Universidad
7/10/2026
Sentencia de primera instancia a favor de las universidades, ¿ahora qué?
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El miércoles 6 de octubre, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 759/2025, que vetaba temporalmente la Ley de Financiamiento Universitario en silencio. Pero, ¿de dónde sale este fallo?
La calesita judicial
Eagosto de 2025, el Congreso aprueba la Ley de Financiamiento universitario (N° 27.795), obligando al gobierno a actualizar el presupuesto por inflación, recomponer becas y salarios docentes/no docentes. Sin embargo, el gobierno de Milei veta la ley por decreto (N° 647/2025), por lo que el Congreso sesiona y rechaza el veto, ratificando la ley con la mayoría de dos tercios.
Frente a esto, Milei promulgó la ley pero publicó simultáneamente el Decreto N° 759/2025, que dejó congelada la aplicación de los fondos en un intento de frenar el reclamo universitario mediante trampas legales. A fines de octubre de 2025, el CIN, la UBA y distintos gremios acudieron a la justicia con un amparo.
Dos meses después, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar de urgencia ordenando suspender el decreto y resguardar salarios y becas.En marzo de 2026, la justicia rechazó la primera apelación del gobierno, obligándolo en junio, bajo la presión judicial y paros, a firmar paritarias de emergencia teniendo en cuenta el alcance y poder popular que se demostró por las grandes movilizaciones de las marchas federales universitarias.
Estas supusieron aumentos parciales e insuficientes, e incluyeron compromisos (como el 20% para gastos operativos y $50.000 millones para hospitales universitarios) que el Ejecutivo luego congeló. Unas semanas después de las paritarias, la Corte Suprema de Justicia interviene en la causa y rechaza un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, dejando firme la medida cautelar provisoria, haciendo que el gobierno se quede sin excusas para no transferir lo básico. Y tras esta intervención, ante el continuo incumplimiento de las partidas, el juez Cormick debió enviar dos veces nuevas intimaciones al gobierno en septiembre.
Finalmente, el 6 de octubre dictó sentencia definitiva de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad integral del decreto. El fallo expone que el Ejecutivo intentó usar la Ley de Administración Financiera (N° 24.156) para atar de manos al Congreso y anular una norma posterior de igual jerarquía. Además, frente al argumento de Capital Humano sobre un costo fiscal de más de un billón de pesos, la Oficina de Presupuesto del Congreso demostró que el impacto real es de apenas el 0,23% del PBI.
Como es de esperarse, Milei apelará ante la Cámara y buscará llevar el caso nuevamente a la Corte Suprema para dilatar la aplicación de la ley, mientras planifica para el año entrante un recorte del 25% en la educación superior respecto a 2023. La disputa judicial continuará por meses, pero las universidades no pueden resistir tanto desgaste, por lo que surge una nueva convocatoria.
Movilizarnos por una nueva y potente Marcha Federal Universitaria
Este 15 de octubre, nos encontraremos nuevamente, ya a más de un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, para movilizarnos masivamente contra el ajuste que pretende Milei y sus rectores aliados. El mismo día que el Congreso trata el DNU 70/2023 por cómo afecta el decreto a la Ley de Tierras, vamos a tener que vernos en las calles de todo el país para luchar no solo contra el asfixiamiento del sistema educativo, sino por el ajuste en salud, discapacidad, alquileres y trabajo que nos afecta a todxs en Argentina.
Pero contra las camarillas, legisladores y gobernadores cómplices del ajuste no basta con una sola marcha, tenemos que llevar a cabo todo un plan de lucha desde las bases, especialmente en las escuelas secundarias, terciarias y universidades, intervenir también en los gremios docentes, no docentes y estatales para combatir el ajuste educativo de Milei en todos sus frentes.
Para dar esta gran lucha, necesitamos organizarnos, y es imperativo que se de en todas las plazas, en todas las aulas, en todos los lugares de trabajo y en todos los barrios del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia.
Nuestra tarea como UJS es organizar la bronca, explicar la naturaleza capitalista de estas medidas de ajuste y construir una alternativa. Nuestra expectativa no es esperar a que la justicia intervenga a tiempo, ni que las burocracias sindicales o centros de estudiantes colaboradores encabecen la lucha; debemos guiarla desde abajo con agitación, asambleas y un plan de lucha duradero, entendiendo que la única vía que frena al gobierno es la insurrección popular y la huelga general.
¡A preparar al movimiento estudiantil para golpear al gobierno y dejar en claro qué queremos!
