Ambiente
30/9/2024
Río Negro: ¿fruta con sabor a petróleo?
El negocio de las petroleras avanza contra la producción fruticola.
El Alto Valle de Río Negro hasta hace aproximadamente la década del 90 se caracterizaba por ser una zona netamente de producción frutícola, y a partir de las crisis sucesivas se dio un proceso de quiebras generalizadas de pequeños productores y, en contrapartida, la concentración en monopolios de la actividad frutícola.
En el marco de la crisis de las economías regionales las petroleras comenzaron a avanzar comprando zonas que históricamente eran de chacras por importantes sumas de dinero con el objeto de poder explorar y luego explotar esos territorios.
Según datos del Senasa, de 49.576 hectáreas cultivadas con frutas de pepita y carozo que había en 2013 pasaron a ser 37.873 en 2022. La orientación del Estado ha sido actuar como agente de los pulpos agroexportadores e inmobiliarios que fueron desplazando a los pequeños productores y privilegiando a los principales empresas frutícola como Exprofrut y otros pulpos. Una salida agroexportadora monopolizante, paralelo al avance de las ciudades de la mano del negociado inmobiliario y el arraigo de la explotación hidrocarburífera a través del uso industrial y de servicios de tierras altamente fértiles.
Realidad de la producción frutícola
Quedando en evidencia que se prioriza la ganancia empresarial, en la industria frutícola se atropellan y se vulneran los derechos laborales conquistados con años de luchas expresados en la legislación. Lo cierto es que queda en evidencia que prima la ganancia por sobre cualquier otro factor de la ecuación, incluso si eso implica atropellar los derechos laborales ganados que se encuentran legislados.
Como en otras actividades, la remuneración se encuentra enmarcada dentro de la Constitución Nacional en el artículo 14 bis primer párrafo, que aborda conceptos como el de ‘retribución justa’, ‘salario mínimo, vital y móvil’, e ‘igual remuneración por igual tarea’. El primero de ellos está vinculado con el hecho de asegurar la subsistencia del trabajador y su familia, con la satisfacción de las necesidades elementales que ello implica. El segundo está estipulado en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y se refiere a la mínima retribución que debería cobrar el trabajador por una jornada legal de trabajo. Y el tercero, significa el derecho de no discriminación.
Se estima que el número de trabajadores estacionales empleados asciende a 30 mil en la cosecha y 18 mil en el empaque (Vilchez, 2017), gran parte de los cuales provienen de provincias y países limítrofes del norte por no haber mano de obra suficiente en la zona.
En el caso de les trabajadores que arriban de Chile, que principalmente arriban con visa de turistas, la situación de precarización laboral es mayor porque la única forma de empleo posible es en negro, quedando expuestos en términos laborales y sociales.
Está situación de precariedad laboral de les trabajadores golondrinas se suma a la poca información que reciben respecto a sus derechos y obligaciones. Y aún más, a ello hay que agregarle que los pequeños productores independientes “los hacen laborar sin contrato, sin alta de Afip, sin proveerles las condiciones mínimas de higiene y seguridad, solo se les provee ranchos construidos por ellos mismos en las mediaciones de la chacra” (ídem).
En la actividad frutícola desde siempre, como en otros ámbitos, se considera a les trabajadores como una simple fuerza física de trabajo, desconociendo sus dimensiones relacionales, afectivas y cognitivas, con lo cual se ignoran importantes aspectos de la carga psíquica y mental del trabajo (Neffa, 2002).
La explotación hidrocarburífera
En Río Negro la explotación hidrocarburífera no convencional inicia en el año 2013 en la ciudad de Allen y tiene la particularidad de que los pozos están en el medio de la ciudad a diferencia de otros lugares que se encuentran a kilómetros de los poblados. Muchos de estos pozos están rodeados por chacras y barrios, la consecuencia de esto es la contaminación del agua ya sea para riego como para consumo humano o de animales.
En lo que refiere a la salud se ha dado un aumento significativo de personas con leucemia, problemas en las vías respiratorias, erupciones cutáneas, dolores de cabeza, vómitos, etc. y, por otro lado, la contaminación auditiva que afecta a las personas y a la fauna del lugar. Asimismo, en términos materiales desde hace años se evidencian problemas estructurales en las casas que en algunos casos llegó hasta el derrumbe de las mismas.
El problema que acarrea la explotación no convencional hidrocarburífera no tiene que ver solo con el hecho concreto de la explotación sino también con los procesos vinculados a ella. Por ejemplo, para llevar adelante la misma son necesarias las arenas silíceas que en sus orígenes eran trasladadas desde Entre Ríos, pero que en la actualidad mayormente provienen de canteras que en principio estaban en la estepa de la provincia de Río Negro y en el último tiempo se encuentran cercanas a la ciudad de Fiske Menuco (Gral. Roca). Esto último ha traído consecuencias para el ambiente, en una zona que por ordenanza municipal es un área protegida, debido al paso constante de cientos de camiones con arenas silíceas, pero también en la salud de les vecines del Barrio Paso Córdoba (es de paso obligatorio para llegar a la Ruta Nacional N° 22), y en lo que refiere a infraestructura se evidencia el deterioro de la Ruta Provincial N.º 6 y del puente Paso Córdova debido al gran peso y cantidad de camiones.
Por otra parte, y no menor, después vienen los problemas y consecuencias que traen aparejados los residuos del fracking por su gran volumen y los niveles de toxicidad de los mismos, que son “tratados” en basureros petroleros. “En general, en los yacimientos hay lugares de acopio… que contienen los residuos hasta su traslado hacia los basureros petroleros…” (“Atlas ambiental de Vaca Muerta, cartografía de lo oculto”, 2024, p. 20).
Es necesario señalar también la precariedad de las condiciones laborales a las que se ven expuesto les trabajadores petroleres particularmente aquelles que realizan el trabajo de campo. Los “accidentes” son cotidianos con distinto grados de gravedad, pero siempre con la misma respuesta por parte de las empresas: la responsabilización a les trabajadores. Esto en parte es consecuencia del accionar de las burocracias sindicales quienes en el año 2017 aceptaron modificar el convenio colectivo de trabajo lo que posibilitó que disminuya la cantidad de trabajadores por equipo, y autorizó algunas tareas nocturnas y que se trabajara con más viento. Lo que generó un aumento en la cantidad de trabajadores con lesiones graves (que les impide seguir trabajando) y fallecides durante su jornada laboral.
La necesidad de una visión más integral
Pero en esta mirada reduccionista que tiene el modelo imperante, avalado por gobiernos, la burocracia sindical y el patronato, que no tiene en cuenta las condiciones de seguridad, higiene y laborales de les trabajadores antes expuestas, ¿cuál es nuestro rol? Las pequeñas conquistas ganadas fueron gracias a la movilización y organización independiente, que tuvo resistencias y en el caso de la producción frutícola se llevó la vida de Daniel Solano. Este último, desaparecido tras protestar contra la empresa Expofrut, del grupo belga Univeg, por las condiciones precarias en las que trabajaba y organizar a los trabajadores para reclamar sus derechos legales. Un nuevo caso de desaparición forzada en ‘democracia’ donde intervino claramente la policía provincial rionegrina y la Justicia cómplice.
Tanto si se trata de la actividad frutícola, como de la explotación hidrocarburífera o de cualquier otra actividad dentro de este modelo de producción, “la alineación creada por el sistema capitalista se genera en los frutos del trabajo, cuando el producto de este le es arrebatado convirtiéndolo en un producto extraño al hombre” (Mirolo, 2003). En ese sentido, para una transformación real de las condiciones de vida de la sociedad para mejor, y entre ellas la urgente garantización de la soberanía alimentaria, es clave organizarse en pos de un gobierno de les trabajadores que lleve adelante políticas públicas en esa dirección.
la expropiación de los monopolios y la planificación de la producción agroalimentaria al servicio de las necesidades de la población, planes integrales de gestión del agua y el suelo bajo control obrero (con licencia social y previa consulta libre e informada) para realizar un uso no depredativo y en equilibrio con los límites biofísicos que los mismos territorios donde habitamos y producimos alimento tienen, son algunos ejemplos de lo que realmente necesitamos.
Lo que planteamos desde Tribuna Ambiental en el Partido Obrero no es una convivencia pacífica con el patronato empobrecedor y sinónimo de saqueo, como plantea Grabois junto con el Grupo Grobocopatel, ni mucho menos la vía libre del fracking y actividades semejantes para el reparto posterior de las migajas que generarían cuando la copa rebalse. La única salida viable es terminar de raíz con este modo de producción capitalista y extractivista, que arruina nuestra salud y la de los territorios en los que vivimos.
Basta de extractivismo. Agua para los pueblos no para el fracking. Basta de precarización laboral. Exigimos el 40% de zona desfavorable para les rurales.
