El gobierno anunció recientemente la apertura de una nueva inscripción para postularse a los nuevos créditos del programa Casa Propia y al Procrear II. La iniciativa no solo significa una gota en el océano de la crisis habitacional en Argentina, sino que además el acceso a dichos préstamos está vedado para la población más vulnerable. Por otra parte, la demagogia oficial alrededor del derecho a la vivienda contrasta con una política de desalojos permanentes a aquellas familias que reclaman “tierra para vivir”.

Crédito hipotecario restrictivo

Lo anunciado consiste en 25 mil microcréditos del programa Casa Propia destinados a refacciones en el hogar. Se otorga un monto máximo de $240 mil, cifra completamente insuficiente para realizar cualquier arreglo de envergadura. A su vez, el programa incluye 21.113 créditos para la construcción de viviendas en terreno propio por $4 millones y 6.890 créditos para construir en lotes con servicios asignados por el Estado a través del Plan Nacional de Suelo Urbano. Por otra parte, el sorteo también incluye la adjudicación de 1.172 viviendas del Procrear II.

En primer lugar, es preciso resaltar el carácter restrictivo del acceso a los préstamos mencionados. A modo de ejemplo, es necesario contar con ingresos familiares superiores a dos salarios mínimos para poder ingresar al Procrear II, así como también contar con doce meses de continuidad laboral registrada. Por su parte, el programa Casa Propia exige un ingreso familiar superior a $53.000. Como se ve, tales requisitos resultan privativos para el 32,4% de la población que trabaja bajo un régimen de informalidad laboral y para quienes perciben los salarios más bajos, considerando que el ingreso medio de los hogares argentinos según el Indec es de $25.284.

 

Por otra parte, los 54.175 créditos que lanzaron representan una cifra ínfima frente a la magnitud de la crisis habitacional. Según datos oficiales, 1,4 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico, 726 mil viviendas están construidas con una calidad de materiales insuficiente, 600 mil hogares se encuentran en zonas desfavorables y un millón se halla en lugares inundables. A su turno, un millón de casas no tienen acceso al agua potable, tres millones no poseen conexión de gas y 2,8 millones no tienen cloacas. Sin ir más lejos, son más de 4 mil las villas y asentamientos precarios del territorio nacional. Esto sin mencionar la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle a lo largo y ancho del país.

Además de ser una política restrictiva e insuficiente, ha salido a la luz el manejo discrecional de la entrega de viviendas, a través de un acuerdo entre el gobierno y la burocracia sindical. Sucede que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, encabezado por Ferraresi, realizó un convenio con la CTA y la CGT para que una parte de viviendas del Procrear II tengan como beneficiarios a trabajadores que estén afiliados a los sindicatos que componen ambas centrales. El primero de julio, la conducción kirchnerista de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), perteneciente a la CTA, emitió un comunicado informando que las viviendas que les correspondían a los trabajadores del subte ya habían sido asignadas sin sorteo previo. Es decir, un puñado de burócratas eligió “a dedo” a los beneficiarios sin ningún tipo de control por parte del ministerio.

Ocurre que las prioridades oficiales van en sentido contrario a las necesidades habitacionales de los sectores populares. Mientras el ministerio encargado de construir viviendas lleva gastado en lo que va del 2021 $50.903 millones, el monto destinado al pago de la deuda desde que comenzó el año alcanza la friolera de $330.384 millones.

 

No hay grieta para los desalojos

A su vez, quienes gobiernan y han gobernado en las últimas décadas son los defensores de los negociados inmobiliarios. Tal es así, que todos los partidos políticos patronales han votado hace unos meses en el Congreso un blanqueo capitales para aquellos fondos que inviertan en proyectos inmobiliarios. Estos grupos capitalistas obtienen tierras fiscales a precios ínfimos y especulan con el suelo encareciendo el metro cuadrado. Como contrapartida, la clase trabajadora se ve cada vez más alejada del derecho a vivienda, sumado a la suba de los alquileres, los cuales insumen alrededor del 60% de los salarios.

La profundización de la crisis social ha impulsado un proceso de recuperación de tierras desocupadas por parte de numerosos sectores de la población, en busca de un techo para vivir. Una expresión de ello ha sido la emblemática lucha de Guernica el año pasado, la cual sufrió un brutal desalojo por parte de la policía de Berni bajo las órdenes de Kicillof. El gobierno bonaerense priorizó que ese predio fuera utilizado para la construcción de un barrio exclusivo y no para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. A todo esto, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, sigue incumpliendo el compromiso de entrega de terrenos a los integrantes de la toma que firmaron el acta de Preadjudicación Instransferible.

 

Hoy en día, cientos de familias se encuentran protagonizando la ocupación del barrio Nueva Unión, en Rafael Castillo, dentro del distrito de La Matanza, el cual está gobernado por el intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza. Allí se ven obligadas a vivir bajo condiciones de extrema precariedad, en casillas sin acceso a los servicios básicos. El municipio, por su parte, no da ninguna respuesta ante los reclamos de los vecinos; por el contrario, solo reciben del Estado la intimidación y ataques de la policía.

La misma tesitura adopta el intendente oficialista de Lomas de Zamora Martín Insaurralde con los vecinos del barrio Camino de la Ribera. El gobierno municipal junto con Gendarmería de Nación pretende desalojar a sus habitantes – quienes hace años compraron los terrenos donde edificaron sus casas- con el argumento de que el predio pertenece al Mercado Central, el cual está gerenciado por una entidad tripartita del gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Todos ellos tienen la intención de dejar en la calle a la gente para impulsar allí un emprendimiento inmobiliario.

 

El desalojo y la represión para quienes reclaman por el derecho a la vivienda es una política de Estado con la que comulga tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales de los distintos colores políticos. Recientemente, la Policía Bonaerense junto a Gendarmería han ingresado con balas de goma en la toma del Cuartel V, en Moreno, apresando compañeros. La misma policía que desalojó a fines de julio a las familias que conformaban el asentamiento El Bosquecito, ubicado en el predio de la fábrica abandonada Fasacal, en la ciudad de La Plata, gobernada por el intendente Julio Garro, de Juntos por el Cambio. En el territorio bonaerense, gobernado por Axel Kicillof, se suman las siete familias dedicadas a la producción de verduras en Marcos Paz hace 40 años, sobre las cuales pesa una orden de desalojo.

Cruzando la General Paz la situación es homóloga ya que el gobierno porteño de Rodríguez Larreta ha promovido desalojos a raudales. Tal es el caso de “Hotelito”, ubicado en la Villa 31, donde la Policía de la Ciudad reprimió a 11 familias que habitaban allí en febrero de este año. En ese mismo mes, las fuerzas represivas dejaron en la calle a 22 familias que vivían en un conventillo en La Boca. En abril, nueve familias del barrio Charrúa fueron víctimas de un operativo de desalojo. A su vez, son 106 las familias que pueblan el edificio Santa Cruz en Parque Patricios que están a punto de ser desalojadas.

En el resto de las provincias ocurre lo mismo. En la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba (donde gobierna el pejotista Schiaretti), una campesina de 70 años, Agustina Tolosa, sufrió hace poco tiempo un intento de desalojo, el cual fue impedido gracias al apoyo popular. En Santa Fe, gobernada por Perotti, del PJ, la policía ha desalojado en junio, de manera violenta, cuatro tomas de tierras en Reconquista, a los vecinos del barrio La Sexta en la ciudad de Rosario y a quienes se encontraban recuperando terrenos en el barrio Copello, en el Gran Rosario. Por su parte, el gobierno del MPN en la provincia de Neuquén ha impulsado operativos policiales para desalojar, en febrero de este año, a 100 familias en Senillosa que habían ocupado un terreno abandonado. En el día de hoy, se ha dado a conocer el la brutal represión hacia los vecinos del asentamiento El Acampe, de la localidad neuquina de Villa la Angostura. Algo similar ocurrió en marzo en el asentamiento Paso Córdoba, donde la policía de Río Negro ingresó violentamente sin orden judicial.

 

Una salida al problema de la vivienda

Resulta fundamental luchar por un programa en el cual el derecho a la vivienda sea una prioridad. Es necesario la creación de un banco de tierras fiscales y tierras ociosas -con fines especulativos- para construir allí viviendas populares. Al mismo tiempo, es preciso realizar un censo de la población que necesita acceder a las mismas en todo el país para tener noción de cuántas hacen falta construir.

Este plan de viviendas, junto con la extensión del tendido de servicios públicos, debe estar supervisado por los propios vecinos y emplear mano de obra desocupada bajo convenio colectivo. A su vez, es necesario impulsar el acceso universal al crédito hipotecario, sin restricciones, a tasa cero, cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso de los hogares. La ruptura por con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital son aspectos claves para financiar este plan. Se trata de un planteo integral que defendemos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad en función de darle una salida a la crisis habitacional en Argentina.

En lo inmediato, exigimos el cese de los desalojos y la represión; y apoyamos la lucha de quienes le ponen el cuerpo al reclamo de “tierra para vivir”.