Políticas
9/12/2025
Reforma laboral
La rebaja de los aportes patronales confisca la salud y el futuro de los trabajadores
No son "impuestos al trabajo", es el derecho del trabajador a tener cobertura médica y una jubilación por la riqueza que produce.
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Sturzenegger y Milei.
Según los borradores en danza, la reforma laboral que prepara el gobierno contiene, entre otros ataques antiobreros, rebajas a las contribuciones patronales, abonando a un mayor desfinanciamiento de las cajas jubilatorias y las obras sociales. La experiencia de los ´90 nos muestra que esa política no ayuda a generar empleo, como sostienen sus promotores, solo redunda en jubilaciones de miseria y vaciamiento de la atención sanitaria que reciben los trabajadores.
De aprobarse la ley, las alícuotas de dichos aportes pasarían del 20,40% para las grandes empresas de comercio y servicios y del 18% para el resto de las patronales, al 17,40% y 15%, respectivamente. Se trata de un reclamo muy sentido de la clase capitalista, que se refiere a esas contribuciones como un "impuesto al trabajo", cuando en realidad el dinero sale del salario bruto de los trabajadores y esta solo actúa como agente de retención. A su vez, la evasión por parte de los empresarios está a la orden del día, en un país donde la informalidad laboral llega al 43,3%.
Por otra parte, los auspiciantes de la reforma omiten que la reducción de las denominadas "cargas sociales" significa desfinanciar aún más el sistema previsional y los servicios de salud donde se atienden los trabajadores. Así las cosas, quienes como resultado de mucho esfuerzo financian su cobertura médica y futura jubilación verán cada vez más degradadas ambas prestaciones. De sobra está decir que las rebajas previstas no volverán al bolsillo del trabajador a través aumentos salariales, sino que estamos en las puertas de una enorme confiscación.
El gobierno y las patronales justifican esta medida con el pretexto de que reducir el "costo laboral" fomenta la creación de trabajo genuino. Sin embargo, la experiencia bajo el menemismo demuestra lo contrario. Como sabemos, durante las presidencias de Carlos Menem tuvieron lugar numerosas disposiciones que disminuían las contribuciones patronales: para comenzar, en 1991, en los albores del Plan de Convertivilidad, mediante la "Ley de Empleo" se redujeron las cargas sociales en un 50% para los empleadores que lanzaran una nueva actividad o una nueva línea de producción en un establecimiento ya existente y para quienes contrataran mano de obra desocupada; mientras que la rebaja alcanzaba el 100% para aquellos que emplearan a menores de 24 años.
En 1993 el gobierno nacional firmó el Pacto Fiscal con los goberadores, que contemplaba, en las provincias adheridas, la disminución de los aportes patronales para la producción primaria, la industria, la construcción, el turismo y la investigación científica y tecnológica. Las reducciones variaban entre un 30% y un 80% dependiendo la jurisdicción. Dos años después se sancionó la Ley de Fomento del Empleo, que establecía nuevas modalidades de contratación, como el período de prueba, donde no se realizan descuentos jubilatorios. En 1998 vio la luz el decreto 1520, que reglamentaba una baja progresiva a las contribuciones patronales.
No obstante, ninguna de esas resoluciones evitó que la tasa de desocupación trepara al 18,6% hacia 1995. Como vemos, la rebaja de las contribuciones a la seguridad social no se traduce en más puestos de trabajo, solo mejora la rentabilidad de los capitalistas, en perjuicio de los trabajadores. Los efectos de esta política menemista llegan hasta la actualidad, puesto que las jubilaciones de hambre de hoy en día hunden sus raíces en aquel desfalco a los fondos previsionales, que ningún gobierno posterior se propuso revertir reponiendo los aportes patronales para devolverlos a los niveles previos al menemismo, cuando representaban el 50% de las remuneraciones brutas.
Por otra parte, la iniciativa en ciernes profundizará el desguace de las obras sociales, alimentando aún más el negocio de la salud privada. Cabe destacar que al deterioro de las mismas han contruibuido las direcciones burocráticas de los sindicatos, convirtiéndolas en meras gerenciadoras de convenios con privados y desviando recursos para su enrequicimiento personal, lo cual fue dando lugar a prestaciones médicas cada vez más deficientes. Ni qué decir de la deuda de más de $60 mil millones que el gobierno de Milei mantiene con las obras sociales, afectando enormemente su funcionamiento. En última instancia, ese monto será usado como prenda de negociación para que la cúpula de la CGT deje pasar la reforma esclavista.
También trascendió que la ley comprende un blanqueo laboral. El mismo incluiría la condonación de al menos el 70% de las deudas por contribuciones patronales, la eliminación de multas y sanciones a las empresas que adeuden esos aportes y un plan de pago de hasta 72 cuotas para regularizar esa mora. En definitiva, un premio al fraude patronal, que, como ocurrió con el blanqueo implementado por el kirchnerismo, fracasará en su objetivo de diminuir el empleo no registrado. Vale señalar la doble vara del gobierno, que elimina la moratoria previsional impidiendo que los adultos mayores que trabajaron en la informalidad toda su vida puedan acceder a una jubilación, mientras le habilita una en cómodas cuotas a las patronales evasoras.
Todos los artículos de la reforma laboral que se avecina apuntan a hundir el futuro y la salud de la población trabajadora. Es de vital importancia derrotarla con los métodos de la asamblea con mandato de base, la huelga y la movilización.
