29/12/2020

CABA: una primera respuesta contra el fallo que ataca el derecho a la educación pública

Conferencia de prensa entre colectivos de lucha por vacantes, sindicatos y legisladores.

En el día de ayer se realizó una conferencia de prensa frente a la Legislatura de la CABA entre colectivos de lucha por vacantes en escuelas públicas, sindicatos y legisladores, con el objetivo de repudiar y exigir el juicio político a los cuatro jueces del Tribunal Supremo de Justicia que emitieron un fallo pérfido contra el amparo presentado por una familia exigiendo una vacante para su hija de dos años, violentando incluso la propia Constitución local. Los jueces plantean que la CABA no tiene obligación alguna de garantizar el acceso a la educación antes de los 4 años de edad salvo en caso de presentar certificado de pobreza. El fallo en la Ciudad en la que faltan más de 15.000 vacantes en los distintos niveles del sistema educativo público representa un ataque flagrante a las miles de familias que ante la ausencia de respuesta presentan recursos de amparo para que sus hijes puedan acceder al derecho a la educación pública, fundamentalmente en el nivel inicial.

Un fallo a la altura del ajuste educativo

El presupuesto destinado al sector educativo viene en caída libre. Con un recorte de 10 puntos durante la última década, y un presupuesto para el 2021 que reduce en un 84% el gasto en infraestructura escolar, choca contra la crisis edilicia previa a la pandemia pero profundizada por la misma, ya que durante este año no se ha invertido en obras escolares. Pero los recursos presupuestarios del ajustador Larreta se valen de tener a disposición una justicia adicta, el republicanismo de Vamos Juntos cuenta con una dudosa división de poderes con fallos solidarios con un presupuesto educativo que no contempla construcción de escuelas y jardines que permitan ampliar las vacantes requeridas por las comunidades.

En este sentido el legislador (MC) Gabriel Solano denunció el fallo como un intento de sostén del achique presupuestario por parte del gobierno de Larreta-Acuña, la convalidación de su política privatista, y expresó su apoyo activo a la lucha por vacantes de las comunidades que viene acompañando año tras año. El PO-FITU ha presentado el pedido de juicio político contra el fallo aberrante que intenta poner corsé sentando jurisprudencia contra las familias, les pibis y el derecho al acceso a la educación pública.

La conferencia de prensa de ayer es un primer escalón en una batalla que se verá profundizada en la medida en que un derecho elemental continúe siendo violentado.

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