El sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una situación de alta tensión que combina el vaciamiento de políticas de género con una profunda incertidumbre laboral. Mariela Sarlinga, integrante del equipo docente de la Especialización de Nivel Superior en ESI del Instituto Joaquín V. González, denuncia un accionar "macabro" que deja a la Ciudad sin su última oferta estatal de formación gratuita y pone en riesgo la implementación de la Ley 26.150.

Formación de referencia nacional

—¿Cuál es el objetivo principal de este postítulo y a qué profesionales alcanza? 

—La Especialización forma como especialistas a docentes de todos los niveles y también a profesionales que articulan en educación: psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados. Brindamos herramientas científicas para acompañar los emergentes que se presentan en las aulas en relación a la sexualidad, los derechos y las violencias.

—¿Qué rol cumple en la formación docente actual? 

—Es fundamental porque el Ministerio de CABA ya cerró el otro postítulo (Escuela de Maestros). El del Joaquín es la única oferta pública y gratuita que queda disponible para cientos de aspirantes. Su trayectoria y prestigio lo han transformado en un espacio de referencia a nivel nacional.

El trasfondo: ¿Hacia una educación confesional?

Este cierre no es un hecho aislado. A nivel nacional, el Gobierno impulsa la llamada "Ley de Libertad Educativa", un proyecto que busca modificar la Ley de Educación Nacional para permitir que las instituciones educativas utilicen sus propios idearios y valores para definir contenidos. Según denuncian especialistas, esto representa una amenaza directa a la educación laica, ya que habilita la introducción de contenidos religiosos y permite que las escuelas rechacen la ESI si contradice sus convicciones morales.

—¿Qué lectura hacen de este cierre ante la posible implementación de educación religiosa? 

—El mensaje es que no quieren que la gente esté formada en un marco científico y académico de avanzada. Quieren desplazar la ESI para privilegiar enfoques como la "educación emocional", que tiene una mirada individualista de control de emociones. Al cerrar estos espacios, se le da vía libre a la fragmentación del sistema según dogmas particulares, permitiendo que visiones religiosas ocupen el lugar que hoy tiene el derecho a la información para vivir una sexualidad libre y placentera.

Desarticulación del sistema y expulsión docente

Además del giro ideológico, la nueva normativa nacional apunta a una "disolución del sistema educativo". Al permitir que cada escuela defina su propio "perfil", se otorga a las instituciones la facultad de contratar y despedir personal según su afinidad con el ideario del establecimiento, ignorando el sistema de puntajes y el Estatuto Docente. Esta lógica de mercado es la que hoy golpea al equipo del Joaquín.

—¿Cómo les afecta esta situación en lo laboral y cuándo les comunicaron el cierre? 

—Nos deja directamente sin trabajo. El equipo es de 17 docentes que, por el tipo de contratación de "alta y baja" que arrastramos hace años, quedamos en la calle. Consultamos insistentemente todo el año y recién el 17 de diciembre nos informaron que "están cambiando la normativa" y que no se aprobará ningún proyecto nuevo. No existen instancias de diálogo; es un accionar macabro dejarnos sin margen de maniobra justo antes del receso escolar.

El impacto en las aulas

—¿Cómo afecta esto específicamente a la implementación de la Ley de ESI en las escuelas? 

—Sería demoledor. El postítulo ha formado a más de 700 especialistas que hoy sostienen la ESI en todas las aulas, previniendo violencias de género, embarazos no intencionales y abusos sexuales contra las infancias. Quitar la capacitación es restar derechos a lxs estudiantes y dejar a los docentes sin herramientas para defenderse ante el avance de discursos de odio que impregnan cada vez más las relaciones sociales.

—¿Impulsan alguna medida de visibilización desde el Postítulo? 

—Estamos juntando firmas y exigiendo la prórroga de la resolución anterior para poder comenzar en tiempo y forma en 2026. No podemos permitir que se cierre un espacio de formación académica de este nivel en un contexto donde la crisis social resuena con tanta fuerza en las escuelas.

Cómo enfrentamos esta arremetida contra la educación laica y científica 

La reforma reaccionaria sobre la educación va de la mano del intento de reforma previsional y laboral, las cuales representan un ataque al conjunto de las y los trabajadores. Mientras la CGT está discutiendo con el gobierno nacional el borrador de reforma laboral y la Ctera, en el caso docente, atomiza los conflictos dejando pasar el ajuste de Milei y de los gobernadores, necesitamos recobrar el protagonismo con el que la docencia enfrentó junto al resto de las y los trabajadores el intento de reformas laboral y previsional en 2017, debemos poner en pie la fuerza con la que la ola verde impuso la aprobación de la IVE y, de esta forma construir un plan de lucha que derrote por medio del paro nacional el ataque a la educación pública y al conjunto de las y los trabajadores.

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