Estamos en presencia de un fracaso estrepitoso del gobierno nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de CABA y del resto de las jurisdicciones. Fracasaron en la “continuidad pedagógica” en 2020, fracasaron con el intento de reaperturas a partir de agosto con la llamada “revinculación” y fracasaron en el intento de imponer la escolaridad presencial masiva en todo el país.

El cumplimiento estricto de los protocolos fue también una ficción. Uno de los elementos más importantes que destacan estudios recientes refiere a la ventilación de los ambientes cerrados. Esta ventilación debe ser cruzada, continua y medida. En la mayoría de las escuelas esto no se cumple, ya que, en el mejor de los casos, las aulas cuentan con ventana al exterior, pero no se produce una entrada de aire externo de forma cruzada ni continua. Hay escuelas incluso que no cuentan con ventilación externa a las que el gobierno porteño colocó extractores de aire que no está probado que lo renueven, sino que solamente remueven el mismo aire. Algunas escuelas que tienen ventanas en la planta alta que dan al vacío, pero no tienen rejas, el gobierno dispuso atar las aperturas con alambre para evitar accidentes, pero impide abrir las ventanas más allá de los diez centímetros. Es justamente por esto que no figura en ningún protocolo la medición del dióxido de carbono en las aulas, ya que de hacerlo probablemente habría que cerrar preventivamente un porcentaje enorme de escuelas.

 

El intento fallido de escolaridad presencial masiva fue un gran experimento a cielo abierto y, al mismo tiempo, un simulacro pedagógico. La reducción del tiempo escolar, la alternancia de días de la semana, la interrupción por aislamiento de burbujas ante casos sospechosos o confirmados de Covid-19 y los problemas particulares de cada escuela y docentes, han conformado un cuadro de desorden y discontinuidad en la tarea cotidiana de la enseñanza. Ha sido hasta ahora una escolaridad presencial forzosa que implicó en los hechos una profundización de la desescolarización parcial en una proporción amplia de la matrícula.

La falta de recursos, particularmente en una modalidad que combina la presencialidad parcial con la virtualidad, profundiza la brecha entre aquellos estudiantes que cuentan con dispositivos, conectividad, impresoras y recursos para sostener este tipo de escolaridad, y aquellos estudiantes que carecen total o parcialmente de ellos. En CABA, no sólo no hubo entrega masiva de dispositivos y conectividad gratuita, sino tampoco se distribuyeron libros, cuadernillos, kits escolares (ni sanitarios para los estudiantes), ni guías de actividades. Ante la discontinuidad y laxitud de la permanencia en las escuelas, y ante los protocolos que impiden compartir objetos, libros, etc., la falta de estos recursos didácticos incrementa las dificultades del trabajo docente y, sobre todo, avanzar en los aprendizajes.

La presencialidad forzada y sin condiciones ni recursos, dejó a la comunidad educativa sin la posibilidad de planificar el ciclo escolar sobre la base de lo realmente sostenible en el tiempo. Fueron algo menos de dos meses de tensión permanente, llevando a un desgaste laboral, padecimiento e incertidumbre, con un impacto negativo particularmente en los niños y jóvenes y sus familias.

Pero hay otro dato. La cantidad de estudiantes, docentes y auxiliares y familiares de la comunidad educativa contagiados, con síntomas y secuelas, con internaciones, y la muerte de un docente, un auxiliar y un estudiante por Covid-19, sólo en la Ciudad de Buenos Aires; diez compañeros docentes muertos en Jujuy, y treinta a nivel nacional, de lo cual los gobiernos son responsables políticos.

Particularmente peligroso es el planteo del gobierno de Larreta de declarar la esencialidad de la educación a través del decreto 125/21 ya que implicaría la posibilidad de atentar contra el régimen estatutario de licencias, el derecho a huelga[i], y el sostenimiento de clases presenciales más allá de las condiciones sanitarias, laborales y educativas. Debemos rechazar la presentación realizada ante la Corte Suprema y estar alertas ante las consecuencias que pueda implicar un fallo favorable, en cualquiera de sus aspectos. Esta orientación lleva a fondo la conversión del sistema educativo en un servicio ciudadano de cuidado y permanencia de los niños y jóvenes, escindido de las condiciones sociales que rodean al proceso educativo.

La necesidad de una salida de conjunto

Con presencialidad parcial, forzosa y sin condiciones, o con virtualidad improvisada y sin recursos, lo que continúa es una tendencia hacia la desescolarización o exclusión del proceso educativo para un sector importante de la sociedad, la niñez y la juventud; una profundización de la flexibilización de las condiciones laborales docentes; una fuerte precarización de las condiciones de vida de la población, en el marco de una creciente miseria social que las políticas oficiales ante la pandemia han recrudecido.

