Universidad
23/10/2026
Ola de denuncias en el ámbito de la danza
Por equipos especializados para garantizar la aplicación de los protocolos de género y la implementación integral de la ESI.
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El ámbito de la danza se vio atravesado por una ola de denuncias de violencia de género, abusos y acosos que comenzó en Perú y rápidamente se extendió hacia otros países como Chile y Argentina. Estas denuncias abarcan tanto el terreno privado como el público, y en particular señalaron a un docente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
Estas situaciones no son una novedad, por el contrario, forman parte de dinámicas naturalizadas desde hace años, pero que hoy, gracias a la masividad de las denuncias, lograron instalarse en la agenda del sector. Nuestra formación artística y relaciones laborales suelen estar atravesadas por fuertes desigualdades de poder entre docentes, coreógrafxs, directorxs y estudiantxs o bailarinxs. Esto abre paso a mecanismos que suelen justificarse como parte de la dinámica, pero que reproducen relaciones de poder que dejan a estudiantes y trabajadoras en situaciones de vulnerabilidad, lo que genera condiciones propicias para distintos tipos de violencia y abuso.
El impacto de las denuncias ya comenzó a tener consecuencias concretas. Distintos estudios, escuelas y espacios de formación tomaron medidas desvinculando a docentes denunciados, mientras que algunas competencias resolvieron apartar a jurados involucrados. También se crearon espacios como “red acción danza” por diferentes referentes, para generar redes de acompañamiento. Esto demuestra que la organización y la visibilización son herramientas fundamentales.
Llevamos el debate al encuentro plurinacional de mujeres y diversidades
Desde las estudiantes que viajamos al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se llevó adelante en la ciudad de Córdoba, llevamos este debate al taller de Educación y Universidad. Allí se puso en evidencia el ajuste presupuestario que atraviesan los protocolos de género en las instituciones, que no cuentan con equipos profesionales ni recursos suficientes para acompañar y contener a quienes denuncian, lo que deja sin herramientas a quienes buscan denunciar y frena la posibilidad de construir espacios seguros.
En el taller también se puso sobre la mesa el vaciamiento que atraviesa la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos. Desde el Plenario de Trabajadoras señalamos que la ESI es una herramienta imprescindible para enfrentar la violencia, porque abre el debate sobre los vínculos, el consentimiento y los estereotipos de género. Sin embargo, su implementación hoy carece de financiamiento, lo que la vuelve ineficaz frente a la magnitud del problema. Por eso, desde el inicio del segundo cuatrimestre, desde la UJS venimos impulsando talleres de ESI en cada espacio de estudio, con el propósito de generar instancias de discusión y organización estudiantil que fortalezcan la lucha contra la violencia.
El rol de las autoridades de la UNA
Si bien en la UNA existe un protocolo elaborado por estudiantes, las autoridades se mantuvieron pasivas hasta que se presentó una denuncia formal. Ignoraron las denuncias virtuales y tampoco impulsaron un plan de difusión del protocolo, dejando a las alumnas expuestas a seguir cursando con el docente denunciado en el aula. Esta actitud revela cómo la burocracia universitaria funciona como un muro de contención para las denuncias. En lugar de garantizar prevención y acompañamiento, las autoridades optaron por el silencio, reproduciendo un esquema que perpetúa la impunidad.
Esta situación no es un hecho aislado. A lo largo de los años, las autoridades de la UNA han priorizado la continuidad laboral o el otorgamiento de licencias a personas denunciadas. Amparándose en la necesaria confidencialidad de los procesos, las medidas adoptadas no estuvieron orientadas a garantizar condiciones seguras para las denunciantes. Por el contrario, en algunos casos las respuestas trasladaron el problema a quienes se animaron a denunciar, empujándolas a virtualizar su cursada, mientras los acusados permanecían en sus funciones, exponiéndolas a cruzarse con su acosador dentro de la universidad.
Las autoridades presentan como grandes avances las capacitaciones en género o la aplicación de la Ley Micaela, pero estas situaciones revelan los límites de una perspectiva burocrática que reduce la problemática a capacitaciones y procedimientos administrativos. Mientras tanto, los protocolos carecen de los recursos necesarios para funcionar efectivamente. En vez de ser una herramienta independiente al servicio de quienes denuncian, los dispositivos institucionales quedan subordinados a las mismas autoridades que, una y otra vez, han demostrado priorizar la preservación de la imagen de la gestión por sobre la seguridad de lxs estudiantes.
Nos organizamos por un protocolo independiente de las autoridades y la aplicación de la ESI en todos los niveles educativos
Frente a la ola de denuncias y la violencia que atraviesa nuestra institución, desde el BUM–CEDAM convocamos a una asamblea, donde se votó por unanimidad reactivar la Comisión de Género. El objetivo es abrir el debate dentro de la institución y garantizar apoyo y acompañamiento a quienes quieran llevar adelante una denuncia, así como generar un espacio de organización independiente de estudiantes, mujeres y diversidades, ya que es nuestra única garantía.
En este sentido, nos proponemos luchar por un presupuesto específico e independiente de las autoridades, que tenga equipos especializados para garantizar tanto la aplicación efectiva de los protocolos de género como la implementación integral de la ESI. Solo así tendremos instituciones seguras, con herramientas reales para acompañar a quienes denuncian y con espacios de debate que fortalezcan la organización contra la violencia y la impunidad.
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