En la sesión especial de la Cámara de Diputados del martes 17 se votaron dos proyectos de ley que pretenden interpelar al movimiento ambiental, el cual viene protagonizando sucesivos choques con el gobierno de Alberto Fernández. Se trata de la Ley Yolanda y la modificación a la Ley de Manejo del Fuego presentada por Máximo Kirchner.

“Con esta ley no resuelven nada”, sentenció la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, acerca del proyecto del oficialismo que modifica la Ley de Manejo del Fuego con el presunto objetivo de prohibir las modificaciones en la actividad a que se destinaba el suelo al momento de iniciarse el fuego, sea agrícola, inmobiliaria o cualquier otra. Especificó que, si bien votaba favorablemente, se trata de “una modificación parcial, no hay ningún cambio de paradigma”, en alusión a los discurso grandilocuentes de los diputados del Frente de Todos. Graficó ello con el hecho de que “hace un ratito se aprobó una ley que refuerza los estímulos al fracking”, refiriéndose al “aporte solidario”.

Del Plá evidenció luego que los incendios son en su mayoría intencionales, y que “las leyes vigentes no se cumplen”, como atestiguan las poblaciones de Córdoba y de Rosario, asfixiadas por el humo de las quemas, a causa del avance de la explotación ganadera y los emprendimientos inmobiliarios. “Los gobiernos son cómplices. Son los gobernadores los que autorizan los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” que habilitan los desmontes. Así puso de relieve lo fundamental, que -como fija el proyecto presentado por el FIT en la Legislatura cordobesa– la prohibición de los cambios en el uso del suelo solo puede ser garantizada por el control popular.

La diputada de la izquierda concluyó afirmando que “la cooptación de las organizaciones ambientales solo sirve para frenar los reclamos”. En ese sentido fundamentó luego su voto en contra a la Ley Yolanda, que establece la capacitación en materia ambiental de los funcionarios públicos. “¿Es un problema de educación el motivo por el cual Felipe Solá firma un acuerdo para instalar factorías chinas de megagranjas industriales de cerdos? Claramente no, es un problema de intereses”, interpeló.

“Cuando presionan para habilitar la megaminería en Chubut, contra la voluntad de las comunidades y con la persecución del gobierno de Arcioni, no es un problema de formación. Una cosa es la educación y otra cosa son los funcionarios asociados con los intereses de las mineras”, señaló Del Plá, quien a su vez es secretaria general de Suteba Matanza.

Luego, recogiendo el guante de los planteos que se volcaron en el recinto acerca de la necesidad de la educación ambiental, alegó que “no puede haber empresas contaminantes que financien instituciones educativas, ni públicas ni privadas”, ya que pulpos como Syngenta, Monsanto o la Barrick Gold “financian a las universidades que luego deben hacer los estudios de impacto ambiental”. Finalmente, expresó que el voto negativo responde a que “al igual que el Acuerdo de Escazú, no compromete al gobierno en nad de lo que está haciendo”, y concluyó planteando que es “lucha de las asambleas y los movimientos ambientales, contra los intereses enquistados en los gobiernos, lo único que va a permitir defender el ambiente”.

 

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