18/05/2021
Debate

¿Cuál es la orientación de la sancionada Ley de Educación Ambiental?

El 14 de mayo se aprobó en el Senado, por unanimidad, la Ley de Educación Ambiental impulsada por el gobierno nacional. La promoción del “derecho a una educación ambiental de carácter integral” pretende recoger parte de la inquietud popular que se expresó en grandes movilizaciones en distintos puntos del país contra la depredación. Pero, ¿qué puede enseñarnos un Estado que subsidia a los pulpos del fracking, fomenta la megaminería contaminante y estimula los agronegocios, como base de la economía nacional?

El eje puesto en «la formación ciudadana» y el «ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso» es, como destacamos desde la presentación del proyecto, una pretensión por socializar las responsabilidades en la crisis climática, equiparando las conductas individuales con la destrucción ambiental en que se asienta la producción económica. Pero las microiniciativas ecológicas no remedian la depredación capitalista, amparada por el Estado.

Por otro lado, no se asigna ningún presupuesto especial para su implementación, es decir que estará condicionada al ajuste presupuestario que golpea a la educación. Esta política es precisamente la que en el caso de las universidades, institutos y escuelas técnicas incentiva la firma de convenios con empresas contaminantes, que son las que terminan imponiendo la orientación social de la formación. Un caso emblemático es el del respaldo «científico» de la Universidad de Tucumán a la mina La Alumbrera en Catamarca, cuyas instalaciones se utilizarán ahora para el proyecto Mara que resiste el pueblo de Andalgalá. Pero es generalizado, como retrata también el convenio de Shell con la Facultad de Exactas de la UBA.

La aplicación de la ley queda a cargo de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CENEA), compuesta por funcionarios de los ministerios de Educación y Ambiente, del Consejo Federal de Medio Ambiente y del Consejo Federal de Educación. Estos representantes gubernamentales son quienes convocarán a especialistas y organizaciones ambientales, sindicales y sociales que integrarán el Consejo Consultivo; lo utilizará como una vía de cooptación estatal de activistas y agrupaciones ambientales, a la vez que excluirán a las asambleas y organizaciones que vienen enfrentando el avance megaminero, la fumigación de pueblos enteros con agrotóxicos, las quemas y desmontes, o el acuerdo porcino con China.

Esto porque la depredación ambiental no es un aspecto secundario sino un pilar de la política económica con la que el gobierno de Alberto Fernández buscar garantizar el repago de la deuda externa. Por eso subsidia a las petroleras de Vaca Muerta, aprueba el trigo transgénico HB4 y baja las retenciones a las exportaciones mineras. Tan es así que el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, viajó hasta San Juan a avalar el nuevo emprendimiento de la Barrick Gold, que viene envenenando a la población de Jáchal con los derrames de Veladero, en medio de las puebladas en Chubut y Catamarca contra el lobby minero. Esto es lo que explica que la ley no recoja ninguno de los reclamos por los cuales se vienen protagonizando importantes movilizaciones populares.

Una verdadera Educación Ambiental Integral solo puede partir de una critica a este régimen de depredadores. Es por eso que son las organizaciones ambientales independientes del Estado, junto a los centros de estudiantes y gremios docentes, y especialistas, quienes deben debatir sobre los contenidos a dictar para asegurar una discusión real sobre los costos ambientales de la producción social del mundo en que vivimos, en aras de transformarlo. Llamamos al movimiento ambiental y a la comunidad educativa a luchar por ello.

#BastaDeFalsasSoluciones

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