En medio de la movilización popular contra la megaminería en Chubut, el secretario de Minería del gobierno nacional, Alberto Hensel, concurrió a la primera reunión de Comisión de Minería de la Cámara de Diputados para defender la agenda de las multinacionales contaminantes.

Hensel tomó la palabra asegurando que “en este momento la minería se vuelve un factor crucial para el crecimiento económico, de las exportaciones y la generación de divisas”. El funcionario fue ministro de Minería de San Juan, donde se recibió de agente de la canadiense Barrick Gold, que explota Veladero sometiendo a la miseria y la contaminación al pueblo de Jáchal. Ahora tiene la tarea de promover la actividad minera en distintos puntos del país, para lo cual anunció que en “marzo el país tendrá un Plan Estratégico Minero” y destacó al oro, la plata, el cobre y el litio como los minerales con “más potencial para aumentar las exportaciones”.

Esta elocución mientras miles copaban las calles en la provincia de Chubut contra el proyecto de zonificación del gobierno de Mariano Arcioni, confirma que la ofensiva megaminera cuenta con el apoyo explícito del presidente Alberto Fernández.

Esta orientación se fundamenta en que las exportaciones mineras permitirían “estabilizar” la moneda. En realidad, la economía argentina tiene superávit comercial, y la necesidad de recaudar dólares surge de la necesidad de financiar el pago de la deuda y la fuga de capitales. Ese es el objetivo de Estado tras la defensa de la minería contaminante, y lo cierto es que si faltan divisas en Argentina es justamente por el saqueo de los pulpos que explotan las riquezas del país.

A lo largo de su intervención, Hensel defendió la decisión del gobierno de bajar las retenciones a las mineras y destacó que “si no impulsamos el sector se perderán un tercio de las exportaciones actuales, debido al cierre de distintos proyectos”; una confesión de que la actividad minera no es sustentable siquiera en términos capitalistas, a menos que sea a costa de beneficios del Estado.

Afirmó a su vez que, para lograr “competitividad” en el mercado internacional, las multinacionales mineras deben acceder a un tipo de cambio de acuerdo a sus necesidades. Es decir que brega por un desdoblamiento cambiario a medida de los pulpos, y además reclamó que puedan girar utilidades al exterior al tipo de cambio oficial, algo que ya vale para las petroleras en el marco del Plan Gas.

Pidió también estabilidad política, atentando contra todo tipo de legislación ambiental y al movimiento que enfrenta la depredación, incluso atacando la Ley de Glaciares y el proyecto de Ley de Humedales que acaba de recibir despacho de comisión. Todas estas declaraciones son propias de un CEO de la Barrick. ¿Acaso el secretario cumple el papel de lobbista dentro del gobierno?

Al finalizar el informe, lo interpeló la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá. “Estoy muy preocupada. El día de hoy se realizó una movilización multitudinaria en Chubut rechazando el proyecto de ley de zonificación del gobernador Arcioni” y agregó que “no puede justificarse es la persecución y detención de aquellos que se oponen a la actividad minera”.

Luego marcó que el plan minero del gobierno nacional no contempla la participación de las asambleas populares que se ponen en pie en todas las provincias, y consultó acerca del estado de las actividades de remediación de la actividad minera cuando las asambleas regionales y organizaciones ambientales denuncian derrames de agua cianurada u otros contaminantes. A su vez, destacó que la pelea por la Ley de Humedales muestra “un cambio y la intervención de la población en darle valor a la defensa del ambiente”, pero se les contesta con argumentos acerca del supuesto beneficio económico cuando “las multinacionales dejan poco y nada en las provincias, porque las regalías son miserables en relación a las riquezas que se extraen” y “los empleos que se generan son ultraprecarizados”.

El secretario respondió que “pese a algunas manifestaciones, el consenso social se debe dar en las comunidades donde se van a realizar los proyectos”. Hensel se suma a las declaraciones de Arcioni, menospreciando e invisibilizando las masivas movilizaciones del pueblo chubutense que desde hace 17 años levantan la consigna No a la Mina.

Pero además es falsa la idea de que solo los pueblos donde están los yacimientos se ven afectados. Es lo que sucede con la meseta chubutense, ya que las consecuencias de la actividad minera impactarán en toda la provincia río abajo. Por otro lado, es una impostura hablar de “consenso” cuando hay movilizaciones masivas en todo Chubut, incluida la organización de los mismos pueblos de la meseta donde se van a radicar los proyectos.

El funcionario también buscó sacar chapa de su currículum diciendo “yo soy sanjuanino, mi provincia es minera” y destacó que durante su gestión como ministro el derrame de Veladero fue tratado de manera “inédita”. Lo inédito en realidad es que la Barrick haya pagado multas irrisorias y que todos los responsables haya sido absueltos de los cargos. Los derrames siguieron produciéndose y las consecuencias las siguen padeciendo los trabajadores y los pueblos.

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