En la provincia de Córdoba se vienen produciendo devastadores incendios. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático informó que existen 4 focos de fuegos activos en el territorio provincial. Se vivieron momentos dramáticos en Los Cocos y Capilla del Monte, se registraron evacuados y fue cortada la ruta 38.

Uno de los focos se desarrolla en Capilla del Monte, en las inmediaciones de la localidad de Dolores. Por este foco se cortó la ruta 38, por el cruce del fuego, y evacuaron al bario Las Gemelas. En el lugar trabajan bomberos, aviones hidrantes, policía, y empleados de Etac y de Plan del Fuego.

Por otro lado, hubo incendios en la localidad de Colazo, departamento Río Segundo; en Sebastián Elcano, en Reducción y en las cercanías a Río Cuarto también existen focos activos.

Días atrás, se dio a conocer que “bomberos de diferentes cuarteles de Córdoba responsabilizaron a las Fuerzas Armadas por los incendios en la reserva de La Calera” (El Perfil, 12/9). Se iniciaron investigaciones penales que luego se giraron a la Fiscalía Federal, que archivó la causa. Es decir que pretenden encubrir la responsabilidad del Ejército en los incendios de La Calera. Aparentemente se habrían producido focos a causa de prácticas de tiro y por el humo utilizado como señalización para prácticas de paracaidistas. Estos hechos negligentes tuvieron lugar en medio de la alerta de incendios en la que se encontraba la provincia.

El centro de memoria de La Perla casi es alcanzado por las llamas, que fueron detenidas con un plan de emergencia. En una foto se observan todos su alrededores arrasados por el fuego.

Es claro que la proliferación de incendios está profundamente relacionada a la política ambiental tanto del gobierno nacional como del provincial. Las obras de infraestructura, la autovía y otros proyectos, la tala indiscriminada en zonas rojas, los incendios intencionales por parte de los pooles de siembra y los negocios inmobiliarios (como los que hay en La Caldera) han modificado la estructura del suelo, de las aguas y de los bosques, lo que causa una mayor propensión a los incendios en el marco de la era del calentamiento climático.

El gobierno y la justicia buscan chivos expiatorios para lavar sus culpas. Los milicos y los responsables políticos gozan de impunidad. La realidad es que el Estado es responsable de la crisis, que es pagada por la población, principalmente de las sierras cordobesas, con un deterioro de sus bienes y su salud.

El gobierno de Llaryora aplica la motosierra sobre los salarios y las jubilaciones jubilaciones en la provincia. ¿A dónde van los fondos del manejo del fuego? Si se sabía de los riesgos para el ambiente, cuáles fueron las partidas destinadas a la prevención del fuego y qué plan de reforestación se piensa implementar son preguntas que debe responder el gobierno provincial.

Es necesario un plan de contingencia ya. Basta de negociados en detrimento del ambiente. Hay que establecer la prohibición de cambio de uso de suelo en zonas incendiadas para impedir que la tierra arrasada sea presa de negociados inmobiliarios y declarar zonas de protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios durante los últimos años. Esto, como parte de un plan integral de remediación del ecosistema.

Además, es necesario establecer un poder de veto, control y seguimiento del cumplimiento de la remediación del suelo a las asambleas populares ambientales, que deben estar constituidas por los trabajadores, las comunidades originarias y los pueblos de cada zona.

Al que hay que vetar es a Milei

Un presidente sin quórum y sin rating festeja con asado el hambre de los jubilados. –

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