En el Museo del Bicentenario, Alberto Ferández y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Agricultura, Julián Domínguez, anunciarán el envío al Congreso del proyecto de ley impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -liderado por las grandes cerelaeras. Del acto también participarán gobernadores y representantes del gran capital agrario.

La llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, como hemos señalado en Prensa Obrera, tenía el objetivo de acercar posiciones con el capital agrario, particularmente tras la tensión generada por las restricciones a las exportaciones de carne: “lo que se trata de mandar es un fuerte mensaje a la demanda de todo el complejo agroindustrial” (Télam, 30/9). Así, mientras convocaba a la Mesa de Enlace para limar asperezas y proceder a la apertura de la exportación vacuna, el CAA envió una carta de “bienvenida” al nuevo ministro reclamando el avance de la Ley de Agroindustria por la cual hace lobby desde el año pasado y que en la apertura de sesiones del Congreso el propio presidente se comprometió a presentar.

El proyecto que crea el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” parte entonces de la iniciativa de diversos sectores del capital agrario, y contempla todo un esquema de reducciones impositivas, permitiendo descontar del Impuesto a las Ganancias la compra de maquinaria, insumos y semillas fiscalizadas, y exime del mismo a los ganaderos durante el proceso de engorde. Estas prebendas serían retroactivas a enero de 2021. Un punto destacado sería la potestad de poder girar dólares al exterior al tipo de cambio oficial sobre una porción significativa de las divisas liquidadas, como establece también el proyecto Ley de Hidrocarburos recientemente enviado.

La meta es de expandir las exportaciones hasta 100.000 millones de dólares para 2030, lo cual representa un 54% más de lo que hoy se vende al exterior. El objetivo es ambicioso, si se tiene en cuenta que el aumento extraordinario en el ingreso de divisas provenientes de la cosecha 20/21 se dio gracias a la disparada de los precios de las commodities a nivel internacional, y no a un aumento de las cantidades exportadas. De hecho, las mismas bajaron un 1,2% en el año. Es decir que a pesar de los récords históricos impera en el sector una huelga de inversiones, que se expresa incluso en una caída del rendimiento de los cultivos.

Si nada asegura que los beneficios fiscales deriven en un vuelco a la inversión, lo que sí es seguro es que estimula la concentración en pooles de siembra y la dependencia de los monopolios como Monsanto-Bayer que desde las semillas concentran todo el paquete tecnológico productivo (fertilizantes, agrotóxicos, etc.)

Domínguez y Guzmán destacan que esta ley es promovida por la necesidad de aumentar las exportaciones para obtener más divisas en las arcas del Estado. Sin embargo, eso no persigue ningún desarrollo productivo del país, si no ofrecer garantía de repago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. La subordinación a los pulpos de los agronegocios, un puñado de firmas multinacionales que acaparan el mercado exterior de granos y derivados desde sus puertos privados, es un camino contrapuesto al de la soberanía alimentaria de la que hablaba Alberto Fernández antes de dar marcha atrás con la intervención de Vicentin, y refuerza la posición colonial de Argentina en el mercado mundial.

Es la misma orientación que se expresa en la continuidad de la entrega de la Hidrovía a capitales extranjeros. Pero es precisamente este régimen de saqueo lo que deriva en el supuesto faltante de divisas; como reconoció el propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, al declarar que “Argentina genera un gran excedente económico”, y que los capitalistas argentinos atesoran 200.000 millones de dólares – es decir que actúan como socios menores de este saqueo.

El sometimiento de la producción agrícolaganadera a los intereses de los pulpos agroexportadores lo único que deja para la población del país es un deterioro de sus condiciones de vida y del suelo, el despojo de tierras a las comunidades y la concentración de la producción, e incluso un encarecimiento de productos que son insumos claves de toda la industria alimenticia (trigo, maíz, aceites). Sí promete ser un gran negocio además para los terratenientes y para las semilleras.

Para ponerle fin a este saqueo es indispensable empezar por el no pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta, para que junto a la nacionalización del mercado exterior bajo control obrero se pueda avanzar en un desarrollo real de la industria nacional.