El viernes 20 de noviembre, último día del período legislativo para la aprobación de dictámenes de las comisiones de la Cámara de Diputados, se dio despacho a un proyecto de Ley de Humedales que unifica una decena de presentaciones de los distintos bloques políticos. Esto representa una conquista de la movilización popular, que ante los incendios intencionales en varias provincias ganó las calles con reclamando la sanción de una norma que preserve estos ecosistemas. Sin embargo, las limitaciones del proyecto y la urgencia de la crisis ambiental dejan planteado continuar la lucha.

Hace ocho años se presentaba el primer proyecto de Ley de Humedales en el Congreso. A lo largo de este tiempo, las trabas impuestas por los distintos gobiernos nacionales y provinciales bloquearon que prospere la aprobación. Pero desde el año pasado el movimiento ambiental ha tomado las calles de manera masiva con las huelgas internacionales por el clima, y luego con la rebelión mendocina en defensa del agua que derrotó el intento de modificar de la ley 7722 para habilitar la minería.

Ya desde su campaña electoral, Alberto Fernández anunciaba que pagaría la deuda externa “con crecimiento”, en base a profundizar el saqueo de los recursos y las exportaciones primarias. Ahora, pandemia mediante, luego de la entrega de las arcas del país a los bonistas, negocia el plan económico con el FMI. Si a esto le sumamos la mayor sequía en las últimas décadas, se configuró un escenario propicio para la expansión sin precedentes de las quemas intencionales para avanzar en la frontera sojero-ganadera y con emprendimientos inmobiliarios. No es un fenómenos nuevo, pero este 2020 batió todos los récords.

Las quemas en las Islas del Delta del Paraná generaron masivas movilizaciones populares en Rosario, donde rápidamente se instaló la consigna “Ley de Humedales ya”. Los cortes del puente Rosario-Victoria, los acampes y las manifestaciones, pusieron sobre la mesa la complicidad de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, que carecieron de acciones para frenar los miles de focos de incendio.

A lo largo de estos meses creció el planteo de una moratoria para ponerle fin a los métodos utilizados por terratenientes, ganaderos y pooles de siembra para desarrollar el agronegocio en nuevas tierras. La moratoria consiste en prohibir nuevas actividades “durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la presente ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental del Territorio”. La inclusión de esta moratoria representa una de las mayores conquistas de la movilización popular -aunque no fueron contempladas todas las actividades.

Otro aspecto destacable del dictamen de mayoría es el Artículo 19, que prohíbe “en los humedales la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluyéndose las fumigaciones aéreas y terrestres, como así también toda intervención que afecte negativamente la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad y su integridad ecológica”.

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¿Cuáles son las limitaciones?

El dictamen de mayoría es presentado como la conjunción de diez proyectos, entre los cuales se encuentra el del Frente de Izquierda. Sin embargo, adolece de aspectos importantes y contiene otros regresivos.

En primer lugar, una de las claves del proyecto firmado por Romina Del Plá era la prohibición inmediata de “la utilización de fuego y las quemas a partir de la sanción de la presente ley o hasta la recuperación de los ecosistemas afectados” y esta medida necesaria no fue considerada dentro de la moratoria.

En segundo lugar, el dictamen de mayoría establece la creación de un Consejo Consultivo conformado por funcionarios de los Ministerios y representantes de organizaciones ambientales, sociales y sindicales. El carácter consultivo de este organismo deja en manos del propio Estado, socio de los capitalistas depredadores, el cumplimiento de la ley. La experiencia recorrida con la Ley de Bosques mostró que los desmontes siguen, al igual que a pesar de la Ley de Glaciares continúan las explotaciones mineras en áreas periglaciares como en Veladero.

Estos ejemplos muestran la necesidad de un consejo resolutivo. Es lo que plantea el Frente de Izquierda exigiendo la conformación de consejos autónomos compuestos por distintos representantes de las comunidades locales con poder de veto, para enfrentar los lazos entre el Estado y los capitalistas que terminan haciendo letra muerta de las normas ambientales.

En tercer lugar, el Artículo 36 establece que se destinará tan solo el 0,3% del presupuesto nacional para el Fondo Nacional de Humedales. El financiamiento se completa con “las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales e internacionales”, lo cual deja la puerta abierta a que los mismos pulpos depredadores pongan recursos para amañar los alcances de la ley en pos de salvaguardar sus propios intereses.

Por último, el Artículo 41 que habla de las sanciones fija un piso irrisorio para las multas por incumplimiento, equivalente a un salario mínimo. Este punto es un gris, necesario para evitar afectar a los capitalistas. Más aún, estas multas no serán utilizadas para el financiamiento de la ley, lo que indica un guiño hacia las arcas de las provincias.

Conclusiones

El tratamiento de estos proyectos se debe a la presión en las calles, no a las supuestas buenas intenciones de los oficialistas que presionan por poner en marcha el acuerdo porcino con China, ni de quienes apoyan esta norma para encubrir sus propios lobbies provinciales con el agronegocio. Pese a las limitaciones del dictamen, es una conquista parcial que tendrá que ser defendida con la movilización popular para que efectivamente se trate y sea sancionada.

En paralelo a este lento trámite parlamentario los incendios continúan, aí como así también los desmontes y el avance megaminero con eje en Chubut. Para defender los humedales, sigamos apostando a una organización del movimiento ambiental de manera independiente a los gobiernos.

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