El 2 de mayo de este año, La Nación publicó un artículo titulado “Freiler compró un auto con cheques de un empresario beneficiado en una causa de lavado”. Eduardo Freiler es juez, camarista de la Sala II de la Cámara Federal, ahora bajo la lupa del Consejo de la Magistratura. El empresario al que se refiere La Nación es Raúl Alberto Mingini, quien saltó a la fama por ser sospechoso del asesinato de su ex novia, Silvia Ángeles Cicconi, cometido el 27 de agosto de 1981, en plena dictadura militar. Todo el asunto es particularmente tenebroso, porque Mingini estaba íntimamente vinculado, además, con otro empresario, Ángel Salvia, uno de los implicados en el caso García Belsunce y más tarde asesinado por narcotraficantes del Cartel de Juárez.

 

También en el crimen de Cicconi hubo sospechas de narcotráfico. Aquel caso fue emblemático para la época y conmocionó a Mar del Plata –donde ocurrió el asesinato− y a todo el país, al punto que el jefe de la Bonaerense de entonces, el represor Oscar Enrique Guerrero, llegó a declarar que estaba en juego el “honor” de la institución.

 

El cuerpo de Silvia fue encontrado por su madre (la chica había sido violada, apuñalada y degollada) en su cama. El Estado, tanto la policía como la Justicia, hicieron lo posible para no investigar el caso. Fue tal la desesperación de cerrar la causa con un culpable y encubrir al femicida que buscaron a un perejil, Saturnino “Pacha” Pérez, quien, bajo tortura, se declaró culpable. Ya bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, a Pérez lo condenaron a prisión perpetua aunque hasta la familia de la víctima lo defendió. La acusación era absurda, puesto que el asesino había tenido que trepar techos con gran agilidad y fuerza física, y Pérez era un indigente con graves problemas de movilidad. Tiempo después, probada su inocencia, fue puesto en libertad.

 

La familia de Silvia nunca descartó que haya sido un caso vinculado con el narcotráfico, ni que Mingini haya sido el asesino. Según su mamá, Adela Contantini, a la muchacha la asesinaron porque “algo sabía”. La noche del crimen no robaron nada, sólo revolvieron sus libros y carteras, aparentemente en busca de anotaciones que pudieran comprometer a alguien (Cámara del Crimen; 9/4/2016).

 

Silvia había cortado con Mingini hacía un buen tiempo, y entonces comenzaron los problemas de violencia. Mingini, recientemente, le dijo a La Nación que se había declarado culpable bajo tortura. Miente: si bien estuvo detenido, nunca se declaró culpable.

 

Las desavenencias de Mingini con la Justicia no terminaron con el caso Cicconi, apenas empezaron con aquel asesinato. Este empresario estuvo preso por otra causa de drogas en 1991. Finalmente, también estuvo en la mira cuando apareció muerto el ya nombrado Salvia en un vehículo del Grupo DF, de su propiedad. Mingini estaba en disputa con Salvia por la estancia Rincón Grande (en Balcarce), que fuera propiedad del capo narco mexicano Amado Carrillo, alias “El Señor de Los Cielos” (ídem, La Nación).

 

Por la reapertura del caso Silvia Cicconi. Por la memoria de Saturnino “Pacha” Pérez. Cárcel común a los genocidas. Juicio político a los jueces del 2×1.

 

Silvia Ángeles Cicconi presente.