Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA, expuso en el plenario de comisiones en el Congreso, donde denunció la ofensiva a la universidad pública incluida en la Ley Ómnibus y llamó a rechazarla en las calles y en el parlamento.

En primer lugar, planteó que “la ley habla de acceso irrestricto a la universidad pero habilita el examen de ingreso; establece la gratuidad del grado pero vía el arancelamiento a extranjeros sin residencia abre la puerta para el arancelamiento”. A su vez, puso sobre la mesa la agenda de la docencia universitaria, al mencionar que “un docente universitario va a cobrar en marzo $191.354, es un tercio de la línea de pobreza que está prevista. Los adhonorem y adscriptos sin salario y sin los cuales no podríamos mantener nuestra actividad. Llegamos a una pérdida salarial del 98,7% desde diciembre 2015. Para nosotros, después del golpazo de Macri no hubo 2019, solo hubo FMI y canje de deuda por educación. Por eso exigimos paritarias ya, con cláusula gatillo mensual, sobre un 100% de aumento”.

En cuanto a la decisión de Milei de prorrogar el presupuesto 2023, Celotto advirtió que “va a ser imposible funcionar. El congelamiento ya trajo el cierre de la licenciatura de Enfermería, con despidos, en La Pampa. Nuestras obras sociales están quebradas y tenemos serios problemas de infraestructura. Sin presupuesto no hay educación pública, solo va a haber educación superior para sectores pudientes. Hoy la deserción es del 70%, sin estudiantes no hay universidad. En este cuadro social hiperinflacionario, sin becas ni comedores no habrá estudiantes; y la ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto, así van a tener más fondos las universidades con población de mejores recursos, realmente, una educación elitista”.

“Esta ley habilita convenios para obtener recursos complementarios: es entregar a mejor postor empresarial, nacional o extranjero, la producción de conocimiento. Continúa el arancelamiento del posgrado, ya planteado en la Ley de Educación Superior menemista que han mantenido todos los gobiernos. Obliga a evaluaciones externas, sumando a la Coneau a entidades privadas. La producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados”, agregó.

“Por todo lo expuesto llamo a esta Cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU, que nos hace retroceder a la Argentina anterior a la Reforma del ‘18. Fui parte del estudiantado que en la Dictadura quemó las chequeras del arancel y estoy segura que, junto a nuestros estudiantes, volveremos a defender a la universidad estatal, pública, gratuita y laica. Por eso llamamos el próximo 24 a toda la comunidad universitaria a parar y movilizarse, porque esta ofensiva en toda la línea la pararemos la clase obrera ocupada y desocupada y las cacerolas en las calles”, concluyó.

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