El jueves 28 fue cancelado el estreno de la película “El ritual del Alcaucil” en el Cine Gaumont a pesar de tener fecha confirmada meses atrás. La decisión tomada por el INCAA se basa en la negativa de su directora Ximena González de firmar un -nuevo- “convenio” aceptando que su película estaría en cartel solamente una semana (el mínimo posible para un estreno cinematográfico) independientemente de la respuesta de público, violando así los derechos fijados por la normativa conocida como “media de continuidad”. El citado convenio pretende funcionar como declaración jurada y extorsión frente a cualquier reclamo posterior y es un paso más en la tendencia hacia la expulsión de las películas independientes de los cines.

La falta de salas y de políticas de difusión y distribución para el cine argentino e independiente no es algo nuevo, y se corresponde con un INCAA históricamente postrado frente a las majors que controlan en argentina el 90% de las salas y que las ocupan casi en su totalidad cuando lanzan los llamados tanques. En este contexto, el cine nacional -salvo el que es producido en sociedad con las majors- tiene una ínfima cantidad de cines, y las producciones independientes tienen prácticamente uno solo: el Gaumont. Esta lógica es acorde con la política de fomento a la producción que tiene el INCAA, la cual mediante el plan de fomento -vigente desde el gobierno de Macri- instaurado por Alejandro Cacetta (él mismo CEO de Disney/Clarín/Patagonik) acrecentó la tendencia a poner el grueso de ese fondo al servicio de las películas llamadas “de audiencia masiva”.

Este contexto de entrega y sumisión se acrecienta y toma nueva forma con el desembarco de las (no tan) nuevas majors en la era de las series: las plataformas conocidas como OTTs (Netflix, Disney, Amazon, Fox, Flow, etc.). Se trata de un proceso internacional que ya comienza a tener repercusiones económicas, culturales y sociales profundas. La pandemia aceleró el marco de una violenta competencia por los jugosos mercados entre estos enormes conglomerados de empresas que no sólo distribuyen series y películas ya realizadas sino que se lanzan masivamente la colonización casi completa de la producción de las nuevas, mejorando así sus ecuaciones del negocio y controlando también sus contenidos.

Al respecto ya hemos escrito sobre lo hecho por Puenzo desde el INCAA y sobre la adaptación del gobierno a estas (no tan) nuevas formas de la Industria Cultural y de la explotación de trabajadores audiovisuales. En España, una normativa que “obligaba” a las OTTs a invertir el 25% de sus ganancias en producciones nacionales ha generado un debate en el sector pues las productoras audiovisuales españolas en su mayoría han pasado a ser propiedad de empresas yanquis, francesas, alemanas ligadas también a Netflix y demás plataformas.

El anuncio reciente para financiar producciones audiovisuales directamente desde el Ministerio de Cultura por 2500 millones de pesos anuncia que el definitivo vaciamiento del INCAA es una política consciente, de la mano de las facilidades e incentivos para que las OTTs produzcan en Argentina con salarios y condiciones laborales deplorables incluso en comparación con otros países latinoamericanos.

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En Colombia, una de las medidas del paquetazo impositivo que motivó el levantamiento popular contra el presidente Duque fue la anulación del impuesto que financiaba al cine. En Argentina el destino específico que tienen los tributos que nutren al INCAA y al Fondo de Fomento Cinematógrafo (FFC) ya tiene fecha de caducidad en diciembre de 2022, producto de una ley votada por todos los bloques que nos gobernaron las últimas décadas.

El viernes 29 se realiza una convocatoria a la puerta del Gaumont contra la caducidad del FFC que nace golpeada por todos los frustrados intentos de las direcciones de las asociaciones de hacer congeniar sus propuestas con alguna de las camarillas de un gobierno de tres o más cabezas, que limitó su política a un loteo de cajas, por un lado, y una entrega total al majors por el otro. Las limitaciones de los convocantes explican también que no se plantee unificar el problema de la caducidad con la necesidad de luchar para conquistar un destino diferente para ese fondo que se pretende que no caduque.

Este cuadro de conjunto plantea negrísimas perspectivas y es un llamado de atención, una última oportunidad tal vez, para que las asociaciones de los realizadores audiovisuales -algunas otrora luchadoras- y técnicos cinematográficos rompan con su inmovilismo y adaptación promoviendo la organización y lucha en las calles, que abran sus estructuras a un debate democrático y reincorporen inmediatamente a los expulsados en el caso de DOCA. El sector independiente, autoconvocado y de lucha, viene planteando hace tiempo propuestas y métodos al respecto. Los estudiantes de cine tendrán que retomar también su lugar en esta lucha, igual que los trabajadores tanto de SICA (cine y publicidad) como de SAT (TV y series) explotados por igual por las mismas patronales y bloqueados en la defensa de sus derechos y reivindicaciones por sus direcciones burocráticas.

Repudiamos esta nueva avanzada contra el cine independiente y llamamos a denunciarla movilizados. Proponemos la realización de un congreso de bases del cine independiente que vote un plan de lucha y elabore un pliego de reivindicaciones mínimas y un plan de reestructuración y democratización del INCAA en función de un cine concebido como arte, cultura, comunicación y no como negocio, sobre la base de un presupuesto autónomo basado en impuestos extraordinarios y progresivos a los conglomerados de la industria cultural.

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