Reeditando una gran movilización impulsada el año pasado, el movimiento ambiental volvió a ganar las calles este martes con la consigna “9/11 Emergencia Socioambiental” para denunciar que, mientras Alberto Fernández y los gobiernos imperialistas que se reúnen en la COP 26 para prometer grandes planes de mitigación del cambio climático, avanza sin tregua la depredación capitalista del ambiente. El ajuste fondomonetarista del gobierno es enemigo de cualquier sustentabilidad productiva.

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analiza las partidas catalogadas en el mensaje del proyecto de Presupuesto 2022 con la etiqueta Ambiente Sostenible y Cambio Climático, y da cuenta que se trata de un recurso para encubrir el recorte frontal de las áreas más sensibles. La protección de bosques nativos y gestión de recursos naturales sufre una reducción nominal del 24,5% (del 43,9% en términos reales, calculado con la subestimada pauta oficial) o la Administración de Parques Nacionales que pierde 7,8% con esa inflación proyectada. La partida de control ambiental, que representa más de tres cuartas partes de las adjudicadas al Ministerio de Ambiente, cae también un 2,9% real.

Esta poda es disimulada con la casi duplicación de lo presupuestado como asistencia financiera a la empresa estatal Aysa, que equivale nada menos que al 47,48% de todo lo etiquetado Ambiente Sostenible y Cambio Climático. Si a ello sumamos que otro 40% se encuentra destinado del Ministerio de Infraestructura y del ente a cargo de Obras Hídricas, áreas que este año subejecutarán casi la mitad de sus recursos, y sin especificación alguna (como advierte la OPC), tenemos que estamos ante un verdadero fraude para simular que las partidas “verdes” pasan del 2,1 al 2,5% del presupuesto total del Estado nacional.

Esta política de ajuste incluye por supuesto un nuevo incumplimiento alevoso de la Ley de Bosques, que establece que debe asignarse para su implementación el 0,3% del presupuesto total más el 2% de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, por lo que debería rondar los 45.000 millones de pesos, pero el gobierno reduce la partida de 1.500 a 1.200 millones (un recorte nominal del 20%), equivalente a 22 pesos por hectárea categorizada como roja o amarilla. Esto en un país en que en 2019 un tercio de los desmontes se realizó en zonas protegidas, y en 2020 fueron incendiadas medio millón de hectáreas. El fuego en los bosques patagónicos puso al descubierto el desmanejo de los gobiernos provinciales y nacional. Se estima que el 90% de las quemas es intencional, especialmente promovidas por la especulación inmobiliaria y la expansión de la frontera agrícola.

Además de los bosques nativos, estos negocios avanzan sobre grandes extensiones de humedales, como evidenció el drama de las islas del Delta del Paraná y denunciaron miles de rosarinos con numerosas movilizaciones. La invasión de carpinchos en la zona del Nordelta muestra el choque de estos megaemprendimientos inmobiliarios con la biodiversidad, y las respuestas ensayadas son indicativas de las prioridades: recientemente el gobierno del cambiemita Gustavo Valdés en Corrientes debió dar marcha atrás con la resolución de incentivar las caza privada de estos animales y eyectar al funcionario que la firmó.

Mientras se vive este drama, oficialismo y oposición mantienen cajoneado el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso, el cual en dos semanas perdería estado parlamentario por enésima vez. La incapacidad de sancionar una norma de protección de estos ecosistemas no tiene misterios, cuando se pretende avanzar en regímenes de beneficios extraordinarios a las cerealeras -luego de un año de ventas récord por los altos precios internacionales de la soja, el maíz y el trigo. El objetivo es que no decaigan las exportaciones agrarias, ya que es la principal garantía de repago de la duda externa que Martín Guzmán ofrece al FMI. Con ese trasfondo es que el nuevo ministro del área, Julián Domínguez, se reunió con Bayer-Monsanto para promover sus paquetes productivos que incluyen desde las semillas fiscalizadas hasta los agrotóxicos que envenenan a la población.

Esta orientación, que incluye un plan para multiplicar por diez las exportaciones de la megaminería y los incentivos al fracking (e incluso los cuestionados proyectos petroleros sobre el mar argentino), tuvo uno de sus capítulos más repudiados por el movimiento ambiental en el intento de avanzar en un desembarco grandes granjas industriales de cerdos de capitales chinos. El riesgo que acarrea para la salud y el ambiente este tipo de producción (con hacinamiento de animales, concentración de deshechos, ingentes cantidades de antibióticos) ya no requiere mirar lo sucedido en otros continentes: Argentina debió disponer un alerta sanitaria por la proliferación de Peste Porcina Africana en República Dominicana y Haití.

Por todo eso, la defensa del ambiente no solo realza la importancia de enfrentar el lobby de los agronegocios, las petroleras, las mineras y los desarrolladores inmobiliarios, sino toda la política económica de ajuste dictada por la intención de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, la cual aúna a oficialistas y opositores. Si solo la movilización popular puede arrancar la sanción de la Ley de Humedales o el cumplimiento de la Ley de Bosques (lo cual no sucedió desde su entrada en vigencia hace más de una década), y derrotar ofensivas como la habilitación a la minería contaminante, esa perspectiva saldría reforzada políticamente con una gran elección del Frente de Izquierda Unidad que amplíe la representación en el Congreso, legislaturas y concejos para combatir a los bloques políticos que son responsables de la depredación ambiental desde hace décadas. Esto, debido a que el FIT-U es la única fuerza que inscribe su programa en la lucha contra el ajuste fondomonetarista.