Ambiente
19/9/2024
Más ajuste a las partidas ambientales en el Presupuesto 2025, para pagar la deuda
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Crisis ambiental.
El proyecto de Presupuesto 2025 del gobierno fue hecho para garantizar el pago de la deuda; por lo tanto, las partidas ambientales nacionales tienen una asignación miserable. La prevención y combate del fuego, la conservación de los bosques nativos y la biodiversidad, la promoción de fuentes de energía renovables y la fiscalización de actividades productivas y proyectos de grandes obras, responsabilidad del Estado nacional, están tendiendo a desaparecer.
Ya en este año, la cartera ambiental se vio resumida dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo del exmotonauta Daniel Scioli, adjudicándosele ahora apenas un 0,066% del presupuesto. A su vez, a la Administración de Parques Nacionales (APN) se le aplica un porcentaje de alrededor de 0,0047%.
El Programa de Evaluación y Control Ambiental pasó de tener $30.607 millones a $ 16.604 millones de presupuesto, valores que según un informe de Farn (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) representan una pérdida de entre el 53% y el 60% en términos reales. Cabe aclarar que este programa sirve para el control y la fiscalización de residuos, sustancias químicas, efluentes, flora y fauna silvestre y para la evaluación de los estudios de impacto ambiental en áreas nacionales. Si bien siempre fueron cuestionables las declaraciones de impacto ambiental que se emitían, entre otras cosas, por no tener en cuenta los cuestionamientos de los ciudadanos, la reducción del presupuesto limita aún más las funciones de esta área técnica. Y considerando que la cantidad de proyectos a evaluar se verá incrementada por las inversiones atraídas por el Rigi (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones,) los valores asignados resultan exiguos.
La Ley de 26.331 de 2009 de protección de bosque nativos establece un fondo fiduciario de como mínimo el 0,3 % del presupuesto, pero en el artículo 22 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 se asigna un valor mucho menor. La Ley Bonasso (así conocida por su autor) no ha sido cumplida durante los quince años de vigencia, debidos a las autorizaciones de desmontes dadas por los ejecutivos provinciales, violando las áreas de protección fijadas en los inventarios de bosques. Queda patente que la disminución del monto en el actual proyecto de presupuesto va en la misma línea de depredación e incumplimiento de la ley. Los gobiernos favorecen las actividades agrícolas y ganaderas en desmedro del cuidado de las aguas y el suelo e incrementando los riesgos de incendios.
Con respecto a la prevención y combate de los incendios, el presupuesto asigna un 0,025% del total. La partida, ligeramente incrementada respecto de presupuestos anteriores, está calculada en base a la capacitación de 1.700 agentes, el equipamiento de 12 brigadas y 3.600 horas de vuelo. No obstante, los incendios continúan debido a que por razones políticas y en vistas a destinar las áreas incendiadas a emprendimientos depredatorios, no se hace hincapié en la prevención.
Otro aspecto a tener en cuenta es la energía. Se observa que la partida Sustentabilidad del Mercado Eléctrico, que contribuye a reducir las tarifas de los consumidores, tiene una fuerte caída; se prevé que el 84% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por los aportes de los usuarios. Esto no garantiza el acceso al recurso de los pequeños consumidores. Lo que sí está garantizado es el subsidio a los hidrocarburos, dado que el gobierno otorgará $305.000 millones, correspondiendo $77.000 millones a la demanda y $228.000 millones a la oferta (producción y distribución). El subsidio a los consumidores se reduce respecto de años anteriores, no así el importe que favorece a las petroleras.
Se han reducido programas de incentivos a las energías renovables, lo que va en detrimento de una matriz energética más equilibrada. Considerando que las energías no convencionales (solar, biomasa, microturbinas hidráulicas) aportan estabilidad por no depender del precio internacional del hidrocarburo, no es conveniente la promoción exclusiva de los combustibles fósiles.
Una pérdida de recursos para fines socio-ambientales es el dinero que el Estado deja de recaudar para garantizar exenciones impositivas a los sectores promocionados; tal es el caso de la minería. El Régimen de Inversiones Mineras (Ley 24.196/93) ha generado una pérdida de $136.000 millones en 2023 y de $396.000 millones estimados para este año. Según se estima, para 2025 se dejarían de percibir $541.000 millones correspondientes a 42 empresas mineras que entre otros beneficios prácticamente no pagan impuesto a las ganancias.
Conclusión
Este gobierno viene a profundizar la política de entrega de los bienes comunes y de disminución de los controles ambientales. Solo la nacionalización de las empresas y el control de los trabajadores sobre los procesos productivos, en forma conjunta con las comunidades afectadas, puede garantizar un cambio que contribuya a un consumo acorde a las necesidades de la población.
