En la antesala de la segunda marcha universitaria, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, salió al cruce de la convocatoria acusando a las universidades de “inventar alumnos” para exigir más presupuesto. Como vemos, desde el gobierno ya no saben qué más hacer para deslegitimar una movilización que despierta amplio apoyo popular y promete ser multitudinaria.

El funcionario expresó en una entrevista radial que “todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia”. Si bien utiliza ese dato para justificar el ahogo presupuestario, la conclusión que debería desprenderse del mismo es que hace falta aumentar significativamente el presupuesto universitario para combatir la deserción estudiantil.

Tal vez no se enteró y haya que avisarle a Torrendell que es secretario de Educación, y, por lo tanto, el encargado de diseñar políticas públicas para asegurar la permanencia y el egreso de los estudiantes. No es un comentarista que puede arrojar semejante cifra de deserción y eludir toda responsabilidad en el asunto.

Lo que es indudable es que las medidas del gobierno expulsan a los jóvenes de las universidades. Con Milei hay cinco millones de nuevos pobres, para quienes sostener los estudios es cada vez más difícil al no poder costear los apuntes ni el viático. O bien, muchos deben abandonar la carrera para trabajar más horas porque sino no llegan a fin de mes.

Solo alguien con mucho descaro puede animarse a decir públicamente que hay que recortar el presupuesto universitario porque los estudiantes dejan materias. Es exactamente al revés, para enfrentar esa problemática es necesario triplicar las partidas presupuestarias en función de ampliar la oferta horaria y académica, abrir más comisiones, poner en pie comedores universitarios, otorgar becas de ayuda económica y extender el boleto educativo a todas las universidades del país.

Mención aparte merece el comunicado emitido por Capital Humano que busca desacreditar el reclamo de los docentes y no docentes de las universidades, negando que cobran salarios de pobreza. Para sostener semejante afirmación, pone de ejemplo a un docente titular con máxima antigüedad, cuya realidad no es la de la mayoría de los docentes. Incluso en esos casos, se registra una caída salarial del 23% entre noviembre 2023 hasta la actualidad, según la consultora de Fernando Marull.

Lo cierto es que la situación es desesperante: solo en la UBA, el 85% de la docencia y el 60% de los no docentes están debajo de la línea de pobreza; desde principio de año a esta parte se acumuló una pérdida salarial de 55 puntos; y el salario de bolsillo de un auxiliar docente es de apenas $120 mil.

Debemos responder a las provocaciones del gobierno siendo un millón de personas en las calles defendiendo la universidad pública y continuar la lucha hasta ganar. Por eso, si Milei veta la ley de financiamiento universitario, que haya tomas.

Universidad: si hay veto, que haya tomas

Vamos a la marcha del 2/10 para derrotar el plan de Milei. –

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