El pasado sábado 13 de febrero se realizó en la localidad de Cosquín (Córdoba) la XIII Marcha en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida. La movilización copó las calles de la localidad, promoviendo la defensa del agua, en contra de la continuación de las obras de la Autovía Punilla, y contra los incendios que han castigado a las familias de Punilla históricamente, dejando como resultado, sólo en 2020, la pérdida de más de 300 mil hectáreas de bosque nativo, frente a los cuales el gobierno de Schiaretti impulsó una política de silencio y encubrimiento. Sobran razones para ganar las calles.

El 2021 comenzó con la misma política. Resulta que mientras la crisis económica se agrava, el gobierno provincial, de la mano del gobierno nacional, garantizan el ecocidio para desarrollar negociados como la Autovía de Punilla, cuyo proyecto de traza fue tratado en la Legislatura de Córdoba, entre gallos y medianoche, días antes de finalizar el 2020. El proyecto no cuenta con licencia social, ya que compromete importantes cuencas hídricas y el escaso bosque nativo que queda en la región.

El gobierno provincial, con los anuncios de acueductos para traer agua del Paraná, lejos está de dar respuesta a los problemas más acuciantes de la población. Por el contrario, busca asegurar una nueva fuente de negocios detrás de la obra pública, en beneficio de los sectores capitalistas, en desmedro del ambiente y abriendo un nuevo ciclo de endeudamiento en una provincia ya hipotecada a largo plazo. Es por esto que decimos que Córdoba atraviesa una grave crisis hídrica, con responsables políticos directos: el PJ provincial y el gobierno de Schiaretti, quienes favorecieron sistemáticamente la especulación inmobiliaria y el agronegocio durante dos décadas.

Nuevamente, a través de esta movilización, las asambleas y movimientos ambientalistas de toda la provincia, junto a los vecinos de Punilla manifestaron su rechazo a la Autovía, a la afectación de la cuenca del Río Yuspe, en contra del gasto público de más de $100 millones a una obra ecocida. Apoyamos estas reivindicaciones y repudiamos el hostigamiento y la persecución que está sufriendo el activismo de la zona que denuncia y se organiza en contra de estas iniciativas.

El saqueo y la depredación es una política de Estado, lo cual se refleja en el avance de la megaminería en Chubut con el aval del gobierno nacional, en pausa momentáneamente gracias a la movilización popular en defensa del agua. Planteamos un frente único de lucha, poder de veto y resolución de las asambleas populares, ambientales y de pueblos originarios, y la movilización popular contra el saqueo y la depredación capitalista.