De forma perversa, el gobierno de la Ciudad rechazó recientemente la suspensión de clases presenciales debido al impacto que generará que las familias no tendrán dónde o con quién dejar a los chicos que deberían estar en la escuela. Este cinismo es doble porque, por un lado, la escolaridad está siendo parcial y es permanentemente interrumpida y, por otro lado, la solución no es arriesgar la salud de la comunidad educativa, sino garantizar dispensas de cuidado de menores a cargo, sin afectar los salarios de las trabajadoras y trabajadores. Hay que agregar además la fuerte pauperización de las masas que en un porcentaje amplio no cuentan con un trabajo y salario estable, dependiendo cada día de ellos mismos para obtener el sustento diario, o formando parte de la enorme masa de trabajadores precarizados sin derechos laborales.

Las impactantes movilizaciones del Polo Obrero y el movimiento piquetero que no ha sido cooptado por el gobierno nacional abren una vía de intervención masiva de los trabajadores más golpeados por la crisis y el ajuste. La juventud piquetera y los estudiantes secundarios han protagonizado movilizaciones y una ocupación del Ministerio de Educación nacional que ha intentado ser desprestigiado por el gobierno y los medios oficialistas y opositores, pero no pudieron ocultar lo evidente: el movimiento piquetero y su juventud reclaman condiciones y recursos para poder estudiar. Una postal incontrastable del contenido reaccionario de esos ataques y de por dónde pasa la salida.

Desde el punto de vista sanitario, debe ratificarse el semáforo epidemiológico de los CDC, adoptado por la Sociedad Argentina de Pediatría, y el urgente plan de vacunación a la comunidad educativa y la población en su conjunto. Es preciso destacar el fracaso del gobierno en la vacunación de la población antes de la segunda ola y todo el decurso de negociaciones fallidas, particularmente con Pfizer por un lado, y Oxford/AstraZeneca por el otro, con millones de dosis que se están produciendo en la planta de Garín, que están siendo exportadas, incumpliendo los propios contratos firmados por el laboratorio. Es preciso avanzar en la declaración de utilidad pública de la producción de vacunas y avanzar en la incautación de las dosis para su envasado en el país y su distribución, tal como lo está planteando el Frente de izquierda.

Por otra parte, es un lugar común el rechazo a la virtualización para “no perder otro año de escolaridad”. Esto, dicho por los propios gobiernos responsables del fracaso educativo en 2020, cuyo ciclo lectivo fue sostenido con el esfuerzo de docentes, estudiantes y familias, superando la falta de recursos y la improvisación permanente de los funcionarios. La realidad es que a más de un año de pandemia y de inviabilidad de retomar la escolaridad presencial masiva de forma sostenida, no ha habido un plan de entrega de computadoras, dispositivos y liberalización en el acceso a internet, una medida básica y elemental ante la crisis sanitaria y educativa.

Las escuelas no están preparadas desde el punto de vista de la infraestructura para sostener la presencialidad masiva en el marco de la actual circulación comunitaria del virus. Es imperioso la movilización y el reclamo por una partida presupuestaria de emergencia para dotar a las escuelas de todo lo necesario, desde la disposición de las aulas y de todos los espacios de uso compartido, así como los insumos que nunca llegaron o fueron enviados a cuentagotas.

Desde el sindicalismo docente combativo y la izquierda hemos planteado con claridad cuales son las condiciones necesarias para que se pueda defender el aprendizaje, sea presencialmente cuando las condiciones sanitarias lo permitan o bajo una modalidad virtual que integre realmente a toda la comunidad educativa.

Esta orientación contrasta fuertemente con el rol que juega la burocracia sindical, completamente integrada al Estado, que se ha convertido en garante del ajuste en un momento de históricos ataques a las condiciones laborales, salariales y de vida del conjunto de la clase obrera y los sectores populares. Tenemos la tarea de superar los límites que impone esta burocracia y expulsarla de la dirección de los sindicatos para que éstos sean realmente organismos de organización y lucha de los trabajadores. Para que el programa de los diez puntos pueda avanzar, es preciso impulsar la deliberación y la intervención activa de la clase obrera en su conjunto, la docencia, los estudiantes, las comunidades educativas, y que logremos poner en pie un proceso de lucha que el triunfo de los reclamos.

 

[i] No es casual que el decreto 125/21 fue redactado, firmado y difundido ante los medios el mismo día del masivo paro docente del miércoles 14 de abril, así como tampoco es casual que el anuncio de la suspensión de clases presenciales, por parte de Alberto Fernández, fuera transmitido el mismo día en que se sintió con fuerza el paro docente en la zona del AMBA, convocado por Ademys y los Suteba combativos (al que se sumaron UTE, Camyp, UDA y AMET en CABA, y seccionales de la FEB y UDOCBA en la provincia).