La salida forzada de Luis Puenzo como presidente del Incaa abre un nuevo escenario en la lucha contra el ajuste y el desfinanciamiento de los entes culturales, y contra el intento de direccionamiento de esos recursos para el pago de la deuda y aceitar negocios de las producciones imperialistas y monopólicas, extranjeras y nacionales (Netflix, HBO, Amazon, Disney, FOX, Clarín, Telefé, etc.). El dato novedoso y detonante es la reaparición de la movilización callejera (reprimida en vivo y en directo) de la comunidad audiovisual, y la paulatina incorporación de los demás sectores de la producción artística independiente y de los estudiantes. El 28 de abril próximo, con un festival y movilización en el Congreso, será la próxima parada de esta lucha de largo aliento.

¿La salida de Puenzo es un triunfo? Sí. La lucha fue el detonante de recules o reacomodamientos por arriba: el principal responsable de la parálisis y vaciamiento del Incaa ya no está en su puesto. ¿Se resuelven los problemas planteados? No. La lucha sigue más planteada que nunca porque desde el gobierno sólo intentan aplacar los ánimos y encauzar la situación con pequeños cambios para que nada cambie.

Desafíos y obstáculos

Frente a un Congreso dividido, expresión de una crisis política que agudiza las disputas al interior de los bloques del oficialismo y la oposición de derecha, el proyecto de ley para terminar con la caducidad de los fondos deberá ser arrancado con la lucha en las calles, como lo hizo la marea verde para conseguir el aborto legal.

Nicolás  Batlle ha quedado como presidente transitorio del Incaa. No representa una política diferente, sino que a lo sumo se propone cambiar “las formas”, los “ritmos de trabajo”, prometer diálogos y acuerdos, que son imposibles cuando la frazada es cortísima. La lucha de intereses contradictorios se acrecentará. Batlle es un productor y documentalista que en 2020, ya siendo vicepresidente del Instituto, protagonizó un pequeño escándalo “apurando” el estreno del film Crímenes de familia (de su productora Magoya films y subsidiado con 16 millones de pesos en 2019 por el Incaa) para poder efectivizar un contrato con Netflix, que la exhibió en todo el mundo como “una producción original de Netflix”.

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Los nombres que se mencionaron para su reemplazo, Lucrecia Cardoso y Vanessa Ragone, también son activas promotoras de las OTTs. Cardoso, la viceministra de Bauer y ex del Incaa, acaba de provocar la ira del sector cinematográfico al adular el éxito de Granizo en Netflix, presentándolo como un ejemplo virtuoso a seguir para la cinematografía nacional. Ragone viene de producir para Netflix la serie Carmel sobre el asesinato de María Marta García Belsunce. Si bien desde “lo ideológico” (demagógico) rezongan contra el copamiento colonial de los contenidos y contra la pérdida de la “soberanía cultural”, en los hechos representan al empresariado nacional que pretende asociarse a los negocios del “nuevo paradigma”.

El ministro de Cultura Tristán Bauer, que apareció como bombero de la crisis, es quién implementó en 2021 junto al gobierno, los sindicatos y las grandes productoras nacionales y extranjeras un plan de exenciones impositivas y subsidios para la producción de series para las plataformas de streaming conocidas como OTTs. Es también quién dice sin sonrojarse haber hecho mucho por el sector cultural durante la pandemia, mientras avaló las subejecuciones presupuestarias del Incaa (que suman 1.800 millones los últimos tres años) y largó tardía e insuficientemente subsidios de 30.000 pesos que resultaron una miseria frente a la parálisis completa de la actividad y decenas de miles de trabajadores sin sustento. También fue el ministro de Cultura quien, actuando en el terreno de la interna gubernamental pero también avalando el vaciamiento del Incaa, largó por afuera el programa Renacer para series audiovisuales con un presupuesto de 2.400 millones de pesos manejado a discreción (un monto superior al Fondo de Fomento Cinematográfico del Incaa de todo 2021).

Perspectivas para una lucha triunfante

Los patos de esta boda sangrienta somos los realizadores de producciones culturales independientes y los estudiantes, técnicos y trabajadores que ofrecen su mano de obra calificada con salarios completamente desvalorizados y condiciones de trabajo flexibilizadas -avaladas por las burocracias sindicales de cada sector Sica, SAT, AAA, Sadem, etc.

Está planteada la conjunción de estos sectores desde las bases y con un programa que plantee la lucha por sus propias reivindicaciones, que no pueden ser conjugadas con los intereses del negocio cultural porque son contrapuestas: para que aumenten los salarios tendrán que afectarse las ganancias, para que se financie la producción cultural independiente deberá garantizarse su continuidad y tendrán que dejar financiarse negocios privados con fondos públicos.

Sigamos la lucha contra a la caducidad de la autarquía financiera de los institutos culturales Incaa (Cine), INT (Teatro), Inamu (Música), Conabip (Bibliotecas Populares). Basta de financiar mercancías culturales, que los fondos públicos que sean para la creación independiente. Por un impuesto extraordinario a las OTTs que financie estos presupuestos.

Por aumento de salarios acorde a la canasta familiar para técnicxs, actorxs, músicxs, y que se respeten a las condiciones de trabajo. Para eso vamos por asambleas y plan de lucha en todos los gremios. Impulsemos además asambleas abiertas de toda la comunidad artística y cultural para debatir un pliego de reivindicaciones y la continuidad de los planes de lucha.

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