Educación
10/12/2025
Proyecto de Ley de Libertad Educativa: disolución del sistema educativo y expulsión masiva de docentes
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Educación.
El reaccionario proyecto de Ley de Libertad Educativa de Milei fue escrito por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, pero el que se lo dictó fue Paolo Rocca, el dueño del Grupo Techint, la segunda fortuna del país. Las pautas establecidas por este patrón representan los intereses de todos los capitalistas de la Argentina, que persiguen reducir la educación a un entrenamiento elemental y cambiante de la mano de obra, según sus necesidades, por un lado, y a bajar al máximo el presupuesto educativo, destinando ese recorte para el subsidio de la clase empresarial.
Desmantelamiento del sistema educativo
En esta orientación, el artículo 1 de este proyecto aberrante directamente deroga al sistema educativo y lo reemplaza por “la libertad de enseñar y de aprender”, lo cual es una decisión individual y no un derecho garantizado por el Estado.
El artículo 2 reemplaza a un sistema educativo estructurado “por el conjunto organizado de iniciativas promovidas por la sociedad y el Estado”, siempre basado en la “libertad educativa”, que incluye no ir a la escuela o directamente no educarse (artículo 3). Si esas iniciativas nadie las promueve, o si son contrarias a la consideración del Estado, no se llevan a la práctica.
De esta forma, los "liberales" del siglo XXI harían retroceder 142 años a la educación argentina, por detrás hasta de Julio Argentino Roca, en cuya primera presidencia se estableció la garantía de la educación obligatoria, mediante la ley 1.420.
Para graficar la envergadura de este desmonte del sistema educativo el proyecto de ley, desde el artículo 117 hasta el 135, elimina cientos de leyes o artículos de leyes, que van desde quitar 9 artículos de la ley de educación técnico-profesional hasta establecer que el aporte para las universidades (artículo 128) será en función de matriculados y cantidad de egresados.
Si por las dudas algo no estuviera suficientemente disuelto, el artículo final, el 135, establece “Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley”.
No hay plata
Esta desintegración de la educación pública se completa con el desfinanciamiento liso y llano que, en el artículo 67, establece la subsidiariedad del Estado en la educación, es decir, su desentendimiento del sostenimiento de la educación, lo que incluye establecer financiamientos equivalentes entre la educación pública y la educación privada, ésta última sí la única beneficiada, porque en esa equiparación de los recursos a recibir por alumno trepará en no menos de un 40% más de lo que recibe hoy, que ya es una fortuna.
Informalización educativa
Parte del desmantelamiento es la habilitación de “formas alternativas de enseñanza”, tales como la educación en el hogar, impartida por los padres o tutores o personas elegidas por ellos; la educación híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales; la educación a distancia (incluso mediante el concurso de instituciones educativas radicadas fuera del territorio nacional, extranjerización), basada en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, todas con la posibilidad de desenvolverse “libremente, sin más restricciones que las derivadas del orden constitucional y las leyes vigentes. La elección de los métodos, materiales, ritmos y entornos de aprendizaje corresponde enteramente a quienes ejerzan la enseñanza bajo estas modalidades”. Esto se complementa con las certificaciones de aprendizajes y/o habilidades obtenidas fuera de cualquier tipo de educación, como saberes conquistados en el transcurso de la vida.
Todo este esquema de precarización de la educación puede certificarse en los establecimientos del ámbito estatal mediante evaluaciones ad hoc.
Reforma laboral y eliminación de cargos docentes
La desintegración del sistema apunta también a adecuar a la escuela en función de dos caminos: el de la formación para el trabajo y el de la continuidad de los estudios. Esto, algo ya establecido en la LEN kirchnerista. En la medida de que el financiamiento se ha desplazado hacia una mayor cobertura del negocio privado de la educación, o en función de una mayor segregación social, en base a los resultados escolares que direccionen recursos eventualmente distribuidos en función del mérito de un establecimiento, se habilita también “las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, que estarán orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje”, es decir, es la introducción de la vaucherización y de la autonomía extrema de las escuelas, desmembrando todavía más una educación nacional única.
A partir de esta realidad, solo se establecerán contenidos ultramínimos comunes, en defensa de un “federalismo educativo concertado”, al margen del cual, cada escuela o institución podrá establecer su propio proyecto educativo. La atomización extrema de la educación y su desfinanciamiento profundizarán la vulnerabilidad de las escuelas públicas con matrícula de sectores humildes y el fortalecimiento de la escuela privada, aumentando exponencialmente la segregación educativa. Quienes no puedan mantener su matrícula se reducirán o desaparecerán. Una educación en función de la demanda y no de la oferta, que el estado debería garantizarla universalmente para que todos los y las estudiantes accedan a una educación de calidad.
En este contexto, los docentes sobran y la carrera docente tiene que estructurarse sobre la destrucción completa de los estatutos docentes y de los derechos laborales de la docencia.
Para ingresar a la carrera no bastan los títulos, los que en consecuencia serán devaluados, sino ahora será necesaria la acreditación del “mérito” para obtener el cargo, mediante una evaluación que habilite el ingreso a la docencia.
Además, para permanecer en la carrera docente habrá que aprobar exámenes periódicos, por lo menos cada cuatro años, dando cuenta de actualización en competencias pedagógicas y metodológicas que de no aprobarse, llevarán a la cesación en el cargo.
Desde la eventual aprobación de esta ley desaparece la estabilidad en el cargo, que estará vinculada a los resultados obtenidos por los alumnos, el compromiso del docente con la institución, que lo deciden los directores y los Consejos de Padres.
Finalmente, aún cumpliendo con todo esto, si el docente no cuadra con el proyecto educativo de la institución no será seleccionado. Es la instauración de la selección a dedo de los cargos, de la reducción del plantel docente y de despidos masivos.
A todo esto sumémosle definir a la educación como un servicio esencial para evitar las huelgas docentes, desterrando ese derecho en la enseñanza; la educación religiosa en las escuelas públicas; la eliminación de la ESI; el desmantelamiento de la educación especial; la evaluación a los estudiantes y el ránking de escuelas que compitan una contra otras por la matrícula; y un largo etcétera.
Enterremos este engendro antes de su tratamiento
La Ctera de Baradel y Sonia Alesso no movió un pelo para enfrentar esta avanzada antieducativa y de destrucción de todos los derechos de los docentes. Se limita a sacar comunicados lacrimógenos, pero no está dispuesta a derrotar este engendro, porque no está dispuesta a derrotar a Milei. La ley reaccionaria de Milei, además, como hemos señalado, se apoya en muchos puntos en artículos de la propia Ley de Educación Nacional kirchnerista.
Es imprescindible la puesta en marcha de un plan de lucha organizado por la oposición nacional de la docencia, que pase por encima de la colaboración de la burocracia celeste, que evite su tratamiento.
Esperar que llegue al Congreso, que es lo que plantea la burocracia de Ctera, al igual que todas las centrales sindicales con la reforma laboral, es un camino de derrota.
