25/09/2020

La ratificación del Acuerdo de Escazú, una pantalla para disimular la depredación ambiental

La diputada del FIT, Romina Del Plá, se abstuvo y reivindicó las movilizaciones de la Huelga Mundial por el Clima.

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía.

La Cámara de Diputados dio sanción, el jueves 24 se septiembre, a la ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 por 22 países latinoamericanos en la ciudad costarricense que lleva ese nombre, el cual pretende establecer determinadas pautas de «acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales». El mismo es patrocinado por la Cepal.

Presentado como una herramienta para «asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible» -en palabras del diputado oficialista Eduardo Valdés-, es en realidad una ratificación para disimular que el país se encuentra atravesado por la devastación de los incendios forestales, la megaminería contaminante y el intento de firmar un acuerdo con China para convertir a la Argentina en una factoría industrial de chanchos.

Así lo denunció Romina Del Plá, que se abstuvo en la votación como «un llamado de atención y una alerta para todo el movimiento de lucha contra la depredación ambiental». La diputada del Frente de Izquierda señaló que se trataba de una movida demagógica, para contener a un movimiento de lucha, el día anterior a la movilización que se realizaría en distintos puntos del país en el marco de la sexta Huelga Mundial por el Clima, a las cuales adhirió.

Del Plá puso de manifiesto la contradicción entre esa sanción y el hecho de que desde el comienzo de la cuarentena el gobierno haya decretado que la megaminería era una «actividad esencial», o el intento de sellar el acuerdo porcino con el país asiático, como ejemplos que expresan «la orientación política de un gobierno capitalista que no hace más que agravar los perjuicios y graves consecuencias ambientales y sanitarias».

Por eso, sostuvo, en una situación crítica no se trata ninguna medida de fondo, ni tampoco las toma el Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié. «Esta votación debería venir de la mano del tratamiento sobre tablas del proyecto de ley para suspender los desmontes y de la ley de protección de humedales. Esto que tendría un efecto real en nuestro país no se aborda». Recordó que fue la movilización popular la que frenó en Mendoza el avance de la UCR, el PRO y el PJ para habilitar la megaminería, al igual que sucede en Chubut, o en las islas del Delta ante las quemas.

La diputada argumentó que las pautas que establece el Acuerdo «en gran medida ya forman parte del andamiaje jurídico en nuestro país, y bien sabemos que esas leyes terminan siendo cáscaras vacías, cuando no directamente un fraude». Y profundizó remarcando que el propio texto establece que el acceso a la información podrá denegarse «cuando hacer pública la información ambiental afecte negativamente la seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional», por lo cual cada Estado parte tendrá la potestad de determinar qué información brinda, sometido a las presiones de los pulpos capitalistas que elaboran ellos mismos los estudios de impacto ambiental para llevar a cabo sus proyectos extractivistas.

Acerca de los mecanismos de participación que contempla el Acuerdo, Del Plá alegó que «en Argentina tenemos muchos, incluso incluidos en la constitución desde la reforma del ’94. Por ejemplo, tenemos regladas las audiencias públicas como las que se realizaron cuando Macri decretó los tarifazos en los servicios públicos, y que no habilitaron ninguna modificación de esa política. Lo que corresponde es que las organizaciones ambientales y los ciudadanos tengan poder de veto sobre la depredación ambiental que promueven y amparan los Estados».

Concluyó así que el Acuerdo de Escazú será utilizado como pantalla ante la depredación y la primarización económica que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández en pos de pagar la deuda externa, atropellando incluso las propias leyes ambientales. Agregó que «un convenio amparado por la Cepal y los países imperialistas que le son miembros, la cual además tendrá poder de resolución ante eventuales controversias, no va a servir para reforzar las luchas que libramos en defensa del ambiente. No hay forma de frenar la crisis ambiental si no es enfrentado a los Estados que son cómplices de la depredación capitalista».

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