Dentro de la ley Bases, nueva ley ómnibus que obtuvo media sanción en diputados el pasado martes 30 de abril, viene un paquete de medidas extractivistas terriblemente perjudiciales para nuestros recursos naturales y territorios. 

Si bien la nueva versión eliminó el capítulo ambiental -que impulsaba un serio retroceso para leyes de presupuestos mínimos que protegen ecosistemas claves como bosques (Ley 26.331) y glaciares (Ley 26.639)- modifica la ley de hidrocarburos, plantea la posible sustitución de las audiencias públicas y puede llegar a vaciar de recursos a las políticas ambientales, también prepara las condiciones para la explotación de nuestros bienes comunes por parte de capitales extranjeros. En la energía, se elimina el objetivo de autoabastecimiento, liberando el mercado privado de exportación e importación energética.

Rigi: muy peligrosa para el ambiente, muy beneficiosa para el extractivismo

Uno de los ejes centrales, que será el medio por el cual las leyes de protección ambiental se verán afectadas, es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), el cual, de ser aprobado en Senadores, no podrá ser modificado en 30 años. Este es uno de los puntos que no se modificó en absoluto de ley ómnibus a ley Bases, y el que tanto peronistas como radicales de todo el país están votando a favor, pese a verse fuertemente afectadas las provincias. Cornejo, gobernador de Mendoza, lo festejó, viendo cuánto caudal de los ríos puede entregar a las mineras y los diputados de Unión por la Patria de Catamarca, Salta, Jujuy y tres de San Juan, con vistas en la entrega del litio, votaron a favor de la nueva ley, ya que les interesa atraer este tipo de inversiones en sus provincias. Es ridículo y preocupante como el peronismo trata de hacerse el opositor pero siempre terminan acordando ser entreguistas o contar con los traidores necesarios para darle gobernabilidad al gobierno extractivista y saqueador de Javier Milei.

El Rigi busca atraer inversiones de capitales de más de 200 millones de dólares, establece beneficios fiscales que incluyen impuestos nacionales y provinciales, cambiarios y aduaneros. Las firmas adheridas al RIGI quedan exentas de pagar derecho a importación o exportación, es decir, el impuesto País, tasa estadística (de jurisdicción nacional y coparticipable) y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, pagando menos impuestos que los consumidores e incluso que las pymes. Las empresas beneficiarias tampoco están obligadas a comprar o vender en el mercado local, menos a liquidar sus dólares en bancos locales.

Los capitales no están obligados a transferir la tecnología, por lo cual podrán importar máquinas, explotar nuestros recursos y no dejar ningún tipo de desarrollo dentro del país. Tampoco están obligados a contratar mano de obra local. Además, el gobierno les garantiza a las empresas que podrán saltarse los controles por 30 años, ya que no establece que estas deban presentar ningún tipo de estudio de impacto ambiental o evaluaciones de impactos acumulativos de sus proyectos.

No está dicha la última palabra, luchemos para derrotar la reforma esclavista de la Ley Bases

Impulsemos una gran campaña por un paro activo frente al tratamiento en el Senado. –

prensaobrera.com

Patria no, colonia sí

Cualquier ley, ya sea local, provincial o nacional, que obstaculice el Rigi será automáticamente nula, es decir, pasarán por encima de cualquier tipo de protección ambiental ya establecida. Así lo establece el artículo 162: “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”. 

También las provincias y municipios deben abstenerse de cobrar cualquier tipo de impuesto a las empresas.

No solo regala el territorio para el extractivismo sin ningún tapujo, sino también establece que los capitales inversores antes cualquier incumplimiento pueden ir directamente a la justicia internacional, ante los tribunales del Ciadi en Washington, sin antes tener que pasar por ningún tribunal nacional. Es decir, cualquier tipo de conflicto será resuelto por el imperialismo interesado en la extracción de nuestros recursos naturales para su propio beneficio.

Toda esta política favorece la primarización de la economía Argentina, relegándola a ser proveedora de materias primas y profundizando el saqueo de los bienes comunes como hidrocarburos y minerales. Nuestro país tenía metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y 2050 que se ven seriamente comprometidas, ya que el gobierno nacional promoverá a las empresas a que entren al régimen y no realizaran controles o fiscalización estatal.

Legalización del saqueo extractivista

Junto con la delegación de facultades incluida en la Ley Bases se aprobó la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en materia de gestión ambiental hidrocarburífera, ¡un bochorno!

También están en riesgo las audiencias públicas, las cuales hoy en día ya son escasas y de poca participación, pero al establecer en el capítulo III la modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos se pone en riesgo que sigan existiendo estas instancias de participación ciudadana en relación a proyectos vinculados con el ambiente. Esta modificación, que no establece por ley cuál será el procedimiento, deja librado a las autoridades decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo. 

Este régimen no cuenta con un solo ítem que incentive la producción local o el desarrollo nacional, de hecho no iguala en condiciones a las productoras nacionales con los complejos industriales internacionales, que podrán importar sus tecnologías, materiales, insumos, manos de obras, y sin tener controles o pagar impuestos en 30 años para plataformas convencionales y 35 años para plataformas offshore.

El artículo 5 de la ley delega al Poder Ejecutivo la potestad de “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Estos fondos tienen multiplicidad de alcances, pero en lo que respecta al ambiente podría afectar gravemente el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables.

En lo concreto esta ley libera para actuar a los grandes capitales extranjeros, que serán bienvenidos a instalar sus empresas extractivistas trayendo todos sus insumos sin invertir o promover el desarrollo de los mercados locales, saqueando nuestros recursos naturales y sin dejar absolutamente nada para las poblaciones locales más que contaminación y exclusión de las comunidades, el costo ambiental que puede tener esta nueva ley de bases es incalculable.

El movimiento ambiental tiene que estar a la altura del ataque que proporciona el gobierno nacional y los gobiernos provinciales al ambiente. Tenemos que ser miles en las calles cuando se trate en el Senado para frenar este proyecto de saqueo extractivista y contaminación. Sumate a luchar con Tribuna Ambiental.

El capítulo hidrocarburos de la ley “Bases”, una fiesta para las grandes petroleras

El gobierno de Neuquén reclamó ser reconocido como parte de su redacción. Se desnuda el “Neuquinizate”. –

prensaobrera.com