Escribimos esta nota desde el corte de la Ruta Nacional 3 en Chubut, que se mantiene firme desde el jueves al mediodía, cuando una escandalosa sesión de la Legislatura bastardeó la Iniciativa Popular 2020 que fue presentada con más de 30 mil firmas de adhesión y refrendada por multitudinarias movilizaciones.

El rechazo al proyecto, que implicaba un impedimento al desembarco de la megaminería en la provincia, produjo una instantánea indignación y reacción popular. Existen en estos momentos cortes impulsados por diferentes asambleas en las rutas nacionales 3 y 40, está tomada la Municipalidad de Esquel, y se produjeron acciones en Trevelin. Las acciones de lucha se garantizan a través de la deliberación asamblearia y la organización de las comidas con el apoyo solidario de la población.

La Legislatura de Chubut, surcada por crisis políticas tras no haber logrado votar la zonificación minera, por el rechazo de la movilización popular, está también profundamente desautorizada por escándalos de corrupción, como los de “100 lucas” López y la diputada Cigudosa acusada de robos con obras de infraestructura escolar cuando era ministra de Educación. Está además asociada al ajuste del gobernador Mariano Arcioni, luego de haber acompañado la reestructuración de la deuda, la trucha Ley de Emergencia Sanitaria -cuando los trabajadores de la salud no cobran en tiempo y forma y los hospitales están colapsados-, el Presupuesto 2021, la prórroga de la Emergencia Económica, entre otras leyes de ataque a lxs trabajadorxs.

El bloque oficialista de Chubut al Frente votó el rechazo a la Iniciativa Popular junto a los unibloques de Carlos Eliceche y López, mientras que la UCR se abstuvo. Pero los bloques del Frente Patriótico, Chubut Unido y el unibloque de Goic de Camioneros maniobraron hasta el final para garantizar este desenlace, ya que cajonearon durante seis meses la IP. Bastaba una firma en comisión de estos bloques para impulsar un dictamen de minoría en el recinto y ponerlo a votación. Eso, además de que no convocaron ni participaron de ninguna movilización para reclamar su aprobación. En resumen, quisieron quedar bien “con Dios y con el Diablo’.

La hora que dedicaron al tratamiento de forma exprés para rechazar la IP contrasta con las idas y venidas en todos los intentos para aprobar la ley de zonificación minera impulsada por el gobierno provincial y nacional. Reuniones clandestinas, represión, demonización del movimiento, judicialización de la protesta fueron parte de las estrategias utilizadas por el poder político y el lobby minero para intentar imponer la megaminería en favor de los intereses patronales y de los acreedores de la deuda provincial y nacional.

En esta misma línea represiva intentan avanzar ahora contra las acciones de lucha, con amenazas de desalojo por parte de la Gendarmería Nacional, de judicialización de los cortes, y con grupos de choque orquestados por la burocracia de Camioneros y el burócrata Taboada, a pesar de que una gran cantidad de camioneros de base manifiestan su apoyo al piquete saludando con bocinazos cuando se corta de forma intermitente y hasta dejando alimentos para colaborar.

Las inmensas reservas de lucha y el apoyo generalizado a la IP y a la lucha contra la zonificación minera plantea la necesidad de redoblar los esfuerzos para sostener y profundizar las medidas de lucha en todas las localidades, y en todo el país, hasta conquistar el efectivo tratamiento y la aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular, el retiro del proyecto de ley de zonificación, y el cierre de las causas contra lxs luchadorxs. Es necesario que los sindicatos cuyas conducciones se expresaron a favor de la IP rompan su subordinación al gobierno nacional y pongan todos los recursos a su disposición para apoyar las acciones.

¡Adelante compañerxs!

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