Máximo Kirchner presentó, junto a diputados del PJ, de Consenso Federal y de diversos bloques asociados a los gobernadores, un proyecto de modificación de la Ley de Manejo del Fuego. En realidad es un agregado del artículo 22 bis de dicha norma, basado en la protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y prohibir las modificaciones que impliquen cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

El kirchnerismo anunció este proyecto con bombos y platillos, intentando mostrarse aliado de quienes defienden el ambiente… mientras impulsa el trigo HB4 o la megaminería. Es que la lucha ambiental se desarrolló a fondo durante la cuarentena, ante la profundización del avance sobre el ambiente como respuesta a la crisis que atraviesa el país -y el mundo en general-, en función del rescate del capitalismo.

Es la orientación política que tomó el gobierno de Alberto Fernández, con el visto bueno de todos los gobernadores. Por lo tanto, vale clarificar varias consideraciones. El proyecto establece la prohibición en el cambio del uso de los suelos en los casos donde hubo incendios -algo que ya existe en cuanto a bosques nativos-, impidiendo la venta o loteo y la habilitación de proyectos inmobiliarios. Amplía el universo a los humedales o áreas naturales protegidas por 60 años, y por 30 años para las zonas de pastizales periurbanos.

Esta presentación tiene baches legales que la condenan a tener mínima o nula aplicación. En primer lugar, al no establecer retroactividad, los terrenos que actualmente están sufriendo incendios no serán protegidos, al igual que las numerosas tierras que sufrieron incendios en años precedentes, ¿Desde cuando valdría la protección? Por otro lado, ni siquiera establece la realización de un inventario para fijar esta protección.

Tampoco se establecen sanciones especiales. Las penalizaciones establecidas en la Ley de Manejo del Fuego arrancan de sanciones económicas que llegan a los 50 salarios mínimos, y pueden incluir la clausura del establecimiento. Sin embargo, en la práctica nunca se aplican sanciones, por la complicidad entre las autoridades locales y nacionales en todos los niveles, y los intereses asociados a las quemas. En Córdoba, por ejemplo, se registran 208 incendios en cuatro años en la Estancias San Alejo y De las Piedras en la Pampa de Achala.

Así, el proyecto es una versión muy desmejorada de toda la legislación nacional en materia de ambiente, que declama principios generales de defensa de los bosques nativos, los glaciares y todo tipo de ecosistemas, pero en la letra chica termina brindando todo tipo de garantías a los intereses empresariales y al Estado  para seguir depredando.

La novedad consistiría en que el proyecto dejara de asignar la responsabilidad en la investigación de los incendios a los organismos de los gobiernos y justicias provinciales, donde se tejen lobbies con los ganaderos, pooles de siembra, especuladores inmobiliarios que con los métodos de la quema preparan los terrenos. Hasta tal punto las autoridades forman parte de este entramado que autorizan la obra pública liquidando ambientes naturales, como ocurre con las contratistas de la obra pública vial en el caso de la autovía de montaña en Punilla en Córdoba, por ejemplo.

El proyecto de ley no establece ningún cambio en los fondos de financiamiento de los programas de mitigación del fuego; un punto absolutamente crucial. Los bomberos siguen prestando servicio en calidad de voluntarios. La caída presupuestaria en cada provincia para esta área ha ido paralela al aumento de la frecuencia de los incendios.

Lo que corresponde plantear es el poder de veto y de control, así como seguimiento del cumplimiento de la legislación, para las asambleas populares, ambientales y pueblos originarios. Es lo que proponen los proyectos del Frente de Izquierda, tanto el de prohibición de desmontes como la Ley de Humedales, presentados en el Congreso, y el de prohibición de cambios de uso de suelo quemado presentado en la Legislatura de Córdoba.

Este último, autoría de la diputada Soledad Díaz del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, fue presentado en el marco de la Huelga Mundial por el Clima, 15 días antes que el de Máximo. Establece la prohibición en el cambio de uso del suelo en terrenos incendiados en los últimos cinco años, así como de la realización de loteos por el término de 20 años. Establece la realización un inventario de las zonas afectadas, sumado al ya mencionado poder de veto.

Con ello se apunta a frenar un tiempo la depredación y pasar a un modelo de transición de la matriz productiva. No propone el tiempo de remediación de un bosque, de un monte, ni propone modificar la legislación proteccionista existente; pero sí agrega un artículo que abrió debate acerca de la cuestión de quiénes son los verdaderos interesados y con capacidad de velar por el cuidado del ambiente. Finalmente, cuántas asambleas en su largo recorrido han construido el auténtico informe de impacto ambiental.

La única manera de frenar definitivamente los incendios en todo el país es que los trabajadores locales, la juventud y las comunidades tomen partido en esta lucha para ser los que decidan.

Vamos por la urgente aprobación de una verdadera Ley de Humedales. Por la prohibición inmediata de los desmontes. Por la prohibición efectiva del cambio de uso del suelo en Córdoba y en todo el país.