La Ley de Bosques en 2022 recibirá tan solo $1.332 millones, el equivalente al 0,01% del total de las erogaciones. Eso quiere decir que se destinarán $22 por hectárea para la protección de los bosques en áreas categorizadas como rojas y amarillas. No sorprenden estos números cuando el presupuesto refleja la necesidad de ajustar el gasto, en respuesta a las exigencias del FMI.

La Ley 26.331 modificó el marco nacional de protección de bosques nativos. Sancionada en 2007 e implementada desde 2009, esta ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, a pesar de contener en su letra artículos que contemplan el control de la dinámica de los ecosistemas nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse tanto para el monitoreo, vigilancia y preservación, y garantizar un uso sustentable de los mismos y su restauración donde fuera necesario.

Esto hecha luz sobre las palabras del propio Alberto Fernández, según quien “los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental, junto la categoría de ‘acreedores ambientales’ -que son los países menos desarrollados- son claves para la salida de la crisis” (Infobae, 8/9).

El desfinanciamiento e inoperancia de un área tan sensible funciona como complicidad estatal con las más variadas estrategias de modificación de uso del suelo en beneficio de la especulación inmobiliaria, la megaminería y el avance de los agronegocios, ampliando cada año la cantidad de hectáreas destinadas a estas prácticas y reduciendo cada vez más los manchones de cobertura vegetal a proteger.

Ante la falta de confección de mapas, inventarios y control de los bosques redunda en una política de los gobiernos provinciales de beneficiar a los empresarios de la agroindustria, energía y minería en la actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo -que debería ocurrir en cada provincia cada cinco años-, incluyendo la recategorización de las áreas protegidas. Es así que abundan los desmontes con tala, topadoras, fuego o químicos.

El propio Fernández sostiene que “la importancia de una política no está dada sólo por una declamación, sino por el monto que se destina a desarrollarla”: para los bosques argentinos el monto es escaso hace décadas, ya que no se otorga el financiamiento correspondiente (0,3% del presupuesto nacional más el 2% de retenciones del año anterior) escrito en la propia ley. Desde la sanción de la 26.331 se coarta deliberadamente su implementación, a la par que se omiten las miles de denuncias de desmontes ilegales, se modifican la categorización del suelo (zonas en rojo que pasan a amarillo y verde, donde se habilita la explotación económica) sin siquiera evaluación de impacto ambiental.

Es que el Presupuesto 2022 fue diseñado en sintonía con las declaraciones del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien afirmó que para pagar deuda hay que contaminar. Esta política de saqueo se refuerza con la reestructuración del gabinete nacional tras la derrota electoral en las primarias, con la incorporación de funcionarios que ofician de lobbistas de los grupos económicos extractivistas y contaminantes, como Juan Manzur y Julián Domínguez. A medida de estos intereses promueven la Ley de Agroindustria o la Ley de Hidrocarburos, con un horizonte de corto plazo para hacerse de los dólares necesarios que el FMI exige para firmar un acuerdo, a costa del crecimiento del hambre y la depredación ambiental.

Los partidos que gobiernan de verdes y sustentables sólo tienen el discurso. Nuestros bosques nativos siguen sufriendo modificaciones irreversibles o que ponen en jaque la resiliencia del sistema a una escala acelerada de tiempo. Los partido patronales y los capitalistas son responsables del ecocidio local y global.

La salida a la crisis ambiental solo puede provenir de la lucha contra estos intereses, organizada de manera independiente del Estado. Opongamos un frente de lucha ambiental que aglutine las particularidades de los territorios. Conquistemos el poder de veto y decisión de las asambleas ambientales y de pueblos originarios. Para terminar con este régimen de avasallamiento del ambiente y nuestros derechos, es indispensable empezar por el no pago de la deuda externa.

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