Cuando se cumplía un año del derrame de agua cianurada en la mina sanjuanina de Veladero, explotada por la Barrick Gold, que fuera el desastre ambiental más grave del país vinculado a la actividad minera, una nueva filtración ha tenido lugar. 

En la primera oportunidad, el "incidente" motorizó una intensa reacción popular que continúa hasta el presente. La sostenida carpa montada frente a la municipalidad de Jáchal muestra a un pueblo en pie de lucha; luego de esta revelación, los pobladores han salido a copar la plaza, exigiendo el cierre definitivo de la mina y participar de las comisiones de control –según el comunicado de la asamblea “Jáchal No Se Toca”, porque “no confiamos en las instituciones ni en los organismos de control del Estado". Los manifestantes han planteado también la renuncia del intendente, Miguel Vega, y que el juez Pablo Oritja proceda a constatar los daños.

La información del derramamiento, ocurrida el 8 de septiembre, tardó seis días en ver la luz. En este secretismo se mancomunaron la empresa y la policía minera, según hace constar el propio Oritja. Rápidamente, Barrick ha comunicado que "por las características del incidente no hubo  amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medioambiente". Repiten los métodos del 2015: ocultamiento primero, paños fríos después. Pero en aquella oportunidad, a raíz de los daños ambientales, la Justicia le impuso una multa para la empresa de 145 millones de pesos.

El perito de parte de la Asamblea “Jáchal No Se Toca”, el especialista Robert Moran, dio cuenta de la profusa contaminación de la mina y de la violación de la Ley de Glaciares por parte del pulpo minero. Tras su visita a la mina, afirmó que "salta a la vista que el sistema de cañerías que bombea la solución de cianuro al Valle de Lixiviación no tiene controles automáticos de presión para detectar pérdidas". Allí justamente fue donde se produjo la filtración. La asamblea, por su parte, publicó hace poco en sus redes análisis de agua que revelan el alto grado de contaminación en la zona.

En marzo pasado, un informe de la ex Secretaria de Medio Ambiente reveló que la Barrick había ocultado otros tres derrames producidos entre 2011 y 2012. La Asamblea “Jáchal No Se Toca” denunció la complicidad de los gobiernos nacional y provincial. 

Todos manchados

El desarrollo de los proyectos contaminantes de la Barrick (como de otros pulpos) contó con el apoyo entusiasta de los gobiernos precedentes. Gracias a la Ley de Inversiones Mineras aprobada por Menem y ratificada por los De La Rúa, Duhalde y Kirchner, pudo desarrollar las explotaciones pagando regalías mínimas y con exenciones impositivas de todo tipo. Tales desarrollos no redundaron en ningún beneficio social para las poblaciones: en San Juan, la minería emplea a menos del 1% de la población económicamente activa.

El macrismo coronó esta tendencia en febrero pasado, con un decreto que eliminaba las ya limitadísimas retenciones a las exportaciones mineras. La medida implica un traspaso de aproximadamente 300 millones de dólares anuales a los pulpos de la actividad. Aquí al gobierno no le importó agravar el déficit fiscal, como esgrime contra los reclamos salariales docentes y a la hora de despedir trabajadores estatales. 

Conocido el derrame, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac anunció la detención provisoria del emprendimiento. Los luchadores de las localidades de Jáchal e Iglesia manifiestan su escepticismo. Es comprensible: el gobernador viene de invitar, en el llamado "mini Davos", a los empresarios mineros a invertir en la provincia, bajo la promesa de otorgarles "seguridad jurídica". 

Por otra parte, en el Congreso Nacional, la Comisión de Recursos Naturales tiene pendiente de tratamiento el pedido de informes que presentó el bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero –integrado por Néstor Pitrola, Soledad Sosa y Pablo López–, elaborado junto a la asamblea “Jáchal No Se Toca”, sobre el derrame del año pasado. Los diputados de la izquierda reclaman ahora, además, la interpelación del ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y que las comisiones de Recursos Naturales y de Minería se constituyan en San Juan, con el objetivo de efectuar un reconocimiento directo en las zonas afectadas.

Una salida

Los pulpos mineros como Barrick desarrollan una actividad parasitaria, afectando severamente al medio ambiente y a las comunidades. Este nuevo "incidente" desnuda el carácter irreconciliable de la depredación capitalista con un ambiente seguro para los habitantes de estas localidades y plantea la nacionalización integral de los recursos naturales, bajo control obrero y con controles ambientales a cargo de las asambleas y de especialistas independientes.