Ambiente
21/9/2026
Intentan exonerar a la investigadora del Inta que lideró el Proyecto Sprint en Argentina
La investigación que detectó la presencia generalizada de agrotóxicos en sangre y fue censurada.
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agrupación Naranja Ciencia y Técnica
La doctora Virginia Aparicio es una ingeniera agrónoma del Inta e investigadora del Conicet que lideró el Proyecto Sprint en Argentina, el estudio más grande jamás realizado sobre presencia de plaguicidas en cuerpos humanos y ecosistemas. Por eso hoy el Consejo Directivo del Inta intenta exonerarla, una sanción administrativa que conlleva la baja automática de todos sus cargos y la inhabilitación de por vida para ejercer en un cargo público.
No es una represalia aislada. Es la culminación de una connivencia de décadas entre el lobby sojero y todos los gobiernos, que va desde el vaso de glifosato de Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, hasta la Resolución 1081/2023 firmada por Mariano Garmendia, con la que el extitular del Inta dispuso retirarse del proyecto Sprint.
Un proyecto que incomodó a todos
Proyecto Sprint (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach) fue un proyecto internacional financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, coordinado por Wageningen University & Research, con un presupuesto de casi 15 millones de euros. Se desarrolló entre septiembre de 2020 y febrero de 2026 con un enfoque integrado de salud de ecosistemas, plantas, animales y personas (EPAH). Argentina fue uno de los 11 sitios de estudio, junto con diez países europeos.
En 2021 se analizaron 209 sustancias activas con usos múltiples como plaguicidas, biocidas o medicamentos veterinarios. En 4.573 muestras de suelo, agua, sedimentos, aire, cultivos, animales y personas. Los resultados fueron contundentes: se encontraron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado. Se detectaron agrotóxicos incluso en personas que viven lejos de las fumigaciones, y también en alimentos, polvo del hogar, granos, animales, suelos y agua. Por eso mismo, la publicación y difusión de las conclusiones fue censurada.
En una charla sobre la problemática organizada por la agrupación Naranja en 2025, una de las 73 personas que voluntariamente formaron parte del proyecto y que dieron positivas para más de una docena de agrotóxicos en sangre y orina afirmó: "Nosotros los voluntarios pusimos nuestros resultados individuales a disposición para que se conozcan las únicas estadísticas que hay disponibles. Este proyecto vino a corroborar lo que las comunidades fumigadas saben hace tiempo".
Aún cuando la Agencia Europea de Investigación (REA) recomienda la publicación de los resultados en el Sprint Global Health Risk Assessment Toolbox, esta fue prohibida en Argentina. El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de la asunción de Milei, el entones presidente del Inta Mariano Garmendia firmó la Resolución 1081/2023 para salir del Sprint. La decisión fue tomada por el Consejo Directivo del Inta, un cuerpo formado por cinco representantes del sector público y cinco del sector privado que no dudó en defender los intereses del agronegocio.
Hoy ese mismo consejo intenta la exoneración de Virginia Aparicio. Desde 2023 los voluntarios del proyecto siguen reclamando el acceso a la información y difunden los resultados por su cuenta. A este reclamo sostenido por la comunidad científica, activistas ambientalistas y asambleas de vecinos, hoy se suma el reclamo por la no exoneración de Virginia.
Una nueva vieja historia
La persecución a Virginia Aparicio no comenzó con Milei. Es la continuidad de una política sostenida por gobiernos consecutivos, alineada con el lobby agroindustrial que garantiza impunidad para el avance del modelo extractivista.
En 2009 el biólogo Andrés Carrasco (Conicet-UBA) presentó resultados preliminares que sugerían que formulaciones comerciales de glifosato podían producir malformaciones en embriones de anfibios. La respuesta del entonces ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, con el respaldo político y mediático de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue desestimar públicamente los hallazgos, dudar de su rigurosidad y ofrecerse demagógicamente a beber un vaso de glifosato. El mismo patrón ocurre hoy: silenciar la evidencia y proteger el negocio.
En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, se aprobó el trigo transgénico HB4 desarrollado por Raquel Chan (UNL-Conicet) y transferido a la empresa Bioceres. A pesar de que 1400 investigadores e investigadoras de 35 universidades e institutos de todo el país firmaron la carta del colectivo "Trigo Limpio" solicitando dejar sin efecto la aprobación y convocar a un debate social, el trigo HB4 fue aprobado para su comercialización. Hasta el momento, de los 66 cultivos transgénicos aprobados en Argentina 31 son resistentes al glufosinato de amonio, un herbicida prohibido en la Comunidad Europea.
Este mecanismo de silenciamiento y direccionamiento de la ciencia pública hacia los intereses del privado se inscribe, además, en el mayor ajuste del sistema científico desde las últimas décadas. El gobierno de Javier Milei ha profundizado esta matriz extractivista mediante el ahogo presupuestario a universidades, el congelamiento de becas del Conicet y el desmantelamiento operativo de organismos como el Inta. Sin embargo, mientras el Estado se retira de sus funciones de control ambiental y sanitario en nombre del "libre mercado", interviene activamente con su aparato burocrático para perseguir, censurar y exonerar a los científicos que exponen el costo humano del modelo.
Lo que sucede en Argentina es, en última instancia, un experimento masivo que salió mal, donde la ciencia que se atreve a poner en cuestión los intereses del agronegocio es censurada y quienes producen ese conocimiento son perseguidos. La defensa de Virginia Aparicio y la exigencia de publicación de los datos del Proyecto Sprint no son, por eso, sólo demandas gremiales o académicas. En esta pelea se juega también el destino de la ciencia argentina, si continuará subordinada a los intereses de quienes hacen de la tierra, la salud y el conocimiento una fuente de ganancias, o si transformamos su sentido hacia una ciencia pública, orientada a las necesidades de las mayorías trabajadoras, al conocimiento y transformación de las condiciones en las que vivimos. Porque detrás del intento de exonerar a una investigadora hay una pregunta dirigida a todo el sistema científico: ¿quién tiene derecho a decidir qué se investiga, qué se publica y al servicio de quién se pone el conocimiento que producimos?
