La lucha por la tierra y el derecho a la vivienda vuelve a ponerse de manifiesto, con una crisis habitacional es ascenso y ninguna política integral para garantizar una salida a esta situación. En este cuadro, se mantienen distintos procesos de recuperación de tierras en todo el país y se agrava la situación en el Conurbano bonaerense, junto a la represión, los desalojos y la judicialización como política de Estado contra las familias sin tierra.

Para tener un registro más certero de lo que hablamos, desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires señalan que en últimos 150 días asistimos a una escalada en las ocupaciones de tierras, con epicentro en el Conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata.

Tras el desalojo violento del gobierno de la provincia de Buenos Aires en Guernica, el proceso de recuperación de tierras más grande de la provincia subsiste en la ciudad de La Plata. Se trata de la ocupación del ex Club de Planeadores en los Hornos, con alrededor de dos mil familias y una extensión de 160 hectáreas. Según un relevamiento del municipio de La Plata, existen unas 35 recuperaciones de tierras activas en la actualidad.

Detrás de La Plata viene el distrito de La Matanza, corazón del Conurbano, con 16 ocupaciones judicializadas y otras 10 que no llegaron a judicializarse. Allí persiste la recuperación de tierras de La Nueva Unión, en Rafael Castillo, que duplica el tamaño de lo que fue  Guernica y que es permanentemente hostigada por efectivos policiales y medidas contra su permanencia. En otros  distritos, como Quilmes, Brandsen, Avellaneda, Lanús y Florencio Varela, se “desactivaron” al menos 5 ocupaciones en cada lugar, en los últimos meses (Infobae, 3/7).

Conflictos de este tipo se extienden por todo el territorio nacional. En Reconquista (Santa Fe), en el mes de junio, se desencadenaron cuatro ocupaciones de tierras en espacios municipales y “tierras ganaderas”. En Villa La Angostura, unas 84 familias ocupaban las tierras del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, donde armaron sus viviendas y recientemente fueron reprimidos. Unas 40 familias de Bariloche (Río Negro) reclaman por la regularización del dominio de las tierras que habitan desde hace años en la manzana Hueney. En Chaco se ha extendido el mismo proceso, principalmente en chacras y tierras deshabitadas, lo que ha motivado denuncias penales y públicas de las cámaras de las patronales del agro.

El conteo actualizado de las recuperaciones de tierras es difícil de precisar ya que no existe organismo que las registre. Mientras que algunas salen a la luz cuando son judicializadas y perseguidas (alrededor de un 40% del total), las restantes son reprimidas y desalojadas antes de llegar a esas instancias.

Sin tierra para el que trabaja

Esta crisis ha dejado al desnudo la magnitud del problema habitacional en el país. Se estima que la carencia habitacional asciende a unas cuatro millones de personas. Solo en la provincia de Buenos Aires hay un millón quinientas mil personas con “problemas habitacionales”, según el director provincial de Atención Inmediata, Santiago Fidanza.

Se trata de una situación que combina el crecimiento del desempleo y la pobreza con un mercado inmobiliario inaccesible. El crédito hipotecario privado se encuentra ajustado a la evolución del dólar y se requieren ingresos familiares superiores los $350.000 por mes para calificar. En tanto los programas de vivienda y créditos del Estado son a cuentagotas y plantean pisos de ingresos equivalentes a dos salarios mínimos (Procrear II) o $53.000 (Casa Propia): en ambos casos se accede por sorteo y solo representan una ínfima parte de las necesidades actuales.

Ante la gravedad de la situación las familias obreras que ya no pueden seguir pagando los alquileres, que suben conforme la adquisición de tierras y viviendas se torna imposible y se ven obligados a impulsar procesos de recuperación de tierras, para poner en pie sus hogares, sin nada más que perder que las pocas pertenencias que se llevan consigo.

El gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y los gobernadores no han dudado de atacar a las familias sin tierras. La gran muestra de esta política fue el despliegue represivo en Guernica, precedido por una decena de desalojos violentos y por las “gestiones persuasivas” del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

El gobierno trató de encubrir este operativo represivo bajo el compromiso parcial de entrega de lotes con servicios para las familias de Guernica. Pero a la fecha han incumplido todos los compromisos y cerrado unilateralmente las mesas de diálogo. Se niegan a cumplir con las actas firmadas y desconocen el censo integral, realizado por ellos mismos y supervisado por veedores de organismo de derechos humanos. Por este motivo, las familias de Guernica están discutiendo retomar las acciones por su derecho a la tierra.

Recientemente se han producido dos desalojos, uno en Moreno (Cuartel V) y otro en Lomas de Zamora (Santa Catalina), ambos asentamientos e intentos de acceder a un pedazo de tierra para habitar.

El distrito encabezado por Martín Insaurralde estaría yendo aún más lejos, intentando la demolición de 250 viviendas de material, construidas hace cinco años, en el barrio del Camino de la Ribera, donde el propio municipio ha realizado distintos actos de reconocimiento del barrio. Como en Guernica, se valen del pretexto de la intervención de la Justicia para “lavarse las manos”, aunque en este caso ellos se han hecho con la titularidad de las tierras, con la cesión realizada por parte del Mercado Central, por lo que impulsan el desalojo y cuentan con efectivos policiales para hostigar a los vecinos, como lo hacen a diario.

Aunque el presidente Alberto Fernández declare que “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”, a la hora de los hechos se actúa desalojando, reprimiendo y judicializando a las familias que se hacen de esas tierras improductivas para poner en pie sus hogares. Una orientación represiva convalidada por el gobierno nacional y por todos los gobernadores, que tilda de “usurpadores” a las familias sin tierra.

La organización de las familias y la izquierda

Las familias que protagonizan estos procesos han llegado a esta situación empujadas por las necesidades más elementales. Carecen de una alternativa viable a corto plazo, ante el crecimiento de la miseria social y el agravamiento de la crisis, por lo que estas decididas a dar la lucha por su derecho a la tierra y a la vivienda.

Para esto cuentan con el apoyo de las organizaciones piqueteras y de la izquierda, con presencia en las barriadas pobres y más necesitadas y con el método de la asamblea y la organización de los problemas más elementales.

El gobierno que se dice de los “más pobres” no ha organizado siquiera un relevamiento nacional de las recuperaciones de tierras, las tierras ociosas y las necesidades habitacionales. El Registro Territorial de Suelo Apto para Programas Habitacionales y Proyectos Urbanos no es más que una página institucional con un aviso de “Próximamente”. No hay Banco de Tierras ni medida inmediata para las familias obreras. Mientras que la oposición de Cambiemos se muestra directamente hostil a todo reclamo de este tipo, sin ninguna demagogia de por medio y donde gobiernan proceden de la misma manera que el gobierno nacional: reprimiendo y desalojando.

El Frente de Izquierda y el Partido Obrero no solo apoya a las familias en su lucha, sino que plantea un programa integral: suspensión de los desalojos y constitución de un Banco Nacional de Tierras para garantizar el acceso a la vivienda, con créditos hipotecarios a tasas blandas y con cuotas que no superen el 10% de los ingresos familiares, y por un impuesto progresivo a la tierra y la vivienda ociosa para financiar un plan de viviendas nacional. Un planteo necesario para sacar de la crisis habitacional a millones de familias obreras.