18/11/2020
Farsa oficial

Entre la demagogia ambiental y el «aporte solidario» para los pulpos del fracking

Derrotemos el intento del gobierno de fracturar al movimiento que lucha en las calles.

Movilización a la Casa de Chubut contra la ofensiva megaminera.

El martes 17 fue un día convulsionado en la situación política nacional, y en particular para las organizaciones que luchan en defensa del ambiente. Mientras muchos nos movilizábamos en la Ciudad de Buenos Aires desde la Casa del Chaco en rechazo al acuerdo porcino con China que puso en marcha el gobernador Jorge Capitanich, hasta la Casa de Chubut para repudiar la ofensiva megaminera de Mariano Arcioni -persecusión política a los luchadores inclusive-, otro sector de grupos ambientales celebraba que en la Cámara de Diputados se votaron una serie de proyectos que interpelan al movimiento ambiental.

Específicamente se sancionó la Ley Yolanda que establece capacitaciones sobre «desarrollo sostenible» a funcionarios públicos, y se aprobó el proyecto de Máximo Kirchner para modificar la Ley de Manejo del Fuego. La sesión estuvo atravesada sin dudas por la votación del “aporte solidario”, de cuya recaudación un 25% irá al subsidio a las petroleras mediante el Plan Gas. Es decir que el gobierno que intenta mostrarse como preocupado por los incendios y la formación de sus funcionarios en materia ambiental, al mismo tiempo financia una actividad tan destructiva como el fracking.

La Ley Yolanda no ataca ninguno de los intereses de las empresas contaminantes pero pretende cooptar a un sector del activismo para frenar los reclamos. La modificación a la Ley de Manejo del Fuego no implica ninguna transformación importante pero busca ocultar el cajoneo de la Ley de Humedales y el incumplimeinto de la ya limitada Ley de Bosques, mientras siguen quemándose los montes nativos cordobeses y las islas del Paraná frente a Rosario. Si los primeros dos proyectos no cambiarán nada, los estímulos a los pulpos depredadores sí tienen una injerencia en las condiciones de vida de la población y sobre el ambiente.

El “aporte solidario” que irá a subsidiar a los pulpos del fracking busca ofrecer un salvavidas al progresismo que revista en el Frente de Todos, mientras la negociación con el FMI avanza con un nuevo saqueo a los jubilados, el violento desalojo de las familias de Guernica y otras cientos de ocupaciones de tierras, la eliminación del IFE, la sanción del Presupuesto 2021 de ajuste, entre tantos otros ataques a los trabajadores y la juventud.

Es una farsa. Lo es en particular para el movimiento ambiental, ya que mientras sectores del oficialismo posan de rígidos con «los ricos» el gobierno beneficia a los pulpos sojeros y mineros con la baja de las retenciones. Esta política económica del gobierno de Alberto Fernández, orientada a la salvaje destrucción del ambiente, tiene el único fin antinacional de cumplir con el repago de la deuda externa. Pero también desnuda a estas iniciativas legislativas como herramientas de cooptación.

La farsa no se termina ahí. Ahora busca lavarse las manos del impacto nefasto del acuerdo porcino con China, postergado por la movilización popular, transfiriendo su puesta en funcionamiento a las provincias. Es una réplica de la reforma menemistas del ’94, que delegó en cada gobernador la potestad sobre la explotación del suelo y el subsuelo. Para derrotar las maniobras del gobierno nacional y de los provinciales, el movimiento ambiental debe seguir movilizado y defender su independencia política, rechazando cualquier coqueteo con los tentáculos del poder.

Abajo el régimen de los depredadores del ambiente. No al pago de la deuda externa. Nacionalización bajo control obrero de los recursos estratégicos: de la industria hidrocarburífera, de la gran propiedad de la tierra, de la banca y del comercio exterior. No al acuerdo porcino con China. Basta de quemas y desmontes. Abajo el trigo HB4 y las fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas. No a la megaminería contaminante. Saneamiento de los ríos y suelos contaminados bajo supervisión de organizaciones ambientales y vecinos, a cargo de las empresas responsables. Fin de la especulación inmobiliaria que devasta bosques y humedales. Poder de veto de las asambleas ambientales y comunitarias sobre los emprendimientos productivos. Por una transición hacia energías renovables y limpias, como parte de un plan de reorganización productiva del país sobre nuevas bases sociales, debatido y dirigido por los trabajadores.

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