Mientras se profundiza la crisis educativa por la falta de inversión de los gobiernos ajustadores de Alberto Fernandez, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, el “efecto Toyota” sigue juntando adherentes para el ataque a la educación.

A partir de las declaraciones públicas del gerente de la automotriz, sobre la carencia en la calificación de los jóvenes, se sucedieron declaraciones de exfuncionarios de Educación y tecnócratas de todo el arco político patronal denostando la educación pública y estigmatizando a los sectores populares. Es el caso de Guillermina Tiramonti, cuadro del progresismo etiqueta Flacso, que a través de una nota en el diario La Nación (11/8) embistió contra docentes y estudiantes.

A lo largo de su nota, Tiramonti acusa por igual a docentes y estudiantes, tratando a unos de mentirosos y a otros de burros. Coloca la idea de que la educación pública en Argentina es una suerte de simulacro que tiene como víctimas a los contribuyentes. Mientras embellece el presupuesto destinado a la educación, descarga las responsabilidades sobre la docencia. Lleva al paroxismo el argumento planteando una suerte de asociación ilícita, con el objetivo de defalcar a las familias, de la que los trabajadores de la educación formamos parte. Más allá de su prosa policial, Tiramonti insiste en los lugares comunes que ya transitó Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, cuando se despachó contra los docentes y los calificó como viejos, zurdos, pobres y burros.

Sin embargo, no dedicó palabra alguna a las responsabilidades del Estado y los gobiernos en la debacle educativa a la que asistimos producto de los recortes y subejecuciones presupuestarias en educación, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales. Ello tras una la larga historia de las reformas educativas desde el menemismo a esta parte, que han salido de la cocina de los organismos internacionales de crédito, con la Ley Federal, la descentralización educativa que provocó tener un Ministerio nacional sin escuelas, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo agudizaron las políticas de ataque y vaciamiento, lo cual entre otros factores provocó la expulsión de cientos de miles de pibis de la escuela media.

Tiramonti tampoco hace mención al fracaso de la gestión de la pandemia y el impedimento de hecho al acceso a la educación con la virtualidad, que durante el 2020 provocó que une de cada cuatro pibis se aleje de la escuela en algún momento del año. Lejos de correr el telón que descubra la farsa, hay un acuerdo tácito de la escriba para darle cobertura a la ficción educativa montada desde los gobiernos.

La autora postula una narrativa histórica que plantea una progresiva separación de la escuela privada y la pública. Tiramonti postula una hipótesis de corte malthusiana para explicar la crisis de la educación pública en una expansión de la matrícula que “se hizo sobreutilizando los recursos existentes”. A esto se sumaría que hubo un éxodo de las familias educadas hacia la educación privada financiada por el Estado en busca de “una oferta más exclusiva”. Es la línea del “caer en la escuela pública” de Macri, la cual se habría convertido en el espacio estatal para la atención de pobres.

Lo que oculta y nunca pone en cuestión Tiramonti es que los subsidios educación privada es un negocio de patronales y las iglesias financiado por el Estado. Resulta ilustrativo que el gobierno de Larreta, en plena modalidad virtual, haya reorientado los fondos destinados a garantizar computadoras de los estudiantes de la escuela pública a subsidios para el salvataje del empresariado de la educación privada.

Por otra parte, afirmar que la educación pública está en crisis porque las familias educadas “se retiraron de ella para salvar a sus hijos”, mientras los pobres quedaron abandonados a su suerte, refleja un profundo gorilismo y choca de frente con la realidad. Los jóvenes pobres comprenden la crisis que atraviesa la educación y se organizan para luchar por sus derechos, como lo mostró el gigantesco acampe frente al Ministerio de Educación que protagonizó la Juventud del Polo Obrero junto a otras organizaciones piqueteras.

Tiramonti tampoco se ahorra el ataque a los sindicatos y se lamenta que estos hayan colocado en el centro de la discusión nuestro carácter de trabajadores dejando de lado el profesionalismo. Esto no es inocente. Recordemos que el salto de conciencia que implicó para la docencia asumirse como trabajadoras se dio al calor de la organización y lucha que conquistó el Estatuto Docente, carta de nuestros derechos laborales, que hoy es vapuleado y eje de los ataques de los gobiernos.

