Tras la reciente sanción de la ley que prohíbe la salmonicultura en la provincia de Tierra del Fuego, producto de una gran movilización popular, altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación manifestaron su rechazo y se plegaron al lobby de las salmoneras.

El propio ministro de la cartera, Matías Kulfas, y el titular del Centro de Estudios de la Producción, Daniel Schteingart, manifestaron su repudio a dicha sanción diciendo que hay que controlar o regular, pero no prohibir las plantas de cría de salmonidos.

En tanto, ni en las semanas previas ni luego de aprobada la ley el gobernador Gustavo Melella fueguino (un radical K) se pronunció. Esto es muy llamativo, ya que el tema adquirió fuerte centralidad política en la provincia por estos días. Aunque quizás no debería sorprender, siendo que desde su asunción hace un año y medio poco fue la presión del pueblo la que mantuvo en agenda la pelea por el proyecto de ley presentado en 2019.

Cómo primera consideración a los planteos de Kulfas y Schteingart detengámonos en la cuestión de los controles. La megaminería envenena los cursos de agua sin consecuencias judiciales y explota emprendimientos que contradicen la ley de glaciares; las fumigaciones en numerosos municipios arrojan agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas, contra lo que batallan asambleas vecinales en distintos puntos; crecen los desmontes año a año sin que la ley de bosques implique obstáculo alguno; se suceden numerosos incidentes en la explotación petrolera del fracking en Vaca Muerta mientras la fiscalización estatal hace la vista gorda. ¿Que nos haría pensar que van a actuar diferente con las salmoneras?

En segundo término, los funcionarios nacionales afirman que la prohibición de las salmoneras nos hará más dependientes de la importación de pescado. Citan como ejemplo que compramos salmón de Chile por 45 millones de dólares y que no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo divisas. Esto es relativo, ya que en el año 2020 -aún con un descenso por la pandemia- las exportaciones argentinas del rubro pesquero generaron ingresos por 1.300 millones de dólares, mientras que las importaciones de derivados pesqueros (principalmente enlatados) promedian en los últimos años entre los 160 y 200 millones de dólares de acuerdo a datos del Indec. Es decir que el saldo comercial es altamente superavitario, siendo también que la Argentina es uno de los países que menos pescado consume en el mundo (5 kilos anuales por habitante) según el organismo alimentario de Naciones Unidas FAO. La actividad tuvo un crecimiento exportador notable en la última década.

El tercer aspecto a tener presente es la sobrepesca ilegal de buques extranjeros en el Mar Argentino, por la cual el país se priva de recaudar unos 2.000 millones de dólares. Sin embargo, aquí no vemos escandalizado al ministro Kulfas para tomar las medidas necesarias, al menos para mitigar esa sangría de divisas a costa del saqueo nuestro mar.

En cuarto lugar, es falso que se prohíbe la acuicultura en su totalidad, toda vez que está actividad en pequeña escala o de emprendimientos familiares puede servir para el repoblamiento de especies nativas de peces, en circuitos integrados que recrean un entorno natural junto a crustáceos y vegetales y con la supervisión de profesionales y tecnicos; que tienen un nulo impacto ambiental y contribuyen a restaurar algún desequilibrio ecológico del lugar y posibilita el sustento para las familias trabajadoras. Lo que se cuestiona son las instalaciones industriales para el cultivo del salmón en mar abierto o lagos, y engordados con harinas y aplicando antibióticos.

Quinto. Se estima que si se hubiera instalado la industria salmonera generaría unos 1.000 puestos de trabajo. No dicen que ello arruinaría el turismo en la provincia, que emplea a unas 16.000 personas. El saldo es totalmente desfavorable.

Cómo sexto punto, desconocen los perjuicios económicos por las recurrentes crisis con floraciones de algas, infecciones virales y el desecho de toneladas de peces muertos. Lo pueden probar los antecedentes de Chile. En 2017 el ministro de Economía del entonces gobierno chileno de Michelle Bachelet indicó que estos eventos generan perdidas de 1.000 millones de dólares y por ende, despidos masivos de sus trabajadores. Es por los desastres causados que la actividad pretende expandirse a las regiones más australes, ya que donde actualmente están establecidas está comprometida hasta su viabilidad desde el punto de vista económico; solo es motivada por la incorporación de China a este mercado. ¿Este modelo insostenible es el que pretenden aplicar los funcionarios del ministerio de Producción en el Canal Beagle, con la yapa de un brutal pasivo ambiental?

Frente a este panorama es clave poner en evidencia que los planteos del ministerio de Kulfas, amoldados al lobby por los beneficios de las grandes patronales en desmedro de las mayorías trabajadoras y la naturaleza, tiene como telón de fondo la preocupación central del pago de la deuda y el acuerdo con el FMI. Por eso el Ministerio de Ambiente es apenas un taparrabos de la orientación general del gobierno de Alberto Fernández como garante de un régimen de saqueo.