Vecinos de Choya siguen concentrados frente a la comisaría de Andalgalá para reclamar la libertad de Karina Orquera, detenida en la represión de la tarde del 3 de mayo a metros del ingreso de la planta del emprendimiento minero Mara.

El operativo desmesurado de la policía de Catamarca contra los vecinos de Choya, para que pasen dos camionetas con insumos para las mineras, fue un claro acto de provocación orquestado por el gobierno. Un convoy de tres camionetas y un camión con efectivos policiales subían al cerro, al lugar donde desde hace dos meses los vecinos instalaron un bloqueo selectivo sobre los caminos comuneros que Mara utiliza ilegalmente. Los vecinos del Choya (distrito del norte de Andalgalá) organizados en la asamblea “Aguas Claras” denuncian la contaminación de los ríos, ya que los sedimentos terminan en los cauces afectando el agua que consumen y las actividades agrícolas.

La policía montó una represión con balas de goma, gases lacrimógenos, palazos, y la detención de Karina. En repudio a este accionar se organizó una manifestación a la plaza principal de Andalgalá y se movilizó a la comisaría, exigiendo la libertad de la compañera detenida. Karina aún continúa detenida, y se mantiene una concentración. También hubo una movilización en la capital de la provincia.

Esta nueva provocación se produce un año después de las detenciones de doce luchadores y dirigentes ambientales de Andalgalá, entre ellas Ailen Saracho dirigente del Partido Obrero. Es parte de las políticas del gobierno provincial del Frente de Todos de imponer por la fuerza este nuevo emprendimiento megaminero, como insinuó entre líneas en su discurso el 1º de Mayo el gobernador Raúl Jalil. Cuenta además con el respaldo explícito del gobierno nacional, que integró al mandatario en la Mesa de Minería y en la Mesa del Litio, como un jugador destacado en el lobby prominero.

El gobierno montó una campaña mediática, hablando de una emboscada para justificar la represión, buscando victimizar a los las fuerza policiales, mientras a los vecinos andalgalenses se los vio con perdigones de goma incrustados en la piel y heridas de todo tipo. La campaña que busca mostrar a los activistas como grupos minoritario violentos es la misma que se practicó el año pasado que terminó en una avanzada judicial. Incluso dieron la orden de no atender a los heridos al llegar al hospital.

El gobierno quiere imponer el proyecto MARA con represión, pero a un pueblo que resiste desde hace 20 años.

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