En lo que va de enero, tres referentes campesinos fueron asesinados en Honduras. El último crimen se produjo el miércoles 18, cuando Omar Cruz Tomé, de la cooperativa Los Laureles, fue abatido por un sicario en su domicilio de Toca, departamento de Colón. También fue muerto su suegro.

Los compañeros de Cruz Tomé apuntan a la empresa agroindustrial Dinant, a la que el activista había señalado días antes ante el Ministerio Público por sus lazos con una banda criminal llamada “Los Cachos”. A su vez, la mencionada firma supo denunciar en el pasado a Cruz Tomé y otros activistas por un proceso de recuperación de tierras.

La cooperativa a la que pertenecía Cruz Tomé posee 600 hectáreas que son codiciadas por grandes grupos capitalistas. Junto a otras cooperativas, se nuclea en la Plataforma Agraria del valle del Aguán. En octubre del año pasado, este espacio alertó sobre un plan para asesinar a los principales referentes campesinos de la región, pero el Estado hondureño ignoró las denuncias.

Días antes del crimen de Cruz Tomé, fueron muertos Aly Domínguez y Jairo Bonilla, quienes enfrentaban la contaminación de los ríos por parte de proyectos mineros a cielo abierto.

Honduras es uno de los países más mortíferos para los activistas ambientales. En 2016, se produjo el icónico crimen de Berta Cáceres.

El gobierno centroizquierdista de Xiomara Castro, que asumió a comienzos de 2022, no ha encarado una lucha contra estas bandas criminales, que siguen operando con total impunidad.

En cambio, ha dictado, en nombre de la lucha contra el delito, un estado de excepción (prorrogado en enero por otros 45 días) que refuerza las atribuciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, instituciones que, como señala un comunicado de diciembre de Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), fueron ejes fundamentales del golpismo contra Manuel Zelaya y del régimen del expresidente derechista, Juan Orlando Hernández –bajo el cual fueron asesinados decenas de manifestantes.

Juicio y condena a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Cruz Tomé, Domínguez y Bonilla. Basta de depredación ambiental y apropiación de tierras por parte de los grupos mineros y agroindustriales. Desmantelamiento de las bandas criminales.