En un país donde el 45% de la población es pobre, donde se estima que la carencia habitacional asciende a unas cuatro millones de personas y la desocupación alcanza al 14,2% de la población. Cuando gran parte de ese porcentaje pertenece a la juventud, temas como el de la soberanía alimentaria, la tierra para trabajar y para vivir son imperiosos. Recientemente, Juan Pablo Lepore presentó su documental “La vuelta al campo”, que se encuentra disponible en Cine.ar. En palabras del director, su film busca “hacer visibles las dificultades que ocurren en el campo profundo, en los territorios de los agricultores, donde el agronegocio avanza y obligan a las comunidades a abandonar sus tierras”.

Partiendo del crecimiento de las villas y asentamientos en CABA, junto al creciente flagelo de familias en situación de calle, Lepore centra su historia en campesinos que han sido desalojados debido al avance de la frontera agropecuaria y que lograron volver a la ruralidad, agrupados en la UTT de Argentina y el MST en Brasil.

Una reforma agraria a la medida de los especuladores

La salida a la gravosa situación estaría, según estas organizaciones, en la puesta en funcionamiento de un proyecto de ley de “Reforma Agraria”. Uno de los impulsores es Juan Grabois y lo definen como un “Procrear rural”: se plantea que existan créditos blandos para las familias de pequeños productores, que les permitan comprar tierras para trabajar. La comparación que ellos mismos hacen es válida, ya que si se aprobara cumpliría la misma función que el plan Procrear; esto es inyectar fondos del Estado al mercado inmobiliario, sin que ello implique una efectiva entrega de tierras. Aprovechándose de este financiamiento se elevan artificialmente los costos de los terrenos. De esa manera, los grandes ganadores son los especuladores inmobiliarios, mientras miles de familias continúan sin acceso a la tierra.

Dicha reforma implicaría la expropiación paga a valores de mercado y en cuotas durante 20 años de algunos miles de parcelas, partiendo de la idea de que no pueden haber terratenientes poseedores de más 5 mil hectáreas y afirmando que sería el camino para que la tierra “sea para quien la trabaja”. Otros puntos serían la creación de polos agroecológicos de 40 o 50 hectáreas libres de agroquímicos y la titulación de las tierras de las comunidades originarias.

Quienes se agrupan en la UTT son inquilinos en las tierras que habitan y trabajan. El film recoge testimonios que señalan que no pueden siquiera construir casas, porque no son sus dueños y por lo tanto viven en casillas y casas muy precarias. Aquí el documental realiza un contraste respecto a quienes, en Brasil, están agrupados dentro del MST, los que son mostrados viviendo en edificaciones y con una planificación mucho más integral, donde, según el film, juega un lugar especial la producción comunitaria.

Es interesante que quienes impulsan el proyecto junto a Grabois son los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, junto a legisladores oficialistas, y que cuenta con manifestaciones de apoyo de dirigentes del Frente de Todos, entre otros el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Los mismos que promueven la política de desalojos sistemáticos contra trabajadores se lavan la cara apoyando este proyecto que ya lleva varias presentaciones truncas en Diputados. ¿Qué intereses puede entonces haber detrás?

No basta la agroecología individual para terminar con el agronegocio

El documental también menciona los beneficios de la producción agroecológica, el bajo costo de estos alimentos saludables para les consumidores y la lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos que contaminan pueblos y alimentos de la mano de los grandes pulpos sojeros. “Las organizaciones rurales producen alimentos saludables desde hace años”, señala Lepore.

El film registra algunos de los feriazos que la UTT ha realizado en Plaza de Mayo y en Congreso. En estas acciones de lucha se proponen visibilizar la parasitaria gestión de la producción capitalista que encarece la producción con enormes ganancias; mientras que por un lado la población no puede acceder a los alimentos básicos, por el otro, los pequeños productores y las familias campesinas que trabajan la tierra reciben escasos ingresos. “Los verdurazos y feriazos fueron instalando la idea de generar la necesidad de una ley de acceso de la tierra que es justamente lo que decimos en la película”, comenta Lepore.

Un problema que esconde la idea de que el Estado le compre una cantidad de pequeñas parcelas a los terratenientes es que esto no cambiará el dominio del capital agrario concentrado sobre la producción. El negocio agrario en Argentina se asienta en el arriendo generalizado de múltiples parcelas por parte de grandes empresas, los famosos “pooles de siembra”. La compra de tierras a precio de mercado a 20 años es un beneficio que iría directo a ellos, además de aumentar aún más la deuda pública.

El agronegocio no se vería afectado y seguiría funcionando de la misma manera. Toda la producción industrial y a gran escala dedicada a las semillas, fertilizantes y maquinaria, continuaría bajo el monopolio de los Grobocopatel, Cargill, Bunge, etc.

Más aún, todo el mercado de este sector, vinculado a la exportación en los puertos privados, seguiría concentrando la mayor parte de la renta agraria nacional. Los pequeños productores aislados en sus parcelas, continuarían subordinados en la obtención de materias primas y recursos.

Quienes, como el Movimiento Evita, sostienen proyectos como el de la mentada “reforma agraria”, consideran que se debería avanzar en un proyecto de país con un desarrollo “armónico”, buscando ocultar los intereses de clase antagónicos que conviven dentro de la sociedad. Los empresarios del sector agropecuario son el ejemplo de la posición subordinada de la economía nacional frente al capital imperialista, que caracteriza toda la infraestructura productiva. No existe la “competitividad” de los pequeños productores al lado de quienes manejan las riendas de la economía, ni posibilidad de desarrollo para las familias trabajadoras en tanto se siga sosteniendo y beneficiando a los grandes pulpos, quienes a la vez, se dedican a especular a costa de la economía argentina. De hecho, proyectos como este buscan encubrir el fracaso de toda esa burguesía en el desarrollo productivo del país. En definitiva, un planteo que contiene poco de “reforma agraria” y mucho de conciliación de intereses irreconciliables.

Una salida real al problema de la tierra para vivir y trabajar

La solución a la crisis habitacional y de tierra para trabajar debe partir de un banco de tierras ociosas que sea distribuida a quienes la requieren para trabajo y para vivienda, que sea pagada en cuotas que estén ajustadas a los ingresos reales de cada familia trabajadora. Un plan de construcción de viviendas populares basada en un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda.

La lucha por un modelo de producción agroecológica requiere de un programa propio de toda la población trabajadora contra el dominio de los pooles de siembra y las multinacionales de agroinsumos.

La apertura de los libros de las empresas de toda la cadena de comercialización de la producción agrícola y el fin de la gran propiedad terrateniente. Es una salida que debe inscribirse en el marco de un plan económico de les trabajadores, que incluya entre otras medidas la nacionalización del comercio exterior.

La puesta en práctica de estas medidas son las que redundarían no solo en beneficios para quienes producen, sino para quienes consumen, ya que implicarían una producción basada en las necesidades e intereses de las grandes mayorías y no en el lucro del capital.