Después de la exposición de Juan Cabandié en el Senado sobre el abordaje de la crisis ígnea, Alberto Fernández viaja a Corrientes a recorrer las zonas afectadas por los incendios. El gobierno nacional intenta encubrir su responsabilidad en la gravedad de la situación, tanto por el ajuste en áreas como el Servicio de Manejo del Fuego como en el fomento al avance de los agronegocios, punto en el que no hay grieta con el gobernador cambiemita Gustavo Valdés.

El ministro de Ambiente reconoció ante los senadores que el 95% de las quemas son intencionales y que la gravedad del cuadro actual se deriva de las condiciones generadas por la sequía y la crisis hídrica, para acto seguido lavarse las manos adjudicando el asunto a la política agropecuaria del gobierno provincial y delegar toda investigación y sanción a la Justicia (que casualmente “nunca encontró a nadie”, según declaró Cabandié sobre la titularidad de las tierras donde se inicia el fuego). Es un retrato fiel de cómo el Estado en todos sus niveles ampara al capital agrario y forestal, que está detrás de los focos de incendio que consumieron ya el 15% de la superficie correntina. Finalmente, cuando a la par arden focos en todo el norte argentino, el propio gobierno nacional está embarcado en una política de estímulos para fomentar las exportaciones agropecuarias en función de ofrecer garantías de repago al FMI.

Lo que Cabandié pretende ocultar es en primer lugar su propia responsabilidad como ejecutor del ajuste presupuestario en las dependencias de su ministerio, que ahora quedan a la vista de todo el país ante la inoperancia para afrontar la crisis. Es lo que expresan en primera persona los bomberos voluntarios que combaten el fuego sin los recursos necesarios, exponiendo hasta sus vidas. Si en un día el influencer Santiago Maratea pudo con una colecta vía Twitter casi equiparar las transferencias de Nación a Corrientes en estas semanas no es solo porque la sensibilidad popular es grande.

Sin ir más lejos, los informes de Ejecución Físico Financiera del Estado nacional revelan que en los primeros nueve meses de 2021 (última actualización) no se había concretado ni un solo equipamiento de unidades regionales para la lucha contra incendios, el uso de aviones hidrantes no llegaba a la mitad de lo planificado, y la capacitación de brigadistas estuvo por debajo de lo hecho durante los años del gobierno ajustador de Macri. Esto en un año en que los incendios habían devorado más de medio millón de hectáreas en diversas provincias.

Más todavía, el frustrado Presupuesto 2022 ya consignaba un ajuste de proporciones. Por ejemplo, la partida de Control Ambiental, que representa tres cuartas partes de los recursos de la cartera de Ambiente, variaba apenas un 30% -más de 20 puntos por debajo de todas las proyecciones de inflación. La segunda partida en importancia es la de Protección de Bosques Nativos, donde se previó… ¡una reducción nominal del 24%! En el rubro Conservación de la Biodiversidad el recorte nominal era del 68%. Más allá de haber sido rechazado en el Congreso, el proyecto de ley es una confesión de hacia dónde se va. Se comprende por qué a pesar de la evidencia de los grandes riesgos que significaba la sequía no se desplegó ninguna precaución para evitar esta catástrofe.

Entre las explicaciones que dio a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Cabandié afirmó que los recursos del Servicio Nacional para el Manejo del Fuego no fueron desmantelados sino que crecieron por la creación de un fideicomiso del BICE a base del 0,3% de lo que tributan las aseguradoras (eximiendo seguros de vida), lo cual en realidad evidencia un mecanismo de financiamiento atado a otras variables y de mucho más difícil control en su ejecución. Recordemos que nunca se cumplió con lo establecido en la Ley de Bosques acerca de que se destine a la conservación de áreas protegidas un 2% de lo recaudado vía retenciones a la exportaciones agroindustriales.

Por lo demás, es una completa impostura que el ministro enfatice ahora la necesidad de sancionar la Ley de Humedales, después de haberla cajoneado. En este terreno tampoco hay grietas, ya que el propio Senado correntino se había pronunciado en 2020 en oposición a dicha norma. A pesar de tener media sanción y de haber unificado proyectos de todos los bloques, nunca fue llevada al recinto para su votación. Ahora Cabandié afirma que se trata solamente de crear un inventario y “no tiene un carácter prohibitivo”, lo que es una confesión de que en el mejor de los casos apuntan a que sea papel pintado, con aval a las explotaciones de todo tipo habilitadas por el ordenamiento territorial de las provincias, como sucede con la referida Ley de Bosques.

De hecho, casi la totalidad de las medidas anunciadas refieren a exenciones impositivas y créditos subsidiados a los empresarios que están detrás de las quemas, especialmente de las plantaciones de yerba, arroz y cítricos, de las explotaciones forestales como el pino y la ganadería. La “reconstrucción” después del desastre vendrá de la mano de cambios en el uso del suelo al servicio del avance de los negocios capitalistas, desde la ampliación de la frontera agropecuaria hasta nuevos emprendimientos turísticos en los Esteros del Iberá. Las ayudas al capital contrastan con la población del país que se solidariza en masa con aquellas familias que perdieron hasta sus pertenencias y con la flora y la fauna gravemente afectada.

Detrás de las acusaciones cruzadas entre el gobernador Valdés y los funcionarios de Alberto Fernández hay una coincidencia de fondo que promete agravar el cuadro hacia adelante. Solo afectando los intereses detrás de los incendios es posible evitar nuevos infiernos, máxime cuando el cambio climático augura una mayor periodicidad de las sequías y el estrés hídrico. El programa fondomonetarista que guiará la política económica significa por el contrario más saqueo de los pulpos de los agronegocios.

La prohibición en los cambios en el uso del suelo y la reforestación con especies nativas bajo control popular es clave en ese sentido, al igual que una investigación independiente para dar con los responsables de los focos de incendio intencionales. Luego no alcanza con una mejor gestión y más recursos para las áreas protegidas, sino que la presente crisis demuestra la necesidad de un control obrero y científico de la producción agrícola, ganadera y forestal, y una planificación productiva de la utilización del suelo y el agua en función de las necesidades sociales y la preservación del equilibrio de los ecosistemas. Solo los trabajadores podemos terminar con estas catástrofes que conmueven al país. Fuera Cabandié y el FMI.

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