con la ley luego del veto presidencial.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el costo total de la Ley de Financiamiento Universitario para 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI nominal proyectado. El conflicto, por lo tanto, no se explica por la imposibilidad material de determinar el impacto fiscal de la norma, sino por la decisión del Ejecutivo de no destinar las partidas.
La sucesión de cautelares, confirmaciones y recursos sin que nada cambie expone la orientación de los rectores y la burocracia sindical, que desmovilizaron el conflicto universitario, pactando con el gobierno a espaldas de la comunidad educativa y apostando a la “vía judicial”.
El acuerdo entre el gobierno, la burocracia y los rectores contempló un incremento del 24,33%, con un 21,33% en junio y otro 3% en octubre, presentado como una actualización correspondiente al período hasta mayo de 2026, y quedando pendiente la discusión sobre la pérdida acumulada desde 2024.
La salida es la movilización popular
El nuevo fallo coincide con la preparación de una movilización universitaria prevista para el 15 de octubre, cuando además convergen varias luchas como la de la defensa de la Ley de Tierras y los proyectos por los endeudados.
La experiencia de estos meses muestra que lo único que obtuvo resultados es la movilización popular, mientras la Justicia sigue acumulando fallos favorables pero no arbitra ninguna medida concreta para obligar al gobierno. Hay que reforzar la movilización del próximo 15 de octubre al Congreso, en los marcos de un plan de lucha hasta derrotar a Milei y hacer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario de forma íntegra.