En los últimos días, variopintas manifestaciones han partido del caso Toyota para volver a la carga contra la educación, les estudiantes y sus trabajadores. Es que hay un denominador común a ambos lados de la llamada grieta: un ataque a la educación pública que descarga la responsabilidad del Estado sobre los trabajadores para propiciar el ajuste educativo y las reformas vaciadoras en el cuadro electoral.

No es casualidad que se vuelva una y otra vez sobre el ataque a la educación pública. Las patronales nacionales y el capital financiero internacional, con claridad del rol que le asignan a la Argentina en la división internacional del trabajo, exigen una profunda reforma del sistema educativo. Esto requiere la destrucción o integración de las organizaciones sindicales y echar por tierra las conquistas históricas de los trabajadores de la educación y el movimiento estudiantil.

Mientras tanto, la realidad educativa se agrava. El simulacro es el que llevan adelante los gobiernos que pretenden atravesar una pandemia sin invertir en los recursos necesarios para garantizar la continuidad pedagógica. En la Ciudad de Buenos Aires la presencialidad escolar forzada por Larreta y Acuña (con el aval explícito del DNU aperturista del gobierno nacional) ha abierto las escuelas de manera indiscriminada sin criterio sanitario ni epidemiológico. De un día para otro han borrado de un plumazo la distancia social, sin realizar ningún tipo de inversión ni ordinaria ni extraordinaria en términos de infraestructura. Peor aún, han recortando en este ítem del presupuesto. Eliminan las burbujas reducidas y permiten actividades que exponen a les trabajadores de la educación, les estudiantes y comunidades al contagio y al conjunto de la población, en tanto la escuela y la circulación social que implica su apertura han demostrado ser un vector de propagación.

Mantener la apertura en el contexto de la circulación de Delta, una variante más contagiosa, es montar una ficción. Es que la orientación aperturista ha llevado a una presencialidad ficticia, antes y después del receso escolar. El aislamiento de grados y cursos se propagan, al igual que el virus, provocando que los estudiantes no accedan ni a clases presenciales, ni virtuales. Los cursos cierran por los contagios y las clases virtuales no son viables sin equipos y conectividad. Es esta política a través de la cual se les negó y niega a les estudiantes el acceso a la educación al no haber entregado durante el 2020 y lo que va del 2021 dispositivos y conectividad gratuita.

Las declaraciones por parte del Alberto Fernández sobre la necesidad de que internet sea un servicio público, no pasan de lo meramente declamativo. El gobierno está comprometido con las empresas de telecomunicaciones y no tiene pensado afectar sus negocios. El limitado programa “Juana Manso” no avanza en la entrega de dispositivos, que incluso en sus objetivos está muy por debajo de lo necesario, y el reclamo de liberar el wifi no ha obtenido respuesta. Esto, en el país en el que dos millones y medio de personas cayeron en la pobreza en el último año y donde más de seis de cada diez pibis están por debajo de la línea de pobreza.

En territorio porteño los pobres representan el 27% de la población y el 20% de los hogares, y el 42% de les pibis de hasta 17 años es pobre. En materia educativa el 12% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar carecen de computadora en su casa. El número es más alto entre los pobres: 27,3% en los barrios del sur y 43,8% en las villas.

La cadena de decisiones políticas de los distintos gobiernos de las últimas décadas ha desembocado en una catástrofe social de la cual la educación pública es uno de los lamentables protagonistas. Son los gobiernos junto a sus personeros sindicales como es el caso de la conducción PJ-kirchenrista de Ctera, integrados a los gobiernos de turno quienes sostienen una estafa educativa al pueblo trabajador, son ellos mismos quienes usan como chivo expiatorio a docentes, estudiantes y familias en tanto asistimos a estallidos de escuelas, derrumbes edilicios, proliferación de contagios de Covid-19 y muertes evitables, deserción escolar, falta de becas y salarios docentes equivalentes a la canasta familiar.

Es urgente que desde la docencia abramos un canal de organización y lucha contra los ataques reaccionarios de las fuerzas políticas y sus representantes y voceros, y demos continuidad a la batalla por la defensa de la educación pública contra la crisis educativa provocada por quienes dicen defenderla.

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