El gobernador bonaerense anunció el lanzamiento del “Plan de Fortalecimiento de Centros Comunitarios y Educación en los Barrios Populares”. Flanqueado por el Director General de Escuelas, Alberto Sileoni, y por el jefe de Gabinete Martín Insaurralde, Axel Kicillof ensayó una fingida autocrítica al afirmar que “no está todo bien en la educación de la provincia de Buenos Aires”. Del acto oficial y de la campaña participaron intendentes del Frente de Todos y curas villeros alineados con el gobierno.

Los voceros de Kicillof, entre ellos Carlos Bianco, aprovecharon la volteada para reafirmar que el gobernador irá en el 2023 por la reelección con o sin Paso. Los anuncios son parte de la campaña electoral del gobernador en un terreno minado por la interna peronista.

Precarización educativa y laboral

El programa de alfabetización y fortalecimiento educativo en los barrios populares tuvo el inmediato apoyo interesado de las iglesias y de la burocracia celeste de Roberto Baradel. Estamos frente a una versión aún más tercerizada que el anterior programa ATR+, que directamente pasa a manos de los curas, las organizaciones “intermedias” (o sea, patronales) y los movimientos sociales enfeudados al gobierno del Frente de Todos.

Según Kicillof, en una primera etapa, se prevé la inversión de 580 millones de pesos para conformar unos 150 centros comunitarios de enseñanza. Como viene sucediendo, la burocracia del Suteba espera sacar tajada de esta política de precarización educativa que saca la enseñanza de las escuelas y del ámbito escolar. Aunque Sileoni ya había hablado de este programa para encubrir los 30.000 despidos de docentes ATR+ (que cesaron en julio), está por verse todavía cómo operará y llegará el financiamiento del Estado a los llamados “centros comunitarios”. La cerrada defensa de Kicillof y Sileoni que ejercita la burocrática conducción de Suteba choca con la realidad de una educación pública bonaerense desfinanciada, y con las escuelas en condiciones ruinosas por todo tipo de carencias.

Desfinanciamiento de la escuela pública

Los 580 millones de pesos que se aplicarían al programa Barrios Populares son desviados de los fondos para las escuelas en beneficio de las iglesias. A la educación confesional se le asigna la tarea de “fortalecer” una educación pública vaciada. La injerencia de las asociaciones intermedias en los centros educativos barriales -una versión degrada de la enseñanza- es otro tributo a las empresas y sectores capitalistas que han hecho de la educación un clásico del Coloquio de Idea para apurar aprendizajes cortos y rudimentarios. Es decir, bregan por salidas rápidas y baratas al mercado laboral, con trabajadores flexibilizados o desocupados integrantes del ejército laboral de reserva.

Siendo que son más de 1.500 los llamados barrios populares en la provincia de Buenos Aires, en verdad asentamientos precarios sin servicios, el nuevo programa de Kicillof-Sileoni es una gota perdida en el océano y fundamentalmente propaganda electoral que todavía está en veremos. Esta más que claro que la principal beneficiaria de esta penetración de los privados en la educación bonaerense será la Iglesia católica que se ha manifestado por la paz social para contener los reclamos populares, un disciplinaje ideológico al servicio de los capitalistas y el FMI.

¿Autocrítica?

Con tono severo, Kicillof confirmó que, lejos de ser una medida de emergencia, los centros comunitarios de enseñanza responden a un propósito estratégico privatizador: sin medias vueltas el gobernador afirmó que “el gobierno solo no puede atender la situación de la educación en la provincia”. Una declaración de impotencia y un llamado a la injerencia del clero, que el kirchnerismo disfraza como una función social. El otrora pretendido “bolchevique cristinista” se corre a la derecha a pasos agigantados, conforme avanza la crisis. Después de haber confirmado al represor Sergio Berni en el ministerio de Seguridad, Kicillof le cede el control de la enseñanza al clero en las barriadas del conurbano y de La Plata a la Iglesia. Compite por derecha contra Juntos por el Cambio y hasta con los liberfachos antiabortos.

Las declaraciones de Kicillof en las que afirma que “solos no se puede” hace referencia al quebrado Estado bonaerense pero son también un paso inequívoco hacia un reforzamiento de la enseñanza clerical, a la que Yasky, Alesso y Baradel le atribuyen ser parte de la “escuela pública de gestión privada” (función social de la Iglesia) como reza la reciclada ley de educación menemista vigente bajo los gobiernos de los Kirchner, Macri y el actual gobierno de los Fernández.

Contra los docentes

El programa para los barrios confirma que la precarización laboral docente es una política de Estado del peronismo y que está siendo cogestionada con la burocracia celeste. La flexibilización del trabajo, la falta de derechos laborales y sindicales, el régimen por fuera del Estatuto del Docente y los salarios a la baja y diferenciados con respecto al resto de la masa docente se han convertido en la forma habitual de contratación temporaria. Kicillof también invocó a los intendentes lo que anticipa que parte de los fondos del "Programa de Fortalecimiento" tendrá como destinatarios a los jefes comunales, un centro tirado a los intendentes del peronismo pero también a la oposición derechista con la que debe negociar el Presupuesto Provincial 2023 en la Legislatura.

La demagogia electoralera que asimila este programa con los curas villeros es un señuelo nacional y popular para disfrazar un accionar de precarización laboral y educativa que atenta contra la Educación Sexual Integral (ESI) y cuya función es blanquear a la institución reaccionaria y enemiga de la educación laica y científica, que es la Iglesia. Reclamamos un inmediato aumento del presupuesto para cubrir todas las necesidades de la escuela pública: construcción y reparación de escuelas, nombramiento de docentes, material para las aulas, etcétera.

Tardíamente Kicillof reconoce de hecho el fracaso de la política educativa en pandemia que tuvo en los barrios más humildes y asentamientos su expresión más descarnada y expulsiva por falta de colectividad y de Internet. La miseria social golpea a la población bonaerense y acentúa la desigualdad educativa. La defensa de la educación pública exige una transformación social dirigida por la clase obrera. La arremetida clerical es una razón mayor para votar contra la burocracia de Suteba en la elección del 9 de noviembre en la CTA Yasky.

Fuera las iglesias de la educación pública. Incorporación de todos los docentes precarizados a las plantas orgánica funcionales bajo el Estatuto del Docente. Construcción de todas las escuelas faltantes. Por un salario docente por un cargo no inferior al salario mínimo. Basta de programas precarizadores. Aumento inmediato del presupuesto educativo. No a la entrega de la educación pública a los frailes y a los capitalistas.

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