Convocada por el sindicato Adunlu y con la presencia de casi cien personas, el pasado viernes 1 de octubre se desarrolló la asamblea de docentes de la Universidad Nacional de Luján (Unlu). La misma contó con un profundo y extenso debate, donde hicieron uso de la palabra cerca de treinta docentes e investigadores de la Unlu.

Como su resolución central, y por unanimidad, la asamblea votó rechazar la implementación de cualquier proyecto que signifique la enajenación y privatización de las tierras pertenecientes al Campo Experimental de la Unlu.

Esta resolución significa marcar una primera y clara oposición colectiva al proyecto que prevé la construcción de unas 350 viviendas privadas -para personal docente y no docente- y que ocuparía varias hectáreas del Campo Experimental situado en la sede central de esta universidad pública.

Este proyecto de corte privatista es impulsado por las direcciones burocráticas de Atunlu-Fatun (no docentes) y Adiul (gremio local minoritario de la Fedun) en connivencia con el gobierno nacional y municipal. A través de un comunicado el sindicato Atunlu (28/9) anunció que en los próximos días presentará oficialmente el proyecto para su tratamiento en el Consejo Superior de la Unlu. El rectorado, por su parte, aún no se pronunció sobre el tema.

 

Docencia, investigación y extensión en el Campo Experimental

 

El campo de la Unlu es un bien público donde se realizan múltiples actividades de enseñanza, investigación y extensión universitaria. Allí se desarrollan importantes proyectos educativos y de investigación científica, tales como: la Escuela Infantil de nivel inicial, el Jardín Botánico, el Inedes (instituto del Conicet), Gersolar (estudio de la radiación solar) y AgroecoUnlu, entre muchos otros. Si algo quedó claro en la asamblea de la Adunlu fue que en el Campo Experimental no existen hectáreas ociosas. Todo lo contrario, sobre estas estas tierras hay más de cuatro décadas consecutivas de gran trabajo y esfuerzo colectivo, cuyos frutos pertenecen a toda la sociedad argentina.

Por estos días la defensa integral del patrimonio de la Unlu como bien común o comunitario es una tarea fundamental. En ese sentido resulta muy auspicioso que rápidamente se va gestando, desde abajo, un amplio y diverso movimiento de lucha en defensa del patrimonio universitario.

Asimismo, es claro que la falta de acceso a la tierra y vivienda digna es una problemática que afecta a millones de familias trabajadoras en nuestro país. Sin embargo, desde hace décadas los distintos gobiernos se muestran incapaces de resolverla y la única salida que muestran es la represión directa, tal como ocurrió hace pocos días en la Villa 31 de Caba y en Guernica el pasado año.

Vamos por un plan nacional de viviendas para toda la población trabajadora en tierras fiscales de la nación, la provincia o los municipios y por la expropiación de las tierras ociosas de grandes terratenientes para programas de vivienda social.

No a la enajenación de las instituciones educativas estatales. Por una universidad pública al servicio de las mayorías populares. No la venta de tierras en la Unlu.