El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dictó un pronunciamiento a la medida de la criminalización de lxs 27 estudiantes perseguidos por la ocupación del Pabellón Argentina, durante la rebelión educativa del 2018. El organismo que reúne a los decanos y consiliarios de la UCR y el Frente de Todos, dictó por 31 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención un texto que deja vía libre a la judicialización de la protesta.

El Consejo Superior ratificó su posición del mes de abril y expresó “su férrea voluntad de diálogo y su profunda convicción de que los mecanismos institucionales que el Estado de Derecho y la comunidad universitaria poseen constituyen los medios idóneos para la obtención de una resolución del conflicto para este tipo de problemáticas”.

El citado pronunciamiento señaló: “instamos por la decisión de un pronunciamiento justo, equitativo y ajustado a derecho que preserve el derecho a manifestarse del conjunto de la comunidad universitaria y nos comprometemos a redoblar los esfuerzos para que toda situación conflictiva que suceda en nuestro ámbito sea resuelta con los mecanismos del cogobierno, la autonomía, la deliberación y el consenso a través de todas las vías institucionales que la Universidad dispone según sus estatutos y demás reglamentaciones”.

Las conclusiones que debe sacar la comunidad educativa de este pronunciamiento se derivan de la misma dinámica de la política universitaria y educativa en general. El Consejo Superior reúne a las diferentes fuerzas políticas que gobiernan la universidad y el país hace décadas y que han llevado a una profunda crisis a la educación superior. El rectorado, decanatos, consiliarios radicales, peronistas y kirchneristas son la correa de trasmisión de las políticas de ajuste y privatización que llevaron a cabo los gobiernos nacionales. Y como bien conoce el movimiento obrero-estudiantil, el ajuste no pasa sin la represión correspondiente.

Que el Consejo se pronuncie y diga que no se constituyó como querellante en la causa es una impostura. El Rectorado de Jury (UCR) y Yanzi (PJ) entregó listas de nombres a la Justicia para que avance en la criminalización de quienes eran los delegados de la mesa de diálogo entre las autoridades y los estudiantes durante la rebelión educativa de 2018. Mientras Jury firmaba el ajuste presupuestario en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Yanzi entregaba los nombres a la Justicia Federal. El kirchnerismo, representado por algunos decanos, fue cómplice del ajuste cuando la conducción de ADIUC firmó la paritaria a la baja y levantó la huelga allanando el camino a la represión.

Cabe remarcar que en la misma sesión en que se sacó el pronunciamiento criminalizador también se nombró como ‘‘Profesor Plenario’’ al Juez Sánchez Freytes, quien está a cargo del juicio contra lxs estudiantes. Una nefasta provocación.

En contraposición a esto, el 22 de junio pasado se realizó una nueva acción de lucha del movimiento estudiantil que se movilizó hasta el Patio Olmos reclamando la absolución de lxs 27 estudiantes y por los reclamos más sentidos de la comunidad educativa: conectividad, becas, presupuesto, infraestructura, contra la brutal deserción de más del 50% del estudiantado y contra la precarización docente y no docente.

Lo señalado refleja dos campos opuestos en la Universidad. El que debate democráticamente en la Asamblea Interfacultades por la defensa de la educación, por un lado, y el que firma pactos de ajuste y criminalización en los despachos universitarios y judiciales por otro.

A 103 años de la Reforma del ’18, aquella gesta que impuso el cogobierno, la autonomía universitaria y la organización gremial del estudiantado cordobés y mundial, sabemos cuál es el lugar que ocupa cada quien. Las autoridades universitarias son las garantes del ajuste, la privatización y la represión.

El movimiento estudiantil se encuentra ante el desafío de luchar de manera independiente, y, sobre esa base, desarrollar una movilización popular capaz de tirar abajo la política represiva y de ajuste de la UCR y el Frente de Todos en las universidades nacionales. La UJS levanta bien alto las banderas de lxs reformistas del 1918 y de lxs luchadorxs del 2018. Los históricos reclamos no han sido cumplidos. Redoblemos la lucha y la organización por la absolución de todxs lxs estudiantes perseguidxs por luchar y por un programa de salida a la crisis educativa.

 

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