Este 26 de Junio se cumplen 20 años de la Masacre del Puente Pueyrredón, donde la represión conjunta de la Policía Bonaerense, la Federal, la Prefectura y los servicios de inteligencia culminó con el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, además de cientos de trabajadores heridos -incluso con balas de plomo- y detenidos. Esta movilización fue convocada por la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT) en medio de un proceso de conflictividad social en ascenso.

La lucha contra el gobierno de Duhalde

Luego de la movilización de masas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que volteó al gobierno de De la Rúa desfilaron por la Casa Rosada cinco presidentes distintos en un período de quince días. Hasta que finalmente en enero de 2002, designado por una Asamblea Legislativa y ajeno a la voluntad popular, Eduardo Duhalde asumió la presidencia.

El nuevo gobierno buscó rescatar al Estado y recomponer la ganancia de la burguesía golpeada por la enorme movilización popular de diciembre. Impuso una megadevaluación y pesificación compulsiva de los depósitos en moneda extranjera, en un contexto de inflación creciente y avance extremo de la pobreza. Estas medidas afectaron a amplias capas de la población trabajadora y pequeños ahorristas multiplicándose las luchas obreras y populares en forma de asambleas barriales, piquetes y ocupaciones de fábricas. La principal tarea del gobierno era, entonces, la de contener y anular este movimiento popular.

Por un lado se creó la Mesa de Diálogo Nacional en donde participó un sector del movimiento piquetero integrado por la CTA (junto al FTV de D’ Elia) y la CCC junto con funcionarios y la Iglesia. Este sector es el que venía de pegar el histórico faltazo a las jornadas populares del 20/12/2001 bajo el argumento de no querer participar de un golpe orquestado por Eduardo Duhalde y los intendentes del PJ, es decir, los mismos con quienes ahora se sentaban a negociar para contener la conflictividad social que seguía creciendo.

Frente a esta política de cooptación, el Polo Obrero logró reagrupar en el Bloque Piquetero Nacional a las organizaciones dispuestas a continuar con un plan de lucha para quebrar el ajuste puesto en marcha por el gobierno. Desde este reagrupamiento se organizó la primera Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados en cuya convocatoria se planteaba: “El nuevo gobierno de Duhalde es enemigo de los trabajadores y el pueblo. Es ilegítimo, porque frente al reclamo popular de “que se vayan todos” fue elegido por las corruptas cámaras legislativas. Duhalde expropió la voluntad popular y preside hoy el país con un objetivo central: salvar a los bancos y empresas, al capitalismo todo y volver a poner al país al servicio de los monopolios y los acreedores externos”. Y da cuenta del proceso que atravesaba el país: “Constatamos que en todo el país la clase trabajadora y los sectores populares luchan, no descansan, se organizan. Asambleas populares, puebladas, coordinadoras de base, ocupaciones de fábrica y huelgas se multiplican por todos lados. Necesitamos unirlas, para coordinar la lucha contra este gobierno y el régimen y por una salida que no esté dictada por el capital sino por los trabajadores y el pueblo”.

El Bloque Piquetero y las ANT desarrollaron importantes planes de lucha que se abrieron paso frente a los intentos de cooptación del gobierno. La primera asamblea se realizó en febrero con una masiva participación en el centro del poder político del país, la Plaza de Mayo. La segunda, el 22 de junio, fue la que incorporó en el plan de lucha una serie de cortes en todo el país para el 26/06, entre ellos el del Puente Pueyrredón. En esta asamblea se votó la consigna: “Por un nuevo Argentinazo. Fuera Duhalde y el FMI, que se vayan todos”

La represión

La política de contención diseñada por el gobierno de Duhalde no logró contener al movimiento de lucha. Por lo tanto, se volvió prioritario encontrar otra forma de detenerlo para garantizar las medidas de hambre reclamadas por el FMI y los capitalistas.

Días antes de la movilización se reunió un “consejo de seguridad” integrado por una caterva de funcionarios responsables de la masacre que tendría lugar el 26/06, que se fueron reciclando en los sucesivos gobiernos democráticos. Un mes antes, en una reunión de gobernadores, donde participó Nestor Kirchner, se definió la “política de seguridad” frente a la protesta social. Todo estaba orquestado para asestar un duro golpe al movimiento piquetero.

La jornada del 26/06 se desarrolló en varios puntos del país, pero la represión más brutal se concentró en el Puente Pueyrredón. El accionar conjunto de la Bonaerense, la Federal y Prefectura tuvo sitiada a la ciudad de Avellaneda durante horas. Policías de civil recorrieron la ciudad reprimiendo y deteniendo manifestantes a varias cuadras del puente. Como lo destacan las entrevistas realizadas por Prensa Obrera, hasta llegaron a ingresar al hospital Fiorito con el objetivo de detener a los heridos que estaban siendo atendidos allí.

El saldo de este accionar del Estado y las fuerzas represivas fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cientos de detenidos y heridos (decenas de ellos con balas de plomo).

La primera reacción del gobierno de Duhalde fue la de defender el accionar policial. En declaraciones del día siguiente, Aníbal Fernández (el entonces secretario general de la Presidencia) llegó a justificar lo ocurrido resaltando que en las ANT se habían organizado “hostilidades hasta el 15 de julio” y se había “reivindicado la lucha armada”.

Tal como pasa en la actualidad, con las declaraciones de CFK sobre los planes sociales y la denuncia del fiscal Marijuan a Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, el ataque contra el movimiento piquetero y los que luchan tiene como objetivo acallar la lucha contra el hambre, la miseria y la desocupación.