En estos días tomó estado público una carta abierta de científicos/as argentinos/as dirigida al gobierno nacional sobre el trigo HB4 recientemente habilitado. En ella invitan a la comunidad científica a sumar su apoyo para solicitar a Alberto Fernández que deje sin efecto dicha aprobación del cultivo de trigo transgénico en nuestro país.

La misiva está firmada por más de 700 personas, encabezadas por reconocidos/as científicos/as como ser Brailovsky, Folguera, Lajmanovich, Lowy, Marino, Svampa, Verzeñassi y otros.

Coincidimos en gran medida con los argumentos utilizados, pero es necesario puntualizar algunas cuestiones. La salida agroecológica que se plantea es difícil de implementar si nos referimos a las superficies ocupadas por los cultivos OGM (organismo genéticamente modificados) y a la ocupada por el trigo; estamos hablando de muchos millones de hectáreas, lo que complejiza muchísimo su reemplazo. La base para esta transformación es quebrar el régimen de producción basado en la ganancia patronal y la propiedad privada de la tierra. Solamente la nacionalización de la tierra y el comercio exterior pueden abrir paso a esta transformación de fondo.

Otro aspecto es la soberanía alimentaria. Esta fue definida por la Vía Campesina como “el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria incluye: priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito (…) El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir (…) La participación de los pueblos en la definición de política agraria y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación”. ¿Puede darse algo así?

En realidad, la soberanía alimentaria no existe. En otras palabras, se “ignora” el sesgo agroexportador de la mayoría de los países dependientes, por el cual el hambre no crece como resultado de la escasa producción de alimentos sino de que se produce para valorizar el capital, principalmente de los pulpos imperialistas. Los alimentos se exportan al mercado mundial, a precio de dólar. La producción generada por el país alcanza para alimentar a una población casi diez veces superior a su cantidad de habitantes -se estima que podrían abastecer a más de 300 millones de personas.

Nunca se insistirá lo suficiente en que, bajo el capitalismo, la producción no apunta a resolver las necesidades sociales sino a producir ganancia. En criollo, comen quienes pueden comprar alimentos, y lo que puedan comprar. El camino estratégico no puede ser entonces la búsqueda de una soberanía alimentaria al interior del Estado burgués, sino por la lucha obrera por la soberanía política de clase sobre los medios de producción agropecuarios al interior del Estado proletario.

Nada se dice en la carta en cuestión de una medida de fondo: nacionalizar el comercio exterior, como parte de un plan económico y político de los trabajadores. La función de un comercio exterior nacionalizado permitiría que el Estado adquiera la producción agropecuaria y de alimentos, asegurando un precio interno basado en los costos de producción, y beneficiarse de un precio externo establecido por el mercado mundial.

Más allá de estas consideraciones, el reclamo es correcto. Es cierto que como científicos somos conscientes de que necesitamos abrir un debate democrático sobre el modo de producción, la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, lo ambiental y lo económico.

La autorización del trigo HB4 remite a un modelo de agronegocios que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo con un uso intensivo de agrotóxicos.

En Argentina, bien se señala, no hay registros oficiales de uso y, en función de las proyecciones, actualmente se usan más de 525 millones de kg/litros de formulados de agrotóxicos por año (alrededor de doce litros por habitante, la tasa más alta del mundo). El glufosinato de amonio al cual es resistente este trigo transgénico es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según la FAO, es quince veces más tóxico que el glifosato. Por este motivo fue ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa.

No hay ningún inconveniente productivo en la actual producción de trigo, por lo tanto este evento transgénico -a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlo como una innovación virtuosa para “alimentar al mundo”- solo sirve para acrecentar el lucro de unos pocos que logran acceder a los altos costos de los paquetes tecnológicos y hacerlos rentables por su amplia escala. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria.

Llamamos a sumar su apoyo para exigir al gobierno nacional que deje sin efecto la aprobación del cultivo de trigo HB4. Debe apoyarse, a su vez, en iniciativas de movilización como las emprendidas para derrotar el intento de sellar el acuerdo porcino con China. En definitiva, es necesario cuestionar la orientación de fondo del gobierno de Alberto Fernández, sintetizada en las tratativas con el FMI, para formular unas relaciones de producción con otras bases sociales.