La legisladora por el Partido Obrero en el FIT, Soledad Díaz, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, responda por el impacto de las fumigaciones con agrotóxicos sobre la salud de la población. La  iniciativa se hace eco de los innumerables reclamos de personas afectadas, a partir de la extensión del uso de químicos que traen graves consecuencias para el bienestar de les cordobeses.

Por eso, con el pedido de informe el gobierno tendrá que responder por el número de personas afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos: ¿qué tipo de atención sanitaria se les brinda a estas víctimas del sistema de agroproducción? ¿Cuáles son los recursos tanto en cantidad de personal como en especialidades médicas con los que cuenta el sistema de salud provincial para atender estas afecciones? ¿Cuenta el sistema sanitario con las historias clínicas unificadas de estas personas? ¿Es posible leer la continuidad de la evolución de cada caso? Son algunos de los interrogantes que deben tener respuestas por parte de las autoridades. Además, se interpela al Ejecutivo sobre los recursos sanitarios puestos a disposición para la atención de las personas afectadas.

¿Por qué resulta tan difícil acceder a los análisis de genotoxicidad o los necesarios, a los vecinos que, rodeados de fumigaciones, fábricas, basurales, derrames o acopio de material de comprobado nivel de contaminación ambiental, reclaman para respaldar sus denuncias de actividades de impacto ambiental negativo? Es otro de los interrogantes del pedido de informe.

El pedido impulsado por la legisladora del FIT también exige que el gobierno comunique si cuenta con plan estratégico desde el Ministerio de Salud “para atender los efectos en los cuerpos de los habitantes con Contaminantes Orgánicos Permanentes (COP)”.  Y si trabaja este Ministerio de Salud en conjunto con el de producción y la Secretaria Ambiental para evaluar los efectos de las diferentes actividades en los cordobeses.

Como se ve, son preguntas que exigen una respuesta, y a la vez resultan un cuestionamiento. Puesto que todo el daño realizado no se podía haber producido sin la responsabilidad del Estado. De modo que es un cuestionamiento a quienes han sido y son responsables de dañar la salud de la niñez, vecinas y vecinos en general.

Es necesario tomar los ejemplos de resarcimientos reclamados en otras partes del mundo. Enfermedades respiratorias, dérmicas, gástricas, neurológicas, metabólicas, de reproducción, psicológicas, batería de análisis clínicos, consultas, tratamientos prolongados, deben ser responsabilidad del Estado y de toda corporación que promueva y facilite una producción que dé ganancias inmediatas para pocos a cambio de consecuencias ambientales, sanitarias y sociales negativas para muchos.

Va quedando expuesto que el modelo de producción actual sólo se concentra en el rinde, en la cotización en bolsa. En los cuerpos de las víctimas se lee la falsa propaganda de inocuidad de las prácticas y sustancias que se inyectan en los ecosistemas para maximizar la extracción sea de metales, minerales, vegetales, animales, petróleo. Es un extractivismo nocivo hasta la muerte, pasando por una larga agonía de enfermedades y por consiguiente un aumento del costo de vida.

Lo señalado profundiza un sistema de salud colapsado ante un virus pandémico que ha desnudado el vaciamiento y continua precarización preexistente. La cartera sanitaria provincial está muy lejos de los enunciados de “Salud para Todos en el Siglo XXI” (Organización Mundial de la Salud, 1998). Objetivos rimbombantes que caen en saco roto cuando se profundizan modelos de enfermedad, hambruna y pobreza.

De muestra está el botón que dejaron como huella las madres de Ituzaingó, pues fueron ellas mismas las que, sin preparación médica, hicieron un relevamiento epidemiológico y llegaron a la conclusión que las autoridades escondieron; las fumigaciones del campo también rociaban al barrio y las consecuencias nefastas en la salud de sus vecinos y familias emergían escandalosamente. Diez años de lucha para que sus historias clínicas pudieran ser tomadas como evidencia y llegar a un juicio que resultó en una condena anecdótica para los imputados -tres años de trabajo comunitario- mientras la muerte aún hoy ronda por sus calles.

La historia se repite en barrio San Antonio, las vecinas tuvieron que recurrir a una ONG para acceder a análisis de genotoxicidad negados en el sistema de salud público, para confirmar las sospechas del efecto contaminante de la fábrica del barrio. Resultó que el total de las muestras de orina tomadas de la niñez y jóvenes contiene xileno, tolueno, formaldehído y acetona, a lo que se agregan cambios genéticos visibles en la variación celular de los raspados de mucosa bucal.

Al derrame de ácido nítrico en el río Calamuchita, la disposición de residuos patológicos en una pendiente con caída a un canal de abastecimiento de agua para consumo del gran Córdoba, los basurales colapsados, la quema del monte. A todo el daño ambiental señalado, se le suma el proyecto de megaproducción porcina con China, todas decisiones políticas sin participación del pueblo afectado.

La iniciativa parlamentaria es un complemento y un refuerzo de la lucha y organizaciones de quienes defienden el ambiente. El próximo 25 de septiembre día de la huelga mundial por el clima volveremos a reclamar respuestas por todo el daño causado a la salud y el hábitat del pueblo trabajador